Durante el primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, miles de personas se reunieron este miércoles frente a la sede del Congreso argentino para manifestar su rechazo a la llamada “ley ómnibus” y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente en diciembre.

Las dos normas incluyen cientos de medidas a las que se oponen las principales centrales sindicales –la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina–, entre muchas otras organizaciones sociales que convocaron a esta movilización.

Las protestas se repitieron en varias provincias, pero tuvieron su acto central en Buenos Aires para pedir a los legisladores que no apoyen estas políticas. Los oradores se dirigieron en particular a los diputados, que en esos momentos trataban la ley ómnibus.

Miembros de la Prefectura Naval Argentina custodian el puente Pueyrredón mientras integrantes de sindicatos y organizaciones sociales intentan cruzarlo camino a Buenos Aires para participar en una manifestación en el marco del paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, en Avellaneda.

Miembros de la Prefectura Naval Argentina custodian el puente Pueyrredón mientras integrantes de sindicatos y organizaciones sociales intentan cruzarlo camino a Buenos Aires para participar en una manifestación en el marco del paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, en Avellaneda.

Foto: Luis Robayo, AFP

“Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios [...]. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados”, dijo Pablo Moyano, cotitular de la CGT. Para Moyano, “un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y de la soberanía nacional”.

“Que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei”, pidió.

El dirigente advirtió a los gobernantes que “no se les ocurra poner otra vez el impuesto” a las ganancias de los trabajadores que la administración anterior eliminó el año pasado. “Si son tan guapos, aumenten el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores”, dijo.

También repudió las iniciativas de privatizar empresas estatales, entre ellas los medios públicos y Aerolíneas Argentinas. “Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a sus amigos”, advirtió.

Manifestante y gendarmes frente a la sede del Congreso argentino, durante el paro general contra el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Manifestante y gendarmes frente a la sede del Congreso argentino, durante el paro general contra el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Foto: Luis Robayo, AFP

Cuestionó también la reforma laboral que está incluida en el DNU. Recordó que Milei dijo días atrás que al ministro de Economía, Luis Caputto, habría “que llevarlo en andas” por su gestión, y consideró que el jerarca “debería estar desfilando por tribunales dando explicaciones” sobre sus acciones durante el gobierno de Mauricio Macri. “Yo le digo, ante miles de compañeros, que si lleva adelante estas medidas económicas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro, pero para tirarlo al Riachuelo”, afirmó.

El otro cotitular de la CGT, Héctor Daer, también se dirigió a los diputados para pedirles que “no actúen agazapados en la oscuridad: miren al pueblo a la cara” y rechacen el DNU y la ley ómnibus.

“Cuando los llevan a discutir, cuando ponen todo sobre la mesa, no se discute nada. Son 600 leyes [entre los dos paquetes de medidas] y cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto”, dijo. “Vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan” esas normas, agregó.

Daer señaló que la Constitución argentina “dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás”, y advirtió: “El DNU desregula la economía. Quieren destruir los derechos individuales, colectivos, los sindicatos, y destruir la acción sindical. Atacan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a la cultura”.

Movilización en Córdoba, durante el paro nacional en contra los planes de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Movilización en Córdoba, durante el paro nacional en contra los planes de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Foto: Nicolás Aguilera, AFP

“Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo –los alimentos, los combustibles– y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados”, afirmó el dirigente.

La protesta multitudinaria transcurrió sin incidentes, pese a que el gobierno había advertido que se aplicaría el llamado “protocolo antipiquetes” por el cual se prohíbe el corte de calles, incluso parcial, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había afirmado que los manifestantes deberían transitar sólo por las veredas.

En la avenida Rivadavia se dejó un solo carril libre para el tránsito, y la manifestación fue vigilada de cerca por la Policía Federal y la de la ciudad de Buenos Aires. En torno a la plaza del Congreso fue necesario desviar el tránsito en virtud de la multitud que se congregó, que, de acuerdo con las autoridades, fue de 40.000 personas. Según informó Perfil, Bullrich consideró que “se alcanzaron los logros en materia de orden y seguridad para todos”.

Las manifestaciones se repitieron en varias ciudades europeas y de América Latina, donde las centrales sindicales y otros movimientos respaldaron los reclamos de los trabajadores argentinos.

Debate pospuesto

El debate parlamentario sobre la ley ómnibus fue pospuesto este miércoles por el gobierno para el martes 30. De acuerdo con el diario La Nación, el oficialismo optó por este camino debido a que existen divisiones en las dos bancadas opositoras que están dispuestas a apoyar esta iniciativa: la de la Unión Cívica Radical y la de Hacemos Coalición Federal, que incluye, entre otros, a la Coalición Cívica y al sector que apoyó la candidatura a la presidencia del cordobés Juan Schiaretti. Los puntos que generan más discrepancias son el aumento de las retenciones a las exportaciones y el cambio en la fórmula para calcular las jubilaciones.

Ante la incertidumbre, el gobierno volvió a advertir a las provincias que si no se aprueban estas políticas, serán las más perjudicadas. “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, advirtió este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en X. “No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, agregó.

Este debate causó una escisión en la bancada del frente peronista Unión por la Patria. Tres diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidieron abandonarla y formar un bloque propio, que se llamará Independencia. Tomaron la decisión después de que uno de esos legisladores diera su respaldo al informe de comisiones legislativas favorable a la ley ómnibus, en la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con Infobae y La Nación, Jaldo negoció con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que no se derogue una ley que protege al sector del azúcar mediante aranceles a la importación, y que se excluya al limón y sus derivados del aumento a las retenciones.

También sobre el DNU hubo novedades. La jueza laboral Liliana Rodríguez hizo lugar, parcialmente, a una acción de amparo de la CGT y declaró inválidos seis artículos del decreto que afectan los derechos colectivos de los trabajadores, informó Télam. Según la resolución, citada por la agencia, entre esos artículos se encuentran el 73, que “modifica las condiciones para la retención de la cuota sindical”; el 79, que “establece reglas para la negociación colectiva”; y el 97, “que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”.