“Hay una impunidad tremenda o hay negociados internos”, evaluó la diaria la activista Déborah Díaz, referente del Grupo de Protección Arroyo Zanja Honda y del Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana de la Red Ambiental de Piriápolis y Alrededores (APA). Es que, aun con permanentes reclamos y denuncias fundamentadas con asesoramiento legal ante la Intendencia de Maldonado (IDM), el Municipio de Piriápolis y el Ministerio de Ambiente (MA), dicen que el daño sobre el ecosistema del arroyo Zanja Honda, a la altura de Playa Grande, no cesa.
Los casos más preocupantes están vinculados con el desarrollo de fraccionamientos con destino residencial. Para el grupo de vecinos y vecinas que integran las citadas organizaciones, el caso más reciente y más grave se generó a principios de mayo en tres padrones (6346, 6347 y 6348) que bordean el arroyo, donde particulares rellenan el humedal con escombros y otros materiales. Según confirmaron en la dirección de Urbanismo de la IDM, avanzan las obras de un fraccionamiento del que no hay registro oficial. “Llamamos a preguntar cuáles son los permisos, y no tienen absolutamente nada”, señaló Díaz.
La situación fue advertida a principios de mayo pasado al municipio, pero al cabo de llamadas y comunicados, los vecinos terminaron planteando una denuncia formal el 23 de mayo. Se abrieron expedientes en la IDM, en el Ministerio de Ambiente y en la seccional 11ª de Piriápolis. Trascartón, el área de Urbanismo comunicó que “no hay ningún trámite de fraccionamiento para esa zona” y el Municipio de Piriápolis envió un inspector con la orden de detener las actividades.
Sin embargo, las máquinas siguieron operando ante un policía y el inspector asignado. Ese mismo día, llegaron a observar las tareas denunciadas y el inspector extendió a los operarios “un boleto de pare de obra”. De acuerdo a los denunciantes que estaban en el lugar, el policía se negó a hablar con ellos y habló con los obreros sin siquiera bajar del patrullero. “Las autoridades se retiraron, con la máquina y el camión actuando de forma ilegal e impune. Esto es algo nuevo para nosotros, porque en otros casos, cuando se dio la orden, pararon”, lamentó Díaz.
En vista de que los trabajos continuaron día tras día, el pasado jueves 4 la agrupación amplió la denuncia ante la IDM y el MA. A esa fecha, los vecinos abocados a vigilar la zona habían contado unos 60 viajes de camiones con material de relleno, pero ahora estiman que son cien. “Sólo el jueves contamos diez más”, comentó Díaz.
Según el escrito al que accedió la diaria, el Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana reclamó a la comuna “la inmediata” inspección de “las obras irregulares -escombros apisonados al borde de la ribera- que continúan sin las autorizaciones pertinentes”, y la presencia de los organismos involucrados. Acusan por “desacato a la autoridad pública e incumplimiento de normativas administrativas y legislación ambiental” a los dueños de la tierra, así como “la omisión de funciones por parte de inspectores y oficiales”, que debieron exigir la detención de las obras.
A su juicio, esto produce una “afectación socioambiental que degrada una zona natural buffer y de vulnerabilidad ecológica, que actúa como filtro de la contaminación urbana de aguas que desembocan en una de las playas más convocadas de la zona”. Al mismo tiempo, observan con preocupación la afectación de un barrio ubicado en la ribera opuesta, donde se producen inundaciones “o tres veces al año” y el agua llega “a una altura de 40 centímetros” dentro de las residencias.
“Cualquier afectación que comprometa el libre fluir de la corriente acentuará las inundaciones del entorno, generando un alto costo económico para las familias que padecen este tipo de fenómenos cada vez más nocivos, que ponen en riesgo su salud y la supervivencia de sus hogares”.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente que no dan abasto
A fines de abril de 2023, el colectivo de vecinos denunció ante varios organismos públicos la depredación del humedal del mismo arroyo, el desmalezamiento del monte nativo y la apertura de calles para un fraccionamiento, sin aparente autorización, a unas diez cuadras de la desembocadura en Playa Grande. Entonces, enfatizaron que distintos informes de la IDM, estudios de Hidrodinámica del Centro Universitario Regional Este y de la Universidad de la República “advierten sobre la fragilidad que tiene esta zona con el tema inundaciones”.
Los movimientos continuaron durante meses hasta que, este año, se ordenó parar las obras. Según Díaz, la insistencia de los vecinos llevó a que, hace un mes, más de un año después de radicada la denuncia por este caso, dos funcionarios del MA se presentaran a inspeccionar el padrón en cuestión. En esa oportunidad, uno de ellos comentó que reciben cientos de denuncias de distintas partes del país y que no dan abasto a cubrirlas, remarcó la activista y confirmó este medio en un audio de la conversación con los vecinos.
Coincidentemente, en una carta enviada al presidente Luis Lacalle Pou, los trabajadores del ministerio lamentaron “que los recursos materiales, así como herramientas y equipamientos”, resultan “insuficientes” para cumplir con sus “cometidos y dar respuestas a las demandas de la sociedad”. Para la Red APA, esa es una realidad confirmada.
Un área para sistematizar denuncias
“En general, las denuncias que presentamos no se mueven. Quedan ahí, en un limbo, y nadie va a inspeccionar si no insistimos y fundamentamos. En el pensamiento popular está la idea de que quien tiene un terreno puede hacer lo que quiere, pero hay legislación y hay trámites a seguir antes de intervenirlo. Eso es lo que queremos hacer valer. Las denuncias no son quejas, son fundamentadas”, enfatizó Díaz.
A raíz de los casos de Zanja Honda nació de la Red APA el Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana. Integrado por “un pequeño grupo de técnicos y especialistas que trabajan de forma voluntaria”, ya no sólo asesora a la gente de Piriápolis y sus alrededores: ha pasado a ayudar a organizaciones de otros puntos del país.
Según el caso, relevan “información compleja” en cuanto a la legislación vigente para fundamentar las denuncias que plantean; además, sistematizaron la información sobre cómo tramitar la denuncia. “No sólo es insistir con llamados y comunicados, ni cartas al municipio o el área de ambiente de una intendencia”, advirtió la activista.
Zona de conflictos
El Grupo de Protección Arroyo Zanja Honda elaboró, recientemente, un mapa de los problemas ambientales en la zona. “La gente se empodera y está visualizando eso que es un deterioro de años, está más atenta y colabora”, señaló Déborah Díaz.
El mapa marca ocho puntos del arroyo afectados en los últimos tiempos, como una sumatoria de problemas que "vienen arrasando la zona", dijo la activista. La mitad se refieren a la mencionada “destrucción de humedales para un fraccionamiento ilegal”, el “relleno del borde del arroyo y destrucción de monte nativo”, la “inundaciones y afectaciones a viviendas por falta de planificación territorial” y la “destrucción de humedales en la desembocadura del arroyo por parte del municipio”.
Los restantes problemas identificados por los técnicos marcan la “falta de saneamiento y contaminación del agua por pozos negros” y las quemas periódicas, tanto en el vertedero municipal de Piriápolis como en el predio de un chatarrero ubicado junto a la Ruta 37. En estos casos, los vecinos denunciaron que la emanación de humo tóxico afectó a residentes en varios kilómetros a la redonda.
En particular, reclamaron medidas urgentes para evitar las quemas en el vertedero municipal. Según Díaz, los vecinos no han reportado nuevos casos "últimamente". Desconoce si es casualidad o si, efectivamente, las autoridades adoptaron las medidas solicitadas.