Matrimonio igualitario, acceso a la atención en salud sexual y reproductiva, técnicas de reproducción asistida, adopción de familias homoparentales y la Ley Integral para Personas Trans. Estos son sólo algunos de los logros de los colectivos, organizaciones y activistas LGBTI+ en las últimas décadas en América Latina. El movimiento de la diversidad y los feminismos han impulsado una agenda inédita de derechos imprescindibles para la transformación social, cultural y política que garantice la equidad, inclusión y libertad de todas las personas.
Este reconocimiento de derechos, y las conquistas asociadas, sacudió los cimientos del sistema cisgénero, binario y heteronormativo y las relaciones de poder históricamente establecidas, que estaban “completamente naturalizadas y creaban profundas inequidades”, analizó Diego Sempol, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en diálogo con la diaria. En esa línea, no es extraño que la participación y movilización de las personas LGBTI+ y las activistas feministas hayan generado una reacción conservadora y el surgimiento de grupos antiderechos que se plantan en defensa del orden establecido.
Pero el movimiento LGBTI+ no se quedó expectante ante el crecimiento de estos movimientos conservadores en la región; Uruguay incluido. Por el contrario, ha desplegado diferentes estrategias ante las múltiples amenazas a sus derechos y conquistas. Algunas de las acciones centrales son la promoción de la visibilidad en el espacio público, la denuncia individual y colectiva, y la memoria, según aseguraron activistas LGBTI+ a la diaria .
Grupos antiderechos y su vínculo con partidos políticos
Los grupos antiderechos toman la forma de organizaciones de la sociedad civil, redes y asociaciones ciudadanas que muchas veces se presentan como apartidarias y guardan una relación cercana, al menos desde lo discursivo, con cultos religiosos. A esto se suma, “una muy fuerte inyección de recursos financieros que permiten que estas organizaciones puedan rápidamente posicionarse en el territorio y tratar de construir una agenda antiderechos”, explicó Sempol.
Su poder económico les permite generar influencias y establecer alianzas con diferentes actores sociales, incluidos los partidos políticos. El investigador apuntó que el vínculo entre las iglesias y la política es una “relación histórica”, pero en el escenario actual se observa “un cambio en este tipo de ecuaciones”. “Hasta ahora, generalmente, la institución que tenía más peso con el sistema político era la Iglesia Católica, pero esto está siendo desafiado por los avances de los cultos neopentecostales, que, de alguna forma, comienzan a disputar territorios en donde la Iglesia Católica cada vez llega menos y han generado la captura de nichos”, sostuvo. De esta forma, comienzan a “alinearse” con sectores políticos y generar “alianzas estratégicas”: financian campañas políticas a cambio de que impulsen su agenda y así generar influencias en sectores más amplios de la sociedad.
“La lectura que yo hago es que estos discursos, para no caerse, tienen que canalizarse a través de la política. La política puede ser una herramienta de conquista o puede ser, como en estos casos, una herramienta de represión. Y la vía es la derecha política, porque la izquierda política se caracteriza por ser un movimiento político popular que contempla y reconoce en sus discursos a las poblaciones más vulneradas”, señaló a la diaria la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Colette Spinetti.
Esta situación quizás sea más evidente en otros países como Estados Unidos y Brasil, con los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, o ahora en Argentina, con el apoyo que viene recolectando el empresario ultraderechista y candidato a la presidencia Javier Milei. En el caso de Uruguay, “este fenómeno existe, pero todavía se mantiene relativamente moderado”, opinó Sempol, y agregó que “la matriz batllista ha marcado a fuego el sistema político y nuestra cultura política. Entonces, esta cuestión genera bastante rechazo en importantes sectores políticos y sociales”, aunque advirtió que “es una pulseada permanente”.
El panorama en Uruguay
A pesar de su tradición democrática, y de que la situación se mantenga “moderada”, Uruguay no está por fuera del fenómeno. Daniela Buquet, integrante de Ovejas Negras, dijo a la diaria que esto quedó en evidencia durante la campaña electoral de 2019 con la promoción de una “agenda bastante antiderechos” por parte del actual presidente Luis Lacalle Pou y el discurso de Cabildo Abierto (CA) “abiertamente homofóbico y contrario a todas las conquistas que se han logrado”. De hecho, recordó que ese contexto llevó al colectivo que integra a promover la campaña “No voto antiderechos”.
Por su parte, Spinetti resaltó que un hecho notorio de este fenómeno fue el debate y posterior aprobación de la Ley Integral para las Personas Trans en 2018, y cuando el exdiputado nacionalista Carlos Iafigliola promovió en 2019 un prerreferéndum contra la norma, que finalmente fracasó.
La presidenta de CTU también mencionó varias iniciativas legislativas como la ley de tenencia compartida y el proyecto de ley de CA para prohibir el lenguaje inclusivo en la educación y las oficinas públicas. Además, señaló que las personas no binarias e infancias trans no son reconocidas en el Censo 2023 y que los discursos que se escuchan “casi a diario” en el Parlamento por integrantes del oficialismo marcan una “filosofía política que está habilitando la represión”.
En esto coincidió la activista transfeminista Josefina González, que marcó que en Uruguay hay un “gran avance” de los grupos antiderechos en “obstaculizar y generar retrocesos” en la “política pública y la normativa vigente” en materia de derechos, pero también en la habilitación de determinados discursos “que promocionan el odio y la desigualdad”, así como planteos de “regresar al origen y fomentar los valores de la familia tradicional”.
