La contratación de la empresa Kirma Services por parte del Ministerio de Turismo en 2020, que saltó a la agenda pública por las irregularidades constatadas en 2021 tras la denuncia del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, tuvo varias instancias en Fiscalía, una comisión investigadora y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Este lunes, sin embargo, tuvo otro mojón: el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, decidió archivar la denuncia contra el entonces ministro y actual diputado -luego de su renuncia por este mismo caso- Germán Cardoso.
La Fiscalía continuará investigando otras dos carpetas vinculadas al caso, que podrían tener alguna repercusión sobre el ministro: la actuación del adscripto del ministro, Daniel Reta, que admitió ante la Fiscalía firmar la documentación del ministerio sin leer lo que firmaba, y la del “asesor honorario” de Cardoso, Elbio Rodríguez, quien fue el que presentó a la empresa estonia para que fuera contratada por 280.000 dólares para distribuir publicidad en la web.
En el dictamen, al que accedió la diaria, el fiscal Rodríguez fundamentó su decisión en que los hechos denunciados “no constituyen delito pasible de reproche penal [...] pese a que pudieren constituir, en algunos casos de los historiados, irregularidades de naturaleza administrativa”.
Rodríguez destacó que, en el caso de que de las investigaciones sobre Reta y Rodríguez surgieran nuevos hechos o elementos probatorios que “permitan comprobar una responsabilidad penal de Germán Cardoso”, la causa se retomará. El fiscal dijo que, salvo la prescripción de los delitos o el principio de no juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, no habría impedimento para retomar la causa sobre Cardoso, siempre que esa nueva investigación no se base en los mismos elementos probatorios que la que ya fue archivada.
El fiscal descartó la tipificación de abuso innominado de funciones, prevista en el artículo 162 del Código Penal, al entender que esa tipificación “exige el ejercicio de un abuso del cargo, el ordenamiento o comisión de 'un acto arbitrario', entendido como inmotivado, sin sentido, oscuro, sin fundamento, con pretensiones espurias”, que se realiza “en perjuicio de la administración o los particulares”.
En esa línea, agregó que para actuar con dolo se debe “conocer conscientemente que realiza la conducta prohibida que abusa groseramente de su cargo y que lo hace para obtener un perjuicio que confronta los fines de transparencia y buena administración”, algo que para el fiscal no ocurrió.
Rodríguez sostuvo que de las declaraciones ante la Fiscalía surge que Cardoso, en la conformación de equipos de trabajo y la asignación de roles, “generó un mecanismo, que podría calificarse como altamente inconveniente para el buen funcionamiento de la administración, así como cierta desprolijidad que fue advertida en la instrucción, respecto de las líneas de confianza que se trazaban en el contexto de la gestión ministerial”.
“El resultado lógico”
Jorge Barrera, abogado de Cardoso, sostuvo en diálogo con la diaria que este es el “resultado lógico”, puesto que en las acusaciones no hay temas en juego “desde la órbita penal”. A su entender, “todo lo que está relacionado a gestión” y lo que tiene que ver con “disputas políticas” tienen otros ámbitos para resolverse.
“Al no existir desde un comienzo elementos desde el punto de vista penal relevantes, no podía seguirse adelante con las actuaciones, ya que no se debe politizar asuntos que se deben dirimir en otros ámbitos”, como “en el ámbito político”, y luego “la población en el ámbito electoral, donde dirimirá conveniencia o no de gestión”, sentenció Barrera.
A su juicio, “lo que ha quedado claro es que ninguna de las actuaciones administrativas denunciadas tenía relieve penal”.
”Cardoso estaba al tanto de todos los movimientos del ministerio”
Hernán Bello, abogado que representa a los legisladores del FA que iniciaron la causa, dijo a la diaria que la investigación penal “demostró que existieron varias irregularidades administrativas”, pero que la Fiscalía consideró que esas irregularidades no configuran una tipificación penal, porque no se pudo corroborar que haya existido dolo en la actuación de Cardoso durante el período en que estuvo.
“Discrepamos con ese razonamiento jurídico en base a la prueba que se agregó, por lo que vamos a analizar la posibilidad de pedir el examen, será cuestión de analizar el dictamen”, señaló, aunque advirtió que la decisión está en manos de los legisladores denunciantes.
Bello destacó que la investigación continúa en las carpetas que analiza la contratación de la empresa Kirma y Rodríguez, el “asesor honorario” del ministro Cardoso, y la carpeta que analiza la responsabilidad penal del adscripto del ministro, Daniel Reta.
En esa investigación, se está analizando la aprobación por parte de Reta de la renovación del contrato con Netcom por 500.000 dólares para promoción turística, en plena pandemia y con fronteras cerradas.
El abogado señaló que Cardoso le delegó a Reta atribuciones específicas en materia de contratación de medios. “De ahí es que nosotros sostenemos que a través de Reta actuaba con conciencia y total conocimiento de lo que hacía el adscripto”.
En esa línea, subrayó que hay evidencia tanto testimonial como documental de las atribuciones delegadas a Reta por parte de Cardoso. ”Cardoso estaba al tanto de todos los movimientos del ministerio”, agregó.