A pesar de las solicitudes que le hicieron colectivos LGBT y el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo, a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) para que destinara vacantes de contratación a la población afrodescendiente, trans y con discapacidad, este jueves el sorteo del programa Oportunidad Laboral se hizo con un solo bolillero, sin hacer distinciones entre los inscriptos.
El 8 % de los cupos laborales en organismos públicos para las personas afro está estipulado por el artículo 4 de la Ley 19.122, el 1% para la población trans por el artículo 12 de la Ley 19.684 y el 4% para las personas con discapacidad por el artículo 49 de la Ley 18.651.
El sorteo se realizó a las 9.00 y fue transmitido en vivo por la página oficial de la IDM, por Antel Vera y en Facebook Live. De un listado de 10.959 inscriptos se seleccionó a 818 distribuidos proporcionalmente en las distintas localidades del departamento: 472 en Maldonado, 140 en San Carlos, 70 en Piriápolis, 66 en Pan de Azúcar, 40 en Punta del Este 12 en Solís, 10 en Aiguá y ocho en Garzón.
La primera carta fue enviada este lunes por parte de varios colectivos LGBT del país que exhortaron a la IDM a cumplir con el 1% de los cupos laborales para las personas trans, establecido por Ley Integral para Personas Trans. De los 15.000 jornales solidarios de todo el país, 150 debían destinarse a la población trans.
Los colectivos manifestaron su preocupación por los dichos del intendente de Salto, Andrés Lima, en entrevista con El Observador. En un artículo del 14 de mayo Lima dijo: “Los jefes comunales no tienen una postura en tanto a qué criterios adoptar, pudiendo adherirse a los cupos ya definidos en leyes vigentes orientadas hacia la inserción laboral de personas transexuales, afrodescendientes y discapacitadas”. En la carta advirtieron que estas palabras dejan “entrever un libre albedrío” en la interpretación de las leyes.
Maia López, vocera de la Unión Trans y Disidente de Maldonado (UTDM), señaló que intentó entregar la carta presencialmente en la intendencia este lunes, pero administrativos le indicaron que debía enviarla vía correo electrónico. Hasta ahora no obtuvo ninguna respuesta.
El edil Garlo, del FA, también envió este lunes una carta al presidente de la Junta Departamental para que le hiciera llegar a la IDM la solicitud de cumplir con los cupos laborales de las citadas poblaciones. “Hasta el día de hoy no recibimos respuesta alguna”, comentó Garlo, quien participó del sorteo y aprovechó la oportunidad para consultarle a las autoridades presentes la razón del incumplimiento. “Me manifestaron que se encontraban estudiando el tema con el Departamento de Jurídica”, contó.
“Hemos denunciado en reiteradas oportunidades la problemática que presenta la intendencia en cuanto al incumplimiento de estas leyes y también el Tribunal de Cuentas (TC) lo ha hecho. Hay una interpretación equivocada que plantea que los gobiernos departamentales no están obligados a cumplir con estas leyes y eso no es así. Nos preocupa el incumplimiento porque el Estado se rige por el principio de legalidad”, apuntó Garlo.
La auditoría del TC sobre la rendición de cuentas de la IDM por el ejercicio de 2019 constató múltiples incumplientos legales, entre ellos la contravención de lo establecido por la leyes antes citadas sobre los cupos laborales para la población afrodescendiente, trans y con discapacidad.
Como respuesta a la observación del TC sobre el incumplimiento de la cuota laboral para personas afrodescendientes, la intendencia alegó que “los gobiernos departamentales no estaban obligados a aplicar la Ley 19.122” y que pueden hacerlo “a criterio propio, pero no por imperio legislativo”.
Si bien el incumplimiento de las normativas no trae aparejado sanciones, “personas físicas legitimadas” pueden recurrir a acciones de amparo a través de la vía judicial contra la intendencia, afirmó Garlo. Por otra parte, el edil hizo una salvedad con respecto a la cuota para personas con discapacidad y aseguró que la IDM posee un programa específico para esta población.
Antecedentes de los jornales solidarios
Garlo sostuvo que una iniciativa similar al programa Oportunidad Laboral de Jornales Solidarios fue planteado el 21 de julio de 2000 por el exintendente Óscar de los Santos (en ese momento edil del FA) y no durante el primer gobierno de Enrique Antía, en 2002.
El proyecto el FA se llamaba Plan de Emergencia y, según el acta taquigráfica, proponía crear un sistema de generación de puestos de trabajo “a través de la contratación inmediata de 1.000 trabajadores calificados y no calificados distribuidos proporcionalmente por localidad, para la realización de tareas como forestación, preparación de la zona costera para la próxima temporada, limpieza de cunetas, colaboración con instituciones del Estado (escuelas, liceos, hospitales, etc,)”. El costo previsto era de 1 millón y medio de dólares durante un período de tres meses y la selección debía realizarse por sorteo.
“Hoy (durante el sorteo) escuché al intendente y al presidente de la Junta Departamental decir que era una iniciativa de Antía en su primer gobierno de 2002. En la sesión del 28 de julio de 2000 se discutió el proyecto del FA y el Partido Nacional lo rechazó: dijeron que no era necesario. En 2002, cuando la crisis se comenzó a manifestar de forma profunda, el intendente recogió la iniciativa y la empezó a aplicar”, recordó el edil.
Si bien Garlo expresó que celebra que la coalición multicolor lleve a cabo la iniciativa debido a la situación de emergencia que se vive en el país, consideró necesario recalcar que la propuesta que hizo el FA en 2000 fue el resultado de un trabajo mancomunado entre ediles, comisiones vecinales, sindicatos y organizaciones sociales.