En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda este martes por la Rendición de Cuentas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, realizó una extensa exposición en la que reiteró la idea de avanzar en un proyecto de ley que habilite los allanamientos nocturnos, porque la Policía de noche es “ciega, sorda y muda”; defendió la ley de urgente consideración (LUC) y el “respaldo” que le brinda al accionar policial, y rechazó a quienes cuestionan las cifras de delitos de la cartera.
El ministro dijo que se manejan distintas opciones para habilitar los allanamientos nocturnos y mencionó como ejemplos las propuestas legislativas del senador nacionalista Carlos Camy y del diputado colorado Gustavo Zubía. “Hay iniciativas sobre el allanamiento nocturno de todos los partidos políticos, lo que nos acerca a buscar un punto de encuentro”, añadió, y adelantó que tras la votación de la Rendición de Cuentas quiere ser recibido por todas las bancadas para discutirlo. Según dijo, es necesario “evitar que en la noche prolifere la delincuencia y se sienta impune, en el marco del sagrado inviolable, que es el hogar”.
Heber valoró las iniciativas presentadas, pero sostuvo que es necesario generar consenso para tener las mayorías suficientes para aprobar una ley interpretativa de la Constitución, que establece en su artículo 11 que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
El objetivo, dijo, es que “el Poder Judicial, con las debidas garantías, con el juez, pueda tener esa oportunidad de una herramienta indispensable”. “No recuerdo que haya otro país en el mundo, salvo Portugal, que tenga esta misma disposición que tenemos nosotros en la Constitución, que viene de 1830 y que, según me dicen los que saben más que yo, obedecía a otra circunstancia, sobre todo a que no había alumbrado público”, apuntó.
Las vacas y los delitos
Desde el Frente Amplio se ha cuestionado al Ministerio del Interior por atribuir la disminución de los delitos a su gestión, sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, así como se han criticado los criterios a la hora de sistematizar las denuncias.
En su comparecencia ante la comisión, Heber defendió las cifras de los delitos que brinda el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y manifestó que estas se adecuan para poder hacer una comparación con el pasado, de forma de tener “cifras objetivas”.
Para ejemplificar su afirmación se refirió a lo que sucedió con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, quien fue formalizado como presunto autor de cinco delitos, entre ellos, el delito de faena clandestina, venta y transporte de ganado.
En la audiencia de formalización, el fiscal declaró que al vecino de Pereira le habían matado dos vacas y el imputado se comunicó con el director de la Guardia Rural para que no les tomara la denuncia, porque se trataba de “dos abigeatos más”, y explicó que si no a fin de año “los matan con los números”.
“Se ha tratado de poner en cuestión el número del Observatorio porque no reportó dos vacas que no habían sido robadas, o sea, que no tenían que estar consideradas como abigeato, sino en función del daño, ya que las dos estaban muertas. Y el agente no reportó producto de la orden que tenía del tercero en mando de la Policía el daño de dos vacas. No se puede cuestionar todo el Observatorio en función de lo sucedido por presiones jerárquicas, donde uno ya está separado del cargo y formalizado, y el agente está con un sumario, producto de que no registró el daño, no el abigeato. No se puede cuestionar todos los números del Observatorio por las dos vacas”, señaló.
En esa línea, dijo que la discusión tiene que ser con los mismos “criterios” de los 15 años anteriores, porque “no nos vamos a entender nunca en el tema si cuestionamos la veracidad de los números con que nosotros nos manejamos”.
La LUC y la Policía
Heber defendió también el marco jurídico que otorga la LUC a la Policía para actuar, como “la legítima defensa; la resistencia al arresto; la circunstancia agravante del encubrimiento; el agravio a la autoridad policial; la autoevasión; el deber de identificarse; la presunción de legítima defensa a la actuación policial o la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos como ser la rapiña, el copamiento y la extorsión”.
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A su juicio, estos artículos le dieron respaldo “jurídico, moral y político” y manifestó que la gente “trabajadora” no tiene inconvenientes en identificarse, e incluso dijo que “agradece que se le pidan los documentos, porque entiende que es la forma” de protegerla. En esa línea, sostuvo que la Policía “trabaja tranquila”, “sabiendo que un procedimiento policial no va a terminar siendo declarado como abuso de funciones”, apuntó.
“La Ley de Procedimiento Policial le está diciendo a la gente que tiene que parar, y si no obedece, se la tiene que detener y llevarla para averiguaciones, porque esa es la Ley de Procedimiento Policial, la que dice el ministro, no el policía. Es un error que se diga que mañana un policía comete abuso de funciones cuando, en definitiva, el ministro le está diciendo que tiene que proceder de esta manera, como lo establece la ley. Si no quiere que se diga, hay que cambiar la ley”, sentenció.