Varias víctimas señalaron a Sebastián Mauvezin como el intermediario que coordinaba los encuentros sexuales a cambio de dinero entre el senador Gustavo Penadés y los denunciantes, cuando estos eran menores de edad. Su defensa, que está a cargo del exjuez y abogado Juan Carlos Fernández Lecchini, intentó conocer la identidad de las víctimas, lo cual fue advertido inicialmente por la abogada Soledad Suárez, que representa a varios de los denunciantes en nombre del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y constatado en el documento que realizó la Fiscalía para justificar el desafuero de Penadés al que accedió la diaria.
A partir de que este documento llegó al Parlamento y que trascendió en el sistema político y en los medios de comunicación, hubo varios movimientos. Uno de ellos fue la renuncia de Penadés al Partido Nacional, que llegó tan sólo un día después de que Pablo Iturralde, presidente del partido, dijera que el directorio consideró que las denuncias contra el senador eran “trascendidos” y pidió “no actuar al grito de la tribuna”, lo que fue criticado, entre otros, por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Otro de los movimientos que se dieron durante esta semana fue en el Ministerio de Defensa Nacional, ya que Mauvezin es docente del Liceo Militar desde marzo de 2020. Este lunes, el ministro de Defensa, Javier García, explicó que Mauvezin había vuelto a dar clases “porque en Uruguay, que es un Estado de derecho, existe un principio que es cardinal, que es la garantía de todos, que es la presunción de la inocencia”, y porque “la única institución que puede declarar culpable a una persona es la Justicia”. Además, añadió que desde el ministerio “tenemos que actuar como corresponde y no en virtud de las redes”.
Sin embargo, este miércoles varios medios informaron que el Ministerio de Defensa despediría al docente. García confirmó a la diaria que Mauvezin quedó cesado y explicó que lo que provocó el cambio de decisión fue el documento que envió la fiscal Alicia Ghione al Parlamento con el pedido de desafuero del senador Gustavo Penadés, que permitió saber más sobre el presunto rol de Mauvezin en una posible red de explotación sexual en la que se conectaba a adolescentes con distintos hombres para que fueran explotados y abusados.
Según el documento elaborado por la fiscal, Mauvezin era el “reclutador” de los adolescentes y se encargaba de hacer el contacto con los hombres adultos para concretar los encuentros. El documento plantea específicamente que, “además de amigo personal del senador”, es una de las personas que “contactaba o reclutaba” a personas menores de edad para concretar actos sexuales a cambio de dinero con Penadés. Se explica que esta información fue recabada a partir de diversos testimonios y de otras medidas reservadas, de donde surge que era “el mismo” que buscaba adolescentes “bien jóvenes para el senador”, lo que hacía a cambio de dinero, que recibía en forma manual”.
Pero la Fiscalía afirma que Mauvezin no recibía dinero sólo de Penadés, sino también “de otros hombres para los que realiza el mismo trabajo de ‘reclutador en la explotación sexual de menores de edad’”. Se indica que, en esos casos, cobraba a través de transacciones o transferencias bancarias. Por eso, la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario y la exoneración de la reserva tributaria del indagado para poder reunir evidencia.
Además, se pretende seguir la ruta del dinero, que es una de las técnicas recomendadas para este tipo de investigaciones, según afirmó la Fiscalía, para también identificar a otras personas que pagan por explotar adolescentes, a los efectos de corroborar los testimonios de las víctimas. La jueza Marcela Vargas hizo lugar a este pedido dada la “gravedad” de los hechos que se plantean.
Uno de los medios que utilizaba para contactar a los adolescentes eran las redes sociales, en particular Instagram. Para esto, usaba su cuenta personal, @sebastian mauvezin, que fue cerrada luego de que la primera denunciante del caso, Romina Celeste Papasso, lo expusiera públicamente. También usaba una cuenta secundaria, cuyo usuario era @sebastian_mauvezin 2020. Desde la Fiscalía se pidió la intervención del Departamento de Cibercrimen para poder acceder a la información de los perfiles que fueron dados de baja. Además, se pidió el registro de las IP utilizadas. La Justicia también hizo lugar a estos pedidos de la Fiscalía.
Finalmente, la Fiscalía no descarta que este hecho de elevada connotación pública sea la punta del iceberg de una red de trata, de la que Mauvezin formaría parte, y maneja como opción trasladar la investigación a una Fiscalía especializada en Crimen Organizado.