La Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos presentó este martes al Ministerio de Salud Pública (MSP) un documento con recomendaciones a tener en cuenta de cara a la elaboración de la estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos 2026-2030. El objetivo principal es “delinear una hoja de ruta orientadora para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país”, señala el texto de 123 páginas, al que accedió la diaria.
Las recomendaciones están divididas en cuatro ejes que tienen que ver con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; reproducción humana y ciclo de vida; sexualidad, y seguridad, calidad y autocuidado en salud.
“Lo que hoy queremos es escuchar las conclusiones a las que ustedes llegaron para 2026-2030 y ver, en cada uno de los ejes estratégicos, qué acciones vamos a impulsar”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una breve introducción en la que estuvo acompañada por el subsecretario Leonel Briozzo. “Como Ministerio de Salud Pública, tener ahora este marco de acciones que han llegado como aporte es muy importante para guiar todas las políticas públicas y qué acciones podemos desarrollar a corto, mediano y largo plazo, para seguir avanzando en una agenda en la que, si no avanza, retrocede”, agregó la jerarca.
Lustemberg dijo que las autoridades “no desconocen” que, en “algunas medidas” incluidas en el documento, hay que “trabajar más políticamente y logrando consensos ciudadanos”, pero que el primer paso es escuchar las conclusiones a las que llegó la comisión –después de un año de trabajo entre las instituciones del Estado, la academia y la sociedad civil– “para ver cómo vamos a enviar esta hoja de ruta hacia el mundo”.
Por su parte, Briozzo consideró que el documento “es muy consistente con el diagnóstico de la situación y las recomendaciones que hace, y ahora llega al MSP y al Poder Ejecutivo para ver qué iniciativas se pueden llevar adelante”. “Si servimos como caja de resonancia para la agenda de derechos, ya tenemos la misión cumplida”, señaló el subsecretario.
La encargada de presentar las recomendaciones en nombre de la comisión fue Valeria Tolosa, ginecóloga y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que aludió a un contexto de “desafíos en cuanto a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país y en Latinoamérica, con un avance de los movimientos antiderechos”, en el que aparece como relevante “jerarquizar cuáles van a ser las prioridades del Estado, qué es lo que vamos a defender en este período de gobierno y hacia dónde queremos ir”.
Las prioridades estratégicas en derechos sexuales y reproductivos
El primer eje, sobre acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, plantea la necesidad de políticas integrales que “reduzcan tiempos de espera, fortalezcan la equidad territorial y aseguren atención humanizada”. En ese sentido, el documento detalla que los objetivos para alcanzar “autonomía reproductiva, igualdad de género y justicia sanitaria” apuntan a reducir tiempos de espera en consultas ginecológicas, obstétricas y de salud sexual, garantizar acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos, fortalecer la cobertura de servicios de reproducción asistida” y “consolidar un sistema nacional de maternidades que asegure calidad, seguridad y humanización del parto”.
Además, la comisión propone implementar protocolos específicos para endometriosis y desórdenes del suelo pélvico, garantizando diagnóstico oportuno y tratamiento integral, así como expandir la telemedicina en salud sexual y reproductiva, especialmente en zonas rurales y para poblaciones con menor acceso.
El segundo eje, vinculado a reproducción humana y ciclo de vida, apunta a combatir las “transformaciones sociales, culturales y sanitarias que impactan directamente en la reproducción y el respeto a las diferentes etapas de la vida”, como “la marcada caída de la natalidad, la persistencia de inequidades en salud perinatal, la inseguridad alimentaria en la primera infancia y las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva”, problemas que “exigen políticas públicas que fomenten la autonomía, la igualdad con equidad y la justicia reproductiva”.
Así, la comisión recomienda “garantizar un seguimiento integral y humanizado del embarazo, parto y puerperio”, implementar protocolos de prevención de la violencia obstétrica, reconocer el embarazo infantil como maternidad forzada y establecer protocolos claros de atención, extender licencias de paternidad y fomentar la corresponsabilidad de género en los cuidados, y “consolidar acciones dirigidas a la eliminación de la sífilis congénita”. También propone avanzar hacia un esquema de “copago cero” en las técnicas de reproducción asistida para “garantizar acceso universal, equitativo y humanizado”.
En materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la comisión plantea adecuar la normativa vigente para garantizar el acceso de personas migrantes “sin restricciones discriminatorias”, hacer una revisión de los plazos teniendo en cuenta el screening prenatal, “permitiendo interrupciones en casos de diagnóstico tardío de anomalías congénitas incompatibles con la vida o de alto riesgo para la persona gestante”, y eliminar el período de espera obligatorio de cinco días. El documento no detalla específicamente cuál debería ser el plazo para abortar, aunque este mes Briozzo dijo a la diaria que una alternativa es ampliarlo de 12 a 14 semanas de gestación.
La comisión también sugiere “establecer protocolos claros y efectivos para garantizar la IVE en casos de abuso sexual infantil”, habilitar a médicos de familia y obstetras parteras para indicar medicamentos, evaluar la constitucionalidad de la objeción de ideario “para evitar que sea una barrera de acceso”, e incorporar la telemedicina para mejorar el acceso y la continuidad de los servicios.
Entre las recomendaciones del eje sexualidad destacan las propuestas para implementar programas de educación sexual integral en instituciones educativas, espacios comunitarios y sociales; desarrollar campañas accesibles sobre consentimiento, placer, autoerotismo y anticoncepción sin mitos, e instalar como un “pilar central” de la estrategia la prevención, detección temprana y atención integral de las víctimas de explotación sexual.
El apartado incluye propuestas para el abordaje de la salud sexual y reproductiva de personas LGBTI+ y personas con discapacidad, que garanticen desde formación del personal al acceso a tratamientos y servicios especializados.
Por otra parte, el eje relacionado con seguridad, calidad y autocuidado en salud pone arriba de la mesa la importancia de promover la autonomía de las personas, garantizando, por ejemplo, “kits de autocuidado en salud sexual y reproductiva”, con preservativos, pruebas rápidas de infecciones de transmisión sexual (ITS) y anticonceptivos accesibles, así como apps que “recuerden controles, vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV), toma de anticonceptivos y seguimiento de síntomas”. Este capítulo hace énfasis además en el autocuidado como herramienta para la “construcción de masculinidades no hegemónicas” –que, por ejemplo, se involucren en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de ITS– y para “disminuir la carga del cáncer”.
Al cierre de la presentación, Tolosa puntualizó que las propuestas se basan en el análisis de “indicadores clave”, como las razones de mortalidad de las personas gestantes, la tasa de nacimientos o el acceso a los servicios de salud, y de “desigualdades estructurales” que existen en Uruguay. Al mismo tiempo, resaltó que para lograr implementar una estrategia de estas características se necesita “coordinación interinstitucional, presupuesto, transparencia pública y saber dónde estamos para ver adónde vamos”.