Que la violencia sexual no esté en la agenda pública sólo cuando los casos más impactantes ocupan los titulares, que se pueda desentrañar qué hay detrás del problema y que los partidos políticos tengan un espacio para presentar qué proponen en esta materia. Estos son, a grandes rasgos, los motivos que llevaron al Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología (Universidad de la República) a realizar la semana pasada el conversatorio “Violencia sexual en clave de seguridad pública”.
El evento, que tuvo lugar en el marco de distintas actividades organizadas por los 25 años del Programa Género, reunió en una misma mesa a representantes del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) que profundizaron en algunas medidas incluidas en sus respectivos programas. “En el contexto electoral en el cual nos encontramos, nos parecía fundamental poder dialogar en términos de cuáles son las propuestas concretas que tiene cada uno de los partidos políticos, qué dificultades y qué acciones son las que se han desarrollado hasta ahora, y dónde se encuentran los principales muros”, introdujo el magíster Néstor Rodríguez, integrante del programa.
FA: “La batalla es por un plan nacional de educación sexual”
En representación del FA expusieron Patricia González (presidenta de la Comisión de Feminismos) y Diego Olivera (senador suplente, miembro de la Comisión Nacional de Programas y coordinador de la Unidad Temática de Convivencia y Seguridad).
Olivera, para empezar, dijo que Uruguay tiene que resolver algunos asuntos “elementales” que son clave si se quiere pensar en cualquier “mejora” de la seguridad pública: cómo el Estado “recopila, sistematiza y analiza la información sobre la violencia y la criminalidad, y en particular, en este caso, sobre la violencia sexual”; contar con personal capacitado e infraestructuras adecuadas para las víctimas; y “que la acción de la política pública se estructure en programas que estén evaluados” y se basen en la evidencia científica. A la vez, abogó por respuestas que “no se agoten” en lo punitivo, sino que vayan más allá y que, a partir de eso, “comience un proceso de rehabilitación o de tratamiento” para los ofensores, un tema “en el que estamos sumamente quedados”.
En cuanto a la atención a las víctimas, consideró que un componente fundamental en el que hay que profundizar es la “contención, orientación y reparación”, además de fortalecer el “acceso democrático a la Justicia”, no solamente en términos de poder acudir al sistema “para dirimir un conflicto criminal”, sino “para que el tipo de asesoramiento que recibo en el proceso judicial no dependa tanto de mi capacidad de pago”.
González, por su parte, aseguró que hoy “hay un problema en el Estado con el trabajo de las masculinidades”, un tema que, a su entender, tiene que ser “un eje central en la construcción de la política pública” contra las violencias machistas. “Hay algo de que los hombres se sienten perdidos con la nueva forma de relacionamiento que proponen los feminismos y me parece que tenemos que habilitar otra reflexión sobre eso, porque yo no creo que nosotras tengamos que hacer pedagogía y explicarles cómo hay que vincularse, pero sí creo que es parte de una responsabilidad que tiene el Estado”, dijo la referente frenteamplista.
En la misma línea, afirmó que la política pública “tiene que centrarse en la educación sexual integral”, algo que no se limita a los centros educativos y que debería ser transversal en ámbitos como la salud, los servicios de atención e incluso la seguridad. “Tengo la sensación de que la batalla es por un plan nacional de educación sexual integral que nos permita empezar a discutir cuáles son las primeras apariciones en los distintos espacios del Estado”, resumió González.
Por otro lado, destacó la importancia que tiene a nivel social y político que un hombre con poder como el exsenador del PN Gustavo Penadés, denunciado por múltiples delitos de violencia sexual, en su mayoría contra adolescentes, haya sido imputado y esté en prisión preventiva. “Yo busqué otros casos del mundo donde políticos importantes de alto nivel hayan ido presos por casos así y no hay muchos”, enfatizó González. “Que pasen cosas con los casos o que se evidencie que hay apoyo y que hay ayuda son cosas que también hacen que yo pueda denunciar o no”, afirmó, y destacó que “son los movimientos feministas los que pusieron eso arriba de la mesa”.
