La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentará una denuncia penal e inicia un sumario administrativo con retención del 50% del sueldo y suspensión preventiva al exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, cesado en abril, tras constatar “la existencia de un volumen sustancial de consejerías pendientes acumuladas correspondientes a donantes con resultados serológicos reactivos en el período comprendido entre los años 2017 y 2026, lo que evidencia la persistencia y progresivo agravamiento de la situación”, según consignó Búsqueda y confirmó la diaria al acceder a la resolución fechada el 23 de julio, firmada por el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y la vicepresidenta, Marcela Cuadrado. La consejería consiste en informar al donante la existencia de un marcador serológico reactivo mediante una entrevista confidencial, en la que se recaban los antecedentes clínicos, se evalúa tratamiento tras estudios a realizar para confirmar presencia de enfermedades transmisibles y se brinda información sobre medidas preventivas.
Asimismo, indica que “la omisión o demora prolongada en la realización de las consejerías privó a los donantes afectados de la posibilidad de conocer oportunamente resultados de significativa relevancia sanitaria, confirmar o descartar una eventual enfermedad transmisible”, así como acceder a controles y tratamientos y adoptar medidas preventivas destinadas a evitar su eventual transmisión a parejas, convivientes o hijos.
ASSE decidió ampliar la investigación administrativa para “determinar eventuales responsabilidades en cuanto a la omisión de denunciar los atrasos en la realización de las consejerías por parte de funcionarios del Hemocentro Regional de Maldonado”, según se deriva del extenso informe del 21 de julio de este año, al que accedió la diaria, firmado por la encargada de la Dirección Jurídica Notarial de ASSE, la doctora Mariel Nario.
En ese documento se indica que las irregularidades constatadas “no constituyeron hechos aislados ni decisiones adoptadas autónomamente por funcionarios subalternos, sino que respondieron a modalidades de funcionamiento implementadas y sostenidas durante la gestión del Dr. Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro”, comprendida entre el 20 de octubre de 2009 y el 23 de abril de 2026.
Curbelo se limitó a decir que se enteró de la denuncia por los medios de comunicación y que no ha sido notificado, y que evalúa hacer una conferencia de prensa o comunicado para dar su parecer.
1.015 consejerías médicas pendientes entre 2017 y 2026
Según la investigación administrativa iniciada el 11 de mayo por ASSE, a la que accedió la diaria, un informe del 15 de julio de 2026 arrojó que hubo “1.015 consejerías pendientes por donaciones entre 2017 y 2026”. Además, el atraso en la realización de las consejerías, fue “principalmente respecto de donantes provenientes de jornadas externas de donación realizadas mediante el Hemobus”, según la valoración conjunta de testimonios de funcionarios, registros del sistema Sissan Web e informes del Laboratorio de Enfermedades Transmisibles del hemocentro entre 2021 y 2023.
Asimismo, “quedó acreditado que la existencia de dicho atraso era conocida por la Dirección Técnica” y, según coincidieron diversos testigos consultados, donantes con consejerías pendientes “eran nuevamente habilitados para donar por expresa autorización verbal del Dr. Jorge Curbelo”, lo cual fue comprobado con las pruebas documentales, así como en la conversación mantenida por Whatsapp entre Curbelo y otra funcionaria, en agosto de 2022. Siete donantes figuraban con la condición “rechazado por sistema”, debido a “la existencia de una o más consejerías pendientes originadas en marcadores serológicos reactivos correspondientes a donaciones realizadas entre 2018 y 2024, vinculadas a hepatitis C, enfermedad de Chagas, HTLV I/II, sífilis, entre otras patologías”.
Sin embargo, según la investigación, “no implicó la utilización transfusional de hemocomponentes potencialmente contaminados”, sino que los componentes “continuaban siendo sometidos a los estudios serológicos correspondientes y aquellos cuyos resultados eran reactivos eran descartados, por lo que no se acreditó la existencia de un riesgo transfusional para los receptores”. No obstante, con base en el marco normativo vigente y de las explicaciones brindadas, la consejería “constituye una prestación asistencial esencial cuya finalidad excede la protección de la seguridad transfuncional”.
Se concluye que durante un largo período hubo una “omisión sistemática” en la realización de consejerías médicas, “situación que fue reiteradamente advertida [por varios testigos] a la Dirección Técnica sin que se acreditara la adopción de medidas eficaces para su regularización”; incluso en un informe de noviembre de 2021 del Laboratorio de Enfermedades Transmisibles “se comunicó formalmente la existencia de 356 consejerías pendientes”, correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2021. La omisión pudo ser corroborada con pruebas documentales y testimoniales de trabajadores del hemocentro.
Según indica la investigación, en uno de los registros clínicos incorporados al expediente consta que Curbelo “habría dispuesto no realizar las consejerías correspondientes a años anteriores a 2023, archivándolas, y efectuar únicamente aquellas relativas a las historias de donación en los últimos tres meses de 2022 y las generadas a partir de 2023”.
Procedimiento de plaquetoaféresis
Otro de los objetos de la investigación buscó determinar si los procedimientos de plaquetoaféresis –de los cuales se obtienen concentrados de plaquetas directamente de un único donante– se ajustaban a la secuencia prevista en la normativa técnica vigente y en los procedimientos operativos estandarizados (POET), en cuanto a la realización previa de los estudios necesarios para establecer la aptitud del donante. El POET DON 02 establece que la aptitud del predonante “debe determinarse previamente a la programación de la aféresis, requiriendo la realización del hemograma, el recuento plaquetario y los estudios inmunohematológicos y serológicos antes del inicio del procedimiento”.
No obstante, según la investigación, para donantes habituales previamente conocidos por el servicio “se había instaurado una modalidad operativa consistente en conectarlos al equipo de aféresis y obtener las muestras destinadas a los estudios predonación al momento de iniciar el procedimiento, difiriéndose su procesamiento para una etapa posterior”. Las fuentes coincidieron en que “el procedimiento efectivamente aplicado no se ajustaba estrictamente a lo establecido en los POET vigentes, particularmente en lo referente a la realización previa del hemograma y al ingreso de valores reales para la programación del equipo de aféresis”.
Por otra parte, se comprobó que aquellos componentes cuyos resultados resultaban reactivos, es decir, compatibles con enfermedades transmisibles, “eran descartados, sin ser liberados para su uso transfusional”, al igual que el kit descartable utilizado y los restantes recursos insumidos durante el procedimiento. Sin embargo, este proceso “generaba un impacto económico para la administración, aunque no fue posible cuantificar con precisión la magnitud de dicho perjuicio”, sostiene la investigación.
A su vez, indica que la modalidad constatada implicaba “someter al donante a un procedimiento invasivo antes de haber verificado íntegramente los requisitos técnicos establecidos para determinar su aptitud”. Si bien aclara que, “no se acreditaron daños concretos derivados de dicha práctica, ello supone un apartamiento del modelo preventivo previsto para los procedimientos operativos aprobados por el propio Hemocentro”.
