Una imagen tomada desde el espacio puede convertirse en un mapa para encontrar una zona inundada, detectar los efectos de un desastre o monitorear una actividad ilegal. Pero para que esa información sea útil no alcanza con que los satélites existan: también importa quién puede acceder a sus datos, bajo qué condiciones y para qué fines.
En momentos en que el gobierno uruguayo envió al Parlamento un proyecto de política espacial, el director senior de programas de la organización Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) y director regional del Open Mapping Hub para América Latina y el Caribe, Fabrizio Scrollini, planteó a la diaria que Uruguay tiene la “oportunidad” de incorporar una mirada de bien público al desarrollo de su política aeroespacial y facilitar el acceso a imágenes satelitales para quienes más las necesitan.
Scrollini, doctor en ciencias políticas por la London School of Economics and Political Science y cofundador de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), viene trabajando en HOT, una organización que utiliza datos geoespaciales abiertos y herramientas de OpenStreetMap (un mapa digital colaborativo y abierto) para apoyar la prevención y respuesta ante desastres. Dentro de esa estructura, el Open Mapping Hub para América Latina y el Caribe funciona como un espacio regional destinado a impulsar y fortalecer comunidades de mapeo abierto y el uso de datos geoespaciales en los países de la región.
Para Scrollini, la discusión sobre la política espacial uruguaya debería incorporar precisamente esa dimensión. Consideró “deseable” que Uruguay incluya “consideraciones de bien público”, especialmente en torno al uso de imágenes satelitales con fines humanitarios y para responder ante desastres naturales. A su entender, esto incluso podría contribuir a mejorar el acceso a esas imágenes a nivel global frente a una “situación bastante compleja”, ya que el mercado aeroespacial está compuesto por “pocos actores que controlan los satélites y toman decisiones, muchas veces en nombre de todos nosotros”.
A esa concentración se suma una segunda dificultad: “existe una falla de mercado en el mundo satelital y en el mundo de los proveedores satelitales”. Los modelos comerciales están, en general, “optimizados para clientes vinculados a la defensa” y responden a otros incentivos.
Pero también identificó una tercera dimensión, vinculada con lo que definió como una “falla moral”: quienes más necesitan estos satélites o se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad no necesariamente tienen acceso a sus imágenes. “Hay más de 1.000 satélites en órbita y casi ninguno, por no decir ninguno, está diseñado para un uso de corte humanitario”, señaló.
Las acciones del gobierno
A principios de setiembre, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, presentó los lineamientos de un proyecto de ley sobre política espacial que ya está redactado y que será enviado al Parlamento ni bien tenga el visto bueno del presidente Yamandú Orsi.
En conferencia de prensa, fundamentó que definir una política de este tipo es importante “no solo desde el punto de vista de defensa y seguridad nacional”, sino también para desarrollar “una industria nueva”.
A finales de enero, Pablo Siris, quien lidera la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, anunció, en diálogo con la diaria, que Uruguay instalará un polo de tecnologías espaciales y será uno de los pocos países en contar con un radiotelescopio.
El polo se instalará en la Estación Terrena Satelital con que cuenta Antel en el barrio Manga. El próximo lunes las autoridades firmarán el convenio marco para la creación, implementación y desarrollo de la iniciativa.
Imágenes satelitales para responder ante desastres
El trabajo de HOT parte de una premisa sencilla: para responder ante una emergencia primero hay que saber qué hay en el territorio y dónde está. Las imágenes satelitales permiten obtener esa información y, mediante el trabajo de comunidades y organizaciones, transformarla en mapas abiertos que pueden utilizar los equipos de emergencia, los gobiernos y otros actores.
En ese marco, la organización desarrolla los Mapatones Nacionales Anuales Anticipatorios, en los que voluntarios, universidades e instituciones mapean zonas vulnerables antes de que ocurra un desastre. El objetivo parte de una premisa sencilla: para responder ante una emergencia primero hay que saber qué hay en el territorio y dónde está. Las imágenes satelitales permiten obtener esa información y transformarla, mediante el trabajo de comunidades y organizaciones, en mapas abiertos que pueden ser utilizados por equipos de emergencia, gobiernos y otros actores.
El especialista explicó que HOT trabaja en respuestas ante desastres naturales y situaciones humanitarias, como las que se han producido en Venezuela, Colombia, Gaza, Sudán y Sudán del Sur. En esos escenarios, sostuvo, el acceso a imágenes satelitales resulta clave porque permite obtener datos sobre el terreno que luego pueden ser traducidos en mapas con información accionable para los equipos de respuesta y para quienes participan posteriormente en la reconstrucción.
“Actualmente, esas imágenes son provistas ocasionalmente por empresas privadas que cuentan con servicios satelitales y que, en algunos casos, ofrecen de buena fe imágenes sobre las que podemos trabajar. El problema es que esa situación es muy puntual y depende de cada caso”, afirmó.
