Organismos internacionales, instituciones nacionales y expertas que trabajan en temas de igualdad de género advierten desde hace años que Uruguay, pese a ser reconocido por su estabilidad democrática, tiene una deuda pendiente en materia de representación política igualitaria de género. No hace falta ser especialista porque los hechos están a la vista: las mujeres siguen estando subrepresentadas en cargos electivos (Parlamento, intendencias, juntas departamentales, municipios), son minoría en los sucesivos gabinetes ministeriales y rara vez llegan a presidir los partidos políticos. A esto se suma la resistencia que hay a la interna de las agrupaciones a avanzar hacia una ley de paridad –algo que se arrastra desde hace décadas, pero quedó en evidencia en la legislatura pasada–, que nunca hubo una presidenta electa y que solo la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, y su predecesora, Beatriz Argimón, fueron votadas para ese cargo.
Distintos estudios han demostrado que estos techos de cristal se deben a barreras estructurales que impiden el acceso y avance de las mujeres dentro de las instituciones políticas. Una de esas barreras es la violencia que atraviesan en este ámbito. El estudio “Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política”, presentado esta semana por ONU Mujeres, viene a poner luz sobre el tema. En concreto, el informe, realizado por las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Niki Johnson, presenta los resultados de una encuesta nacional sobre las experiencias de 128 candidatas electas (titulares o suplentes) en las elecciones parlamentarias de octubre de 2024.
Uno de los principales hallazgos es que ocho de cada diez parlamentarias (81,3%) reportaron haber experimentado al menos una forma de violencia relacionada con su candidatura durante la campaña electoral. Esta cifra indica que “la violencia contra las mujeres en política no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay”, señala el documento.
El tipo de agresión más frecuente fue la violencia psicológica (mencionada por 80,5% de las encuestadas), que incluye conductas como “abuso verbal de género, cuestionamientos a la legitimidad de las mujeres como actoras políticas, intimidación y ataques a su credibilidad o su competencia para la tarea política”.
Por otra parte, casi un tercio de las candidatas (28,9%) dijo haber sido víctima de violencia sexual, incluido acoso sexual y comentarios o amenazas con connotación sexual. La violencia económica y la violencia física fueron menos frecuentes, pero también estuvieron presentes (6,3% y 3,1% respectivamente).
El estudio afirma que “la exposición a la violencia aumenta con la visibilidad y prominencia política”. Así, los niveles más altos de violencia fueron experimentados por candidatas al Senado (87%), candidatas titulares (90,5%) y mujeres que ocupaban puestos de liderazgo dentro de sus partidos (93,1%). También enfrentaron niveles mayores de violencia (90,9%) las candidatas que fueron expuestas a un electorado más amplio, al hacer campaña tanto en Montevideo como en el interior del país. De todas maneras, “la ubicación territorial por sí sola no configura de manera significativa el riesgo, lo que sugiere que la violencia es generalizada en todo el país”, puntualiza el documento.
Por otra parte, y al igual que sucede con políticas, líderes sociales, periodistas y figuras públicas mujeres de otros países, las candidatas que promovieron activamente los derechos de las mujeres y de grupos minoritarios durante la campaña estuvieron más expuestas a la violencia (82,3 %), un fenómeno que para las autoras “refleja el clima reciente de reacción política contra las agendas feministas y de igualdad de género en Uruguay”.
Los contextos en los que se ejerce esta violencia
Con respecto a los contextos en los que se ejerce la violencia hacia las mujeres políticas, la mayoría de las candidatas (59,8%) informó haber sufrido los episodios durante actividades de campaña presenciales, como actos, encuentros con votantes o actividades puerta a puerta. La principal forma de violencia en este contexto fueron los “comentarios despectivos sobre su papel y capacidad como mujer para estar en política” (31%), seguido de alusiones a que “llegó a ser candidata solo porque hay cuota” (28,6%), “comentarios sobre su apariencia en vez de sus propuestas electorales” (27,2%), “sugerencias de carácter sexual” (23%) y “abuso verbal o insultos por promover los derechos de las mujeres o de minorías” (18%).
A la vez, casi la mitad de las candidatas que tuvieron contacto con los medios (49,5%) dijo haberse enfrentado “a enfoques sexistas, trivialización, interrupciones y ataques a su reputación, lo que limitó su capacidad para transmitir mensajes políticos y socavó su credibilidad pública”, según se desprende del informe, que detalla que “estas formas de violencia suelen ser sutiles y normalizadas, pero tienen grandes consecuencias debido a su visibilidad pública”.
En tanto, la violencia en línea es “una de las dimensiones más generalizadas y dañinas identificadas”, reportada por 63,3% de las mujeres consultadas. “Las plataformas de redes sociales funcionan como escenarios centrales para la deslegitimación por razones de género. Los ataques con frecuencia cuestionan la competencia de las mujeres, las acusan de beneficiarse injustamente de las leyes de cuotas o las atacan por promover los derechos de las mujeres. Si bien las amenazas explícitas son menos comunes, su presencia pone de manifiesto el potencial de escalada y daños graves que puede generar este tipo de violencia”, aseguran las investigadoras.
Consultadas acerca del respaldo de sus partidos a su candidatura, si bien la mayoría dijo haber tenido altos niveles de apoyo (83% de las electas), al mismo tiempo 50% de ellas reportó haber sufrido violencia dentro de sus propios partidos, particularmente en forma de “exclusión, ocultación de información y menoscabo por parte de líderes o colegas del partido, con mayor frecuencia hombres”.
“En todos los contextos, los autores de la violencia fueron predominantemente varones e incluyeron miembros de partidos políticos (tanto del propio partido como de otro), integrantes del público, actores de los medios de comunicación y, en algunos casos, personas con cargos de autoridad. Estos patrones subrayan la profunda influencia del género en la violencia política y su arraigo en las relaciones de poder político y social”, apunta el estudio.
El informe detalla que algunas de las candidatas adoptaron estrategias de autoprotección, como limitar su exposición pública o reducir el uso de redes sociales, otras denunciaron abiertamente o buscaron apoyo en redes de confianza, pero prácticamente nunca utilizaron mecanismos formales de denuncia.
Recomendaciones
Las responsables del estudio aseguran que los hallazgos demuestran que “la violencia contra las mujeres en política constituye una grave amenaza para la inclusión democrática y la igualdad de género en Uruguay”, que debe ser abordada por el Estado, los partidos políticos, las autoridades electorales, los medios de comunicación y las plataformas digitales.
Ante este escenario, deslizan recomendaciones para fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta, como “mejorar la recopilación de datos y la coordinación institucional”; “desarrollar procedimientos claros de queja y rendición de cuentas”; “promover la adopción de protocolos y medidas de prevención en los partidos políticos”; “abordar la violencia en línea”; y “avanzar en reformas legales y políticas alineadas con los estándares regionales e internacionales”.