Yolanda Perea está sentada en la sala de conferencias de un hotel de Cali, Colombia. Mientras escucha atentamente a las activistas y defensoras de los derechos humanos de América Latina y Europa reunidas allí, cuida de reojo a su hija Emma, la menor de sus cuatro hijos, que da vueltas por la sala. Ella es mujer afro, lideresa social, defensora de los derechos humanos, estudiante de derecho, madre jefa de familia; y le escapa a la muerte y a la guerra, que son lo mismo, desde los 11 años.
Usa trenzas largas, entrevera su cabello negro, crespo, con los colores amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera de su país. Usa un vestido largo, por debajo de las rodillas, y colorido, como su sonrisa. A donde va la escoltan dos guardaespaldas, porque, como a la mayoría de los líderes sociales en Colombia, la han amenazado de muerte. Fue el día de su último cumpleaños que recibió en su domicilio una caja con el corazón de una vaca y cuatro clavos enterrados. La historia de Perea, como todas, tiene un comienzo.
Parte de la historia
Ella es oriunda de Riosucio, un municipio rodeado de ríos y selva, ubicado al norte del departamento del Chocó, al occidente de Colombia. Esta es una de las zonas del país que han sido afectadas por el conflicto armado interno que azota a Colombia desde 1960. Como suele pasar en los conflictos armados, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y las de menos recursos son las más afectadas a través de la violencia, los asesinatos y el desplazamiento forzado.
A los 11 años, a Perea la violó un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Se lo contó a su madre, que como denunció el delito ante este grupo ilegal, la asesinaron. A los 11 años, se quedó sin madre y sin pueblo, porque tuvo que huir, como lo hizo cuando la amenazaron de muerte siendo adulta. Nunca pudo rehacer su vida en Riosucio. Perea es una de las cerca de 37.000 víctimas de violencia sexual que dejó el conflicto armado en el país.
A pesar de que este es el registro que lleva la Unidad para las Víctimas del gobierno colombiano, Perea asegura que son más, que este es un “subregistro”, porque “a muchas les da miedo denunciar”. Si bien aún no hay claridad sobre la cifra exacta de víctimas de este delito de lesa humanidad, las instituciones coinciden en que las mujeres fueron las más afectadas, y que, por el sesgo racial, la violencia se reforzó contra las mujeres afrocolombianas.
Existen diferentes formas en las que las mujeres víctimas de violencia sexual en este contexto se han unido para sobrellevar el dolor. Las Tamboreras del Cauca, un grupo de 25 mujeres del departamento del Cauca –una de las zonas más violentas del país luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016– atraviesan el dolor y las experiencias traumáticas con el canto y el toque de tambor colectivo.
En el caso de Perea, hace parte de “Arrópame con tu esperanza”, una campaña nacional que funciona desde 2019. Reúne a 40 organizaciones y más de 600 personas que han sufrido violencia sexual en el contexto del conflicto armado. “Arrópame es un mecanismo que encontramos las víctimas a través de la escritura, el tejido y la pintura en tela para hacer un proceso de reparación emocional desde nosotras”, explica la lideresa. Ella asegura que “es de los mejores mecanismos que hay para expresarse, desahogarse y de ahí empezar a planear la vida”.
Para eso crean colchas que las víctimas pintan y tejen, y que Perea despliega con orgullo en el encuentro en Cali. “Lo más bonito de esto es que cada cuadro lo pintó una víctima”, dice, sentimental. Con las colchas buscan visibilizar la violencia sexual, que nadie más vuelva a sufrir este delito, y que las que aún no han denunciado se animen a hacerlo, que no se sientan solas. Arrópame ha tenido incidencia política en espacios como el Congreso de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Luchan por que las víctimas puedan acceder a una reparación integral y a las garantías de no repetición, así como a procesos de justicia y verdad.
“Construir un país libre de violencia lleva tiempo”
“Yo siento que ya traía esa vena de líder incrustada”, dice Perea. Porque durante su infancia, su madre fue líder de la comunidad de Pava, en Riosucio, y secretaria de la junta de acción comunal. Y ella quería ser como su madre. Pero lo que despertó en Perea las ganas de ser lideresa fue cuando comprendió que la violación que sufrió no había sido culpa suya, y el asesinato de su madre tampoco. “Si mi mamá dio la vida por mí debo servir en algo, no me puedo quedar de manos cruzadas”, explica.
Ayudar a la gente, como dice ella, es la forma que encontró de sobrellevar su dolor y la carga de lo que le sucedió. Por eso cuenta: “Intento ser una líder transparente, amigable, sociable y amorosa. Pero, sobre todo, he dejado de lado mi dolor y mi rabia para pensar en un nosotros. Seguí los pasos de liderazgo de mamá, y es todos los días levantarme y seguir intentando”.