Por eso, consideró que Uruguay podría impulsar un mecanismo más estable. En los terremotos de Venezuela y Colombia, señaló, HOT recibió imágenes proporcionadas por empresas, algo que valoró, pero advirtió que “no es una solución de largo plazo”. En su opinión, sería positivo que Uruguay, por su “orientación hacia lo público y hacia lo universal”, promoviera el acceso gratuito a estas imágenes con fines humanitarios y permitiera su “reutilización libre”.
La importancia de contar con esa información está directamente vinculada con la capacidad de respuesta. “Básicamente, cuanto mejor estén mapeados estos incidentes y estos lugares, más fácil será la respuesta y mayor será el potencial para salvar vidas y reconstruir rápidamente los lugares afectados”, afirmó.
El uso público de las imágenes no debería limitarse, además, a las situaciones de emergencia. Scrollini mencionó como ejemplo las zonas costeras vulnerables y las áreas potencialmente inundables de Uruguay, particularmente aquellas que pueden verse afectadas por fenómenos vinculados al cambio climático. A su entender, sobre esos territorios el Estado debería disponer de información que, “en principio”, debería ser de naturaleza pública.
También señaló otros posibles usos, como el monitoreo de la pesca ilegal y determinados fenómenos ambientales.
El Estado no debería ser un jugador neutral
En ese contexto, valoró que Uruguay desarrolle una política aeroespacial y que aumente la cantidad de empresas vinculadas al sector, porque eso podría contribuir a corregir una falla de mercado, atraer capacidades y fomentar la industria local. Pero consideró necesario que el Estado participe activamente en la definición de las condiciones de esos proyectos.
“Ojalá sean empresas que vengan del sur y que también tengan determinadas capacidades que puedan fomentar la industria local”, afirmó.
En particular, planteó que el Estado debería prestar atención a las condiciones de licenciamiento y, cuando participe en proyectos, poder establecer condiciones vinculadas al acceso a los datos. Esto no implica que toda infraestructura deba estar necesariamente condicionada a que sus datos sean abiertos, pero sí que el Estado pueda exigir determinadas condiciones en los proyectos en los que participe, aclaró.
“El Estado no debería ser un jugador neutral”, sostuvo, porque puede “imponer para bien condiciones de partida” y favorecer que los datos que necesitan los sectores más vulnerables efectivamente lleguen a ellos.
En ese proceso también adquieren importancia los intermediarios. Scrollini señaló que organizaciones como HOT, junto con otros actores del sector privado y de la sociedad civil, pueden colaborar con los gobiernos para transformar los datos en información accionable. Los Estados, explicó, no siempre cuentan con las capacidades necesarias de análisis o implementación, mientras que existen organizaciones capaces de convertir esos datos en herramientas útiles.
Uruguay puede impulsar una alternativa regional
Actualmente, existen algunos mecanismos internacionales para facilitar el acceso a información satelital, entre ellos la Carta Internacional: Espacio y Grandes Desastres. Sin embargo, Scrollini consideró que países como Uruguay podrían promover soluciones alternativas.
“Países como Uruguay, que tienen la tradición de pensar el bien público y también de pensar dentro de la red y de las reglas internacionales, pueden promover soluciones alternativas que ayuden a resolver estas tres fallas que mencionaba: las fallas de mercado, las fallas de bienes públicos y las fallas morales que existen hoy”, afirmó.
Para Uruguay, el especialista identificó “tres grandes oportunidades”. La primera es desarrollar una industria espacial con estándares técnicos, condiciones de inversión y capacidad para atraer talento regional y desarrollar capacidades propias.
La segunda consiste en ingresar al sector con incentivos diferentes y una visión de bien público sobre la actividad aeroespacial, especialmente en relación con el uso de imágenes satelitales para determinados fines. “Sería una propuesta pionera y una primera señal interesante para corregir un mercado que enfrenta serios desafíos, particularmente para quienes son más vulnerables”.
Y la tercera oportunidad es pensar esto de una forma sostenible. Muchos de estos desarrollos a veces no consideran aspectos de sostenibilidad y ambientales. “Uruguay podría demostrar que es posible desarrollar esta actividad de otras maneras”.
En definitiva, sostuvo que la oportunidad para Uruguay excede el ámbito nacional y regional. “No es solo a través de una ley, sino a través de una comunidad de gente, de quienes ponen dinero y de quienes aportan capacidad técnica”, afirmó. En ese proceso, Uruguay podría contribuir a “democratizar los datos y también el acceso a ellos y su uso por parte de quienes más los necesitan”.
Scrollini indicó que HOT ya tuvo “algún contacto inicial” con el gobierno uruguayo y expresó su expectativa de poder aportar al proyecto de política espacial enviado al Parlamento. También señaló que esperan conversar con otros actores del sector para avanzar en estos puntos y que Uruguay pueda desarrollar un marco “innovador y de vanguardia que contribuya con el bien público a nivel global”.
