El día después de que miles personas marcharon en la capital de Argentina contra la llamada “ley ómnibus” y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó en diciembre el presidente Javier Milei, dos integrantes de su gobierno confirmaron la intención de dar marcha atrás con el aborto legal.
El jueves pasado, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado sobre cuáles son los planes del gobierno respecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada a fines de 2020. “Podemos sospechar que, efectivamente, será un tema que en algún momento se debatirá”, respondió el portavoz, que habló en futuro porque aseguró que hoy el mandatario está “abocado a lo urgentísimo, que son los problemas que tiene la gente con la inflación y el trabajo”. Adorni insistió con que aunque “no está en agenda”, es “uno de los temas que planea tratar el oficialismo”.
Los comentarios del vocero fueron en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones que hizo Milei durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde dijo que el feminismo es “una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer”, y responsabilizó al socialismo de lo que llamó la “agenda sangrienta del aborto”.
La postura antiaborto de Milei no es novedad: el libertario ya proclamaba “la defensa del derecho a la vida desde la concepción” en su plataforma electoral y, en una entrevista que brindó durante la campaña, dijo explícitamente que se posicionaba “en contra” de la ley de IVE porque “está en contra del derecho a la vida”.
El mismo día en que Adorni confirmó que el oficialismo reabrirá la discusión sobre el aborto, el portal argentino Infobae publicó una columna de opinión del procurador del Tesoro del gobierno de Milei, Rodolfo Barra, en la que afirma tener la “fundada esperanza” de que este año se derogue la ley de IVE. Su argumento se basa en el decreto por el que, hace unos días, el presidente argentino declaró 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”.
“Lamentablemente hoy, en nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones constitucionales de protección a la defensa de la vida humana no se cumplen para un amplio sector de la población”, esboza el artículo, que también está firmado por el exsenador Eduardo Menem y la exdiputada Cristina Guzmán. Los autores citan una supuesta “información suministrada por las autoridades de salud” que señala que “en la República Argentina ‘se mata a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la Ley 27.610’, eufemísticamente denominada ‘de interrupción voluntaria del embarazo’, cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre”.
En ese marco es que los autores proclaman la “fundada esperanza en que, en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana Ley 27.610”.
La ley de aborto, aprobada en Argentina el 30 diciembre de 2020, garantiza el derecho a acceder a una IVE hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de explicitar los motivos. Luego de ese plazo, está permitido en casos de violación o riesgo de vida o de la salud de la persona gestante.
A principios de 2023, el Ministerio de Salud de Argentina informó que las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021 (último dato disponible) y que también se observó un descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por 1.000 mujeres de diez a 19 años en 2020, a 13,7 en 2021.