El Congreso de Colombia aprobó el miércoles el proyecto de ley “Niñas sin ablación”, una iniciativa que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina, una práctica que persiste en algunas comunidades del país. Así, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica para prohibir esta forma de violencia de género, considerada una violación grave de los derechos humanos debido a las consecuencias físicas, psicológicas y reproductivas que genera en las niñas y mujeres.
La discusión legislativa empezó en 2024, cuando se presentaron varias iniciativas en la Cámara de Representantes para prohibir la mutilación genital femenina en el país. Ante este panorama, se construyó un solo proyecto, impulsado por diputadas de distintos partidos: Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Carolina Giraldo (Alianza Verde) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico). Tras varios intentos legislativos en períodos anteriores y reiterados aplazamientos en el orden del día, el proyecto logró avanzar el año pasado, cuando fue aprobado en la cámara baja, y esta semana culminó el trámite con la sanción en el Senado. Ahora solo falta la sanción del presidente para convertirse en ley.
La Organización Mundial de la Salud define la mutilación genital femenina como todo procedimiento que consista en la extracción parcial o total de los genitales y otras lesiones de estos órganos por motivos “no médicos”.
La norma aprobada en Colombia no se enfoca en una estrategia punitiva, sino que busca construir una política pública nacional para prevenir, atender y erradicar esta práctica desde un enfoque intercultural, de salud pública y de derechos humanos, mediante herramientas de educación y de trabajo conjunto con las comunidades donde todavía está arraigada. Con ese objetivo, establece cuatro grandes componentes: la formulación de una política pública nacional para combatir esta práctica; la implementación de rutas integrales de atención en salud para las víctimas; el desarrollo de estrategias pedagógicas y de sensibilización en los territorios, incluidas acciones en lenguas propias, y el fortalecimiento de los sistemas de información para identificar, registrar y hacer seguimiento a los casos, según consignó el periódico colombiano El Tiempo.
La ley también contempla mecanismos de protección para las víctimas, capacitación del personal de salud, protocolos obligatorios de atención y sistemas de reporte con medidas de confidencialidad. El texto legislativo establece que el gobierno tendrá un plazo de 12 meses para formular la política pública, que deberá elaborarse en conjunto con líderes de comunidades indígenas.
Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 204 casos de mutilación genital femenina en Colombia; 89 ocurrieron solo en 2023, informó El Tiempo, citando cifras que fueron presentadas durante el trámite legislativo. Más de la mitad de las víctimas, 56,04%, eran niñas de entre 0 y 5 años y, en algunos territorios, hasta 70% de los casos correspondía a bebés de menos de 1 año, lo que deja en evidencia el impacto que tiene esta problemática en la primera infancia. De todas formas, según organizaciones como la Fundación PLAN –que viene impulsando la prohibición de esta práctica desde hace años–, existe un alto subregistro.
De acuerdo con la organización internacional Equality Now, se ha documentado la práctica en al menos 94 países, aunque solo 59 disponen de marcos legales específicos para abordarla.