“Estas son cuestiones peligrosísimas que nos hacen mucho daño como sociedad y a la democracia. Es un intento porfiado de instalar una ideología conservadora que fragmenta, que genera desigualdades e impone un modelo hegemónico por encima de las libertades de las personas”, expresó González, a la vez que reivindicó que “vivimos en una sociedad que es totalmente plural, diversa y es imposible que nos intenten homogeneizar”.
Las estrategias del movimiento LGBTI+
En este escenario, la respuesta de las organizaciones y colectivos LGBTI+ ha sido “muy diversificada”, señaló Sempol. Por un lado, sostuvo que hay organizaciones que “han tratado de estudiar este tema y ponerle pienso” para conocer quiénes integran los grupos antiderechos, cómo se financian y cuál es su agenda.
Por otro lado, el investigador apuntó que grupos LGBTI+ han desarrollado vínculos a nivel local y transnacional para el desarrollo de estrategias. Asimismo, Sempol mencionó estrategias de comunicación “para saber cuándo intervenir y hacer frente a un discurso de odio y cuándo no responder para no viralizarlo”, poder generar debates y plantear en cada ocasión posible que el avance de la agenda antiderechos es una “amenaza” a la democracia.
A pesar de algunas dificultades en la articulación entre grupos que integran el movimiento, consideró que la respuesta que dan tiene “su impacto”. “No necesariamente las respuestas articuladas son más eficientes, sino a veces lo que más importa es qué es lo que se contesta y en el timing en que se hace”, expresó.
A la interna del movimiento las perspectivas son diversas, aunque también existen puntos en común. “En este momento, la estrategia, por lo menos desde CTU, es resistir y denunciar”, aseveró Spinetti, sumado a “solucionar” la situación de vulneración de derechos a nivel familiar, social e institucional que atraviesan “al menos” 450.000 personas trans y no binarias.
A la vez, la presidenta de CTU señaló como una acción central “la visibilidad en el espacio público y las redes sociales” como lugares de denuncia, planteo de reclamos, reivindicación y defensa de derechos. Spinetti destacó la presencia en la Marcha por la Diversidad y otras movilizaciones como forma de denuncia y resistencia “hoy más que nunca”.
Pero, para la activista, la “mejor estrategia” es la memoria. “Tenemos que rescatar constantemente la memoria en un amplio espectro. Tiene que estar la memoria histórica, pero también tiene que estar la memoria actual”, señaló.
Por su parte, Buquet señaló que desde Ovejas Negras han trabajado en dos estrategias centrales. Por un lado, no dar visibilidad a los discursos y mensajes de odio sino “dejar que sea más un comentario” y “aislar y no replicar, no contestar, ni hacer que esto sea algo viral”. Por el otro, una estrategia totalmente contraria: “Generar una respuesta muchísimo más potente para mostrar que esto no se puede decir”. Según la situación que se presente, Ovejas Negras opta por una de estas opciones. Buquet también compartió la importancia de la presencia en el espacio público y reivindicar la memoria, en particular este año, cuando se cumplen 30 años de la primera Marcha del Orgullo en Uruguay.
La integrante de Ovejas Negras también mencionó como acción importante remarcar que las “cosas no están aseguradas” y recordar “que no llegan porque sí”, sino que son el fruto de la lucha de personas que pelearon por ello.
Para González, el movimiento LGBTI+ atraviesa un momento de “debilitamiento” y de pérdida de “acción política”. De todas formas, apuntó que no cree que “no se esté haciendo nada”, sino que el movimiento “está haciendo lo que puede, está intentando responder, está intentando rearmarse, pero nos falta todavía”, señaló.
En esa línea, subrayó el esfuerzo de organizaciones en el interior del país, donde el “movimiento social tiene muy poca fuerza” y el apoyo varía según el departamento. “Salir a las calles, así sean 200 personas, ya es un montón para el interior”, expresó González.
No obstante, resaltó que la situación en Montevideo es diferente. “Acá creo que falta unión y falta generar instancias de acuerdos colectivos. Falta un montón de cuestiones para poder posicionarse en bloque ante determinadas acciones violentas”, comentó, y apuntó que estar presentes y denunciar en redes sociales “es bueno y necesario”, pero también lo es estar presentes “en determinados espacios donde hoy estamos muy poco o casi nada como los barrios más profundos y más carenciados”.
Spinetti y Buquet también reconocieron que la respuesta del movimiento no es integral y varía de acuerdo a la situación. “Tristemente, por todas estas situaciones que nos avasallan y que son como de urgencia, el movimiento LGBTI+ no ha tenido tiempo de decir ‘vamos a sentarnos y pensar en conjunto una estrategia’. Y eso también a nivel latinoamericano”, señaló la presidenta de CTU.
Por su parte, Buquet reconoció que “las articulaciones son fundamentales”, pero en el contexto actual, con tantas situaciones para atender, quizás “no es lo priorizable”. De todas formas, consideró que “hay muy buena conexión entre las organizaciones sociales LGBTI+ de todo el país” y “hay un trabajo en conjunto”.
En cambio, para Spinetti y González la necesidad de un espacio de intercambio es más necesaria. “Debemos, como movimiento en general, movimiento nacional y regional, juntarnos a pensar en esto, porque es absolutamente más palpable”, dijo la presidenta de CTU. Para González, la articulación del movimiento es “urgente”. “El movimiento LGBTI+ tiene que fortalecerse, volverse a juntar, rearmar y reagrupar con las diferentes interseccionalidades y con otros movimientos que comparten nuestras luchas”, expresó, y generar “un bloque único, por lo menos hacia afuera, ante el avance de todas estas violencias, posicionamientos y discursos de odio”.