Perea asegura que la situación de las y los líderes sociales en su país es “un desastre” y las cifras lo confirman. Según datos del Sistema de Alertas Tempranas de Colombia, entre 2016 y 2022 fueron asesinados 1.113 líderes sociales en el país. Pero dice que son más y que, en lo que va de 2023, fueron asesinados 89 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Al momento de la entrevista, busca una posible salida del país por cinco meses para resguardar su seguridad y la de su familia. Pero, lamentablemente, sabe que no es una solución: “Salir del país y después regresar es una situación peor porque, al volver, ya no tengo medidas de seguridad. Voy a estar más desprotegida de lo que estoy ahora”.
La situación de inseguridad se agrava para las mujeres jefas de familia, como ella, que también tienen que cuidar la seguridad de sus hijos e hijas. A esto se le suma la precariedad, ya que su sustento es el de empleada doméstica. Perea sigue contando: “Este semestre no estudié, y no sé qué va a pasar con el próximo. Lo que viví en el marco del conflicto armado me afectó la lectoescritura. A veces no entiendo ni jota, otras veces se me olvida todo. Para un discurso tengo que trasnochar muchísimo, para no tener que leerlo me lo aprendo letra por letra”.
En este contexto en el que viven los y las líderes sociales en Colombia, Perea habla sobre dos acciones básicas que debería emprender el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo primero es que se pronuncie sobre la situación y que se tomen medidas de prevención en los territorios. “El silencio a veces se entiende como complicidad porque no se está haciendo nada”, asegura. Lo segundo, que el gobierno se comunique con la comunidad internacional para dar a entender que el conflicto armado aún no ha terminado. Por eso, explica: “Cuando uno busca ayuda en otras partes dicen que el conflicto en Colombia se terminó. Pero no estamos en paz, construir un país libre de violencia lleva tiempo. No podemos hacernos los ciegos en un país donde nos están matando”.
Perea, que fue una de las ganadoras del premio Mejores Líderes de Colombia en 2018, reflexiona sobre por qué se sigue violentando a las y los líderes sociales en su país: “A nosotros nos amenazan porque tienen miedo a nuestra palabra, un arma que construye paz y vida”. En algún momento de la conversación también se cuestiona si este esfuerzo vale la pena. “No tengo un sueldo, no tengo una vivienda, mi vida y la de mi familia están en riesgo. A mí me dicen: ‘Yolanda, qué liderazgo maravilloso’. Detrás de eso nadie sabe el hambre, las trasnochadas, y los sueños que no se cumplen”, dice. “Pero ahí vamos, seguimos defendiendo la vida y apostándole a la paz. Con la fe puesta en que hay un Dios que mira”.
Rejuntancia o “soy porque somos”
Otro de los espacios donde la lideresa chocoana representa a las ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia es la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Esta es la máxima instancia de representación de las víctimas ante el gobierno nacional, y que hace incidencia para el desarrollo y la implementación de políticas públicas orientadas a sus necesidades y reclamos.
La mesa es elegida por las mismas víctimas de forma democrática mediante voto popular y, en su último período, y por primera vez en su historia, fue elegida una mujer como su coordinadora. Eucaris Salas es una lideresa del valle Magdalena Medio que representa en la Mesa a las personas LGBTI+.
“Estar en mesa nacional ha sido maravilloso para poder participar, proponer, incidir y articular en pro de la paz”, cuenta Perea. Sin embargo, dice que en este último período la mesa ha bajado mucho su liderazgo porque a algunos integrantes los han asesinado. Pone como ejemplo el caso de la lideresa Derly Pastrana, asesinada a balazos en junio de 2021 y que también hacía parte de la campaña nacional “Arrópame con tu esperanza”.
En 2020 Perea también fue elegida para integrar el Comité Nacional de Paz, un órgano consultivo que promueve la paz para el posconflicto. Allí ella es consejera en representación de las víctimas, un esfuerzo para aportar al trabajo por la reconciliación, la convivencia y las garantías de no repetición, con el fin de implementar los Acuerdos de Paz.
A pesar de todo, Perea sostiene que lo siguen intentando: “Las víctimas hemos sido las primeras en ponernos la camiseta para apostarle a una paz imperfecta y no a una guerra en permanencia. Nosotros no vimos la guerra por televisión, la vivimos en carne propia”. Mientras habla, vuelve una y otra vez a la importancia de no olvidar los acuerdos de paz, a la importancia de la verdad restaurativa. Siempre habla de un “nosotros”, de un colectivo en resistencia. Por eso será que en cada comunicación, por medio de mensajería o correo electrónico, ella se despide con un “abrazo de rejuntancia”.