La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia el lunes 12 en la que advierten del “preocupante” aumento de los abusos policiales en el último año, según informa este jueves el semanario Búsqueda.

Los abogados que trabajan en el área penal afirman que, luego de realizar un relevamiento entre todos los defensores públicos del país, se constata “un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales”. En particular los profesionales señalan un cambio notorio a partir de la aplicación de la ley de urgente consideración (LUC), que les brinda a los policías mayor autonomía y respaldo.

Entre los puntos que resaltan los abogados y señala el semanario se encuentran allanamientos sin orden judicial que se “disfrazan” como inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso “desmedido” de la fuerza frente a niños y daños innecesarios en los hogares.

Al momento de realizar las denuncias formales de estos abusos, los defensores se encuentran con ciertos problemas que también subrayan en la denuncia elevada a la corte. Por ejemplo, aseguran que se encuentran “con el obstáculo de falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte de la investigación que está llevando a cabo”. Además, en muchos casos las víctimas no quieren denunciar por temor a las consecuencias, aún más en el interior, donde frecuentemente conocen a los policías.

Los defensores piden en la carta que se ponga en conocimiento de esta situación no sólo al Ministerio del Interior, sino también a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, porque se ha constatado una falta de atención médica a las personas que llegan heridas o con señales de abuso.

“Es generalizado el hecho de que los imputados no son examinados”, aseguran en la denuncia, y describen el caso de un detenido al que le sangraba la cabeza y el certificado médico decía “un corte”, pero cuando el defensor protestó y lo llevaron al hospital le tuvieron que hacer 14 puntos de sutura en la herida.

Uso desmedido de la fuerza

El texto que presentaron a la corte describe varias situaciones de uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, “específicamente en las detenciones, las inspecciones oculares y los allanamientos”. Aseguran que los policías ingresan a un hogar sin mostrar la orden de allanamiento y les hacen firmar “con base en el abuso del miedo y el desconocimiento de los moradores” el formulario de inspección ocular voluntaria, incluso han llegado a firmarlo estando en la comisaría, además provocan daños materiales y “apuntan con armas de fuego a los habitantes”.

Asimismo, se constata un bajo uso de las cámaras GoPro que deberían llevar siempre prendidas los policías, por lo que los defensores no tienen pruebas para demostrar el abuso.

En los momentos de las detenciones y en el proceso inmediato posterior ocurren maltratos, “incluso cuando no hay ningún tipo de resistencia”, y “coacciones psicológicas y hasta físicas para obtener la declaración del detenido”, aseguran los defensores.

“El uso de la fuerza física desmedida en el momento de llevar a cabo las detenciones por parte de los funcionarios policiales es frecuente, y generalmente son golpeados en determinadas zonas del cuerpo o con mecanismos que no dejan marcas visibles, por ejemplo, poniendo una cuadernola de por medio. Cuando se pone en conocimiento de esta situación a la autoridad policial, se nos plantea que los golpes fueron consecuencia de que el imputado ejerció ‘resistencia al arresto’”, describen en la carta que divulga el semanario.

El papel de la LUC

“Claramente, hay una relación entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la ley” de urgente consideración, aseguró a Búsqueda el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba. Desde su aprobación la Policía tiene un plazo de cuatro horas para indagar un hecho antes de reportarlo a la Fiscalía y en ese plazo es cuando se cometen los principales abusos, según los defensores.

Desde la asociación sostienen que “en el último año se ha detectado un aumento en el uso abusivo de los controles de identidad a las personas de bajos recursos que muchas veces se encuentran en la calle revisando, por ejemplo, volquetas en busca de comida”.

Como la LUC derogó la regulación del control de identidad que establecía el Código del Proceso Penal, ahora “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera”, y si no lo hace puede ser conducida a la seccional. En los controles, aseguran los defensores, muchas veces las personas reaccionan ante esta demanda y los denuncian por “agravio a la autoridad policial”, un delito que también se incorporó en la LUC. “Hay muchas personas que han sido formalizadas —debiendo cumplir prisión— por estas circunstancias”, advierten. Además, los controles de identidad están en la mayoría de los casos “exentos de controles judiciales y ni siquiera llegan a conocimiento de la Fiscalía”, por lo que quedan en el anonimato, subrayan.