Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y sus asesores se presentarán el miércoles 13 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados para explicar las razones por las que, a partir del lunes 11, se suprimirán los juzgados en materia civil, penal y laboral de San Carlos.
La votación de los legisladores para convocar a la Corte se realizó a instancias de los representantes del gobierno de coalición por Maldonado -conocidos como Bancada Maldonado- y llegó un mes después de que le rechazaran un planteo similar al diputado frenteamplista por el departamento, Eduardo Antonini.
“El tiempo nos dio la razón. Institucionalizar en el ámbito parlamentario la búsqueda de soluciones es el camino democrático, participativo y transparente para revertir las decisiones tomadas”, señaló el diputado en sus redes sociales. Paralelamente, informó que le solicitó al presidente de la comisión, Ope Pasquet, que se cite a la Red Social de San Carlos y a las organizaciones involucradas.
La presencia de las jerarquías del Poder Judicial (PJ) en la comisión se concretará tras largas semanas de choques mediáticos, entre la Bancada Maldonado y Antonini, en torno a las gestiones de una y otro para evitar el cierre de las sedes. Por extensión, el enfrentamiento también se ha dado entre oficialistas y opositores en la Junta Departamental (JDM).
Ellos solos
El debate más reciente ocurrió el martes 5 cuando el Partido Nacional (PN) puso a votación de la JDM una nota en rechazo a la decisión adoptada por la Corte el 21 de noviembre, similar a un comunicado que emitió días antes la Bancada Maldonado.
En su texto, el oficialismo consideró que la medida de cierre “va en contra de la lucha” de la población carolina para conseguir las sedes, “desconoce las múltiples reuniones de la Bancada Maldonado” con la presidenta de la Corte, Doris Morales, y “el avance” alcanzado por sus legisladores al conseguir un local para los consultorios del Instituto Técnico Forense, como había solicitado la jerarca en el marco de las conversaciones.
La bancada del Frente Amplio (FA) pidió modificar la redacción de la nota para que también se reconociera la gestión del diputado Antonini, y para que los tres partidos políticos con representación en la JDM dieran un mensaje conjunto. “Sería un pronunciamiento claro del sistema político respecto a un tema que generó el trabajo mancomunado de todos los partidos y de la sociedad”, puntualizó el coordinador del FA, Joaquín Garlo.
Sin embargo, el PN se opuso a tal moción tras recordar que los diputados de la coalición fueron tratados de mentirosos por Antonini y por la Mesa Política del FA departamental. “Lo que busca el FA es lavarse las manos, ocultar las falsas acusaciones. Por eso no aceptamos”, argumentó el coordinador nacionalista, Adolfo Varela.
Al barro
Garlo dijo que el planteo del FA buscaba “dar una señal política” a la sociedad de Maldonado, que “está cansada de este tipo de rencillas absolutamente ridículas”. Entonces, lamentó el “bloqueo” del oficialismo a “la posibilidad de un pronunciamiento republicano y democrático” de la Junta, en el marco de “un intento sistemático por invisibilizar el trabajo del FA” en el caso.
“Si para defender el trabajo propio hay que denostar el trabajo de los demás, es porque hay un problema de inseguridad muy grande o porque hacen política en el barro”, fustigó.
La alegoría del fango también permeó en el discurso de la frenteamplista Ana Antúnez: “Era una linda oportunidad para elevar un poco la discusión política y no seguir buscando en el lodo quién hizo más o menos. Era una buena ocasión para demostrarle a la gente que gobernamos para ella y con ella. Parece que estamos en eterna campaña política”, lamentó la edila, quien además recordó el trabajo de la red social carolina en la recolección de firmas contra el cierre de las sedes.
Tras aclarar que el momento imponía romper con su criterio de evitar las confrontaciones, la edila y pareja del diputado Antonini, Adriana Costa, dio su punto de vista sobre el debate: “Tratamos por todos los medios de superar cuestiones políticas, de que la JDM dé señales de madurez política y, permanentemente, algunos ediles van al barro”, afirmó, y defendió la gestión de Antonini al primerear al oficialismo en el Parlamento.
De molinos
“¿Quién puede llevar agua para su molino si nadie pudo evitar el cierre? ¿Quién puede ganar algo en esto? Acá perdimos todos. No sé qué estamos discutiendo”, dijo a su turno el nacionalista Christian Estela.
Desde la bancada del FA, Fermín de los Santos le pidió que no se hiciera el distraído y aclaró “cómo se juega en política”: “Claro que llevan agua al molino. Quienes decidieron dar un presupuesto miserable y vergonzoso al PJ fueron los legisladores de la coalición de gobierno. Ahora votan una nota para la opinión pública pero no votaron los recursos. Es muy claro que el PN tiene que ser conteste a lo que sucedió en Montevideo, por eso no quiere votar la propuesta del FA”, apuntó.
A su turno, la edila nacionalista Alejandra Scasso dijo que “el presupuesto del PJ es un tema de la administración pasada, donde no gobernaba la coalición”, y recordó que la SCJ emplea un sistema de distribución por el cual “mira la cantidad de expedientes de cada juzgado y suprime los que tienen menos”.
En medio del chisperío intervino la exintendenta Susana Hernández: “La Red Social de San Carlos opina que las rencillas y los réditos políticos que se buscan para un lado u otro le hacen mucho mal a la política. La red está un poco molesta porque se buscan réditos político-partidarios y no políticas públicas”. También recordó que la organización social que ella misma integra está compuesta por personas de todos los partidos políticos, de todas las religiones y por ateos, por lo cual “una nota conjunta de rechazo sería una muy buena señal de la JDM para la red”.
Al cabo de una hora de debate el oficialismo hizo pesar su mayoría, la nota del PN se aprobó tal como ingresó, y las bancadas se entregaron a asuntos menos ríspidos.