PN: “Dotar de presupuesto necesario” la ley
La encargada de visibilizar las propuestas del PN fue Fernanda Sfeir, quien trabaja en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio de Desarrollo Social y coordina el capítulo de reforma penitenciaria del programa de gobierno de su partido.
La representante nacionalista dijo que para garantizar un mejor acceso de las víctimas a la Justicia su partido propone “fortalecer la institucionalidad creada por la legislación vigente”, lo que implica “dotar del presupuesto necesario” la ley de violencia basada en género. “Si bien se avanzó en la creación de tres juzgados [especializados en violencia] de género, en esta materia obviamente falta un montón”, afirmó Sfeir, en referencia a las sedes inauguradas durante esta administración en Maldonado, Salto y más recientemente en Rivera.
En esa línea, dijo que “la legislación prevé las audiencias en tiempo y forma”, pero “el Poder Judicial está desbordado, la Fiscalía está desbordada y muchas veces no tiene la capacidad de recursos humanos para poder aplicar la ley de la manera que debería aplicarla y es un aspecto importantísimo, porque está claro que cuando las personas no confían en la herramienta también denuncian muchísimo menos”.
No mencionó el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo para modificar esa ley, que ha sido duramente criticado por expertas en violencia de género y organizaciones feministas.
Por otra parte, Sfeir señaló que el PN también propone “impulsar campañas de concientización”, “programas que enseñen a los niños a reconocer y evitar situaciones de abuso sexual”, y “acciones integrales para la erradicación de la trata y la explotación sexual en todos los niveles con énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
En cuanto a medidas dirigidas hacia los agresores sexuales, planteó el diseño de un “sistema de seguimiento del victimario portador de tobillera” y la “rehabilitación vinculada a tratamientos que sean personalizados”.
Acerca de la atención a las víctimas, habló de introducir “reformas en el Código del Proceso Penal que habiliten y fortalezcan” su intervención en “cualquier momento de su propio proceso”, “descentralizar y crear nuevos hogares regionales” y “aumentar el número de dispositivos electrónicos”.
PC: apoyo y sensibilización desde la infancia
El actual coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, fue el responsable de presentar algunas de las propuestas que abarca el programa del PC en torno a este tema.
Por un lado, se refirió a una política de “saturación social de niños y adolescentes con familiares directos envueltos en el delito”, que parte de la base de “evaluaciones a nivel internacional” que afirman que “aquellos niños y adolescentes que tienen familiares involucrados en delitos tienen una probabilidad altísima casi de 100% de seguir los mismos pasos, y cuando hay violencia sexual es una generalización compleja, pero es verdad que hay una mayor probabilidad también de hacer lo mismo que te hicieron o algo parecido”. Lo que propone su partido es que a “ese niño o adolescente que tiene un padre o una madre que está cumpliendo pena” el Estado le brinde “todas las baterías para que no deje de ir a la escuela, no deje de comer, no caiga en las adicciones, no tenga problemas”.
La otra acción supone que, en el marco de la transformación educativa impulsada por este gobierno, se diseñe un programa para que “en las escuelas se hable de violencias y delitos, incluyendo la violencia sexual, la violencia doméstica, todos estos temas que de alguna forma hoy en el sistema educativo se hablan de manera muy esporádica o muchas veces directamente no se hablan”.
Sanjurjo planteó otras dos medidas que apuntan a mejorar la “capacidad de denuncia”. Una es “seguir aumentando las comisarías y las fiscalías especializadas en violencia doméstica y de género”, así como las instancias de “concientización de todos los funcionarios del sistema penal en este tema”. La otra es la realización anual de encuestas nacionales de victimización, con el objetivo de “dejar de depender de las denuncias”, considerando que, sobre todo en este tipo de delitos, la “enorme mayoría no denuncia”.