Se ha agravado la crisis que vive Venezuela. En lo humanitario y social, el drama de su población sin alimentos, sin medicamentos, obligada a emigrar en condiciones de extrema necesidad. En lo político se refuerza el autoritarismo, el peso preponderante de los militares, la extrema polarización, con riesgo de guerra civil e intervención extranjera.
En Venezuela hay presos políticos, cercenamiento de las libertades, bandas de civiles armados y acciones de la policía política, que detiene y tortura opositores.
Sin desconocer la responsabilidad de sectores de la oposición que apostaron a la confrontación, sin desconocer el papel de sectores de la burguesía o de Estados Unidos que atentaron contra la economía venezolana, la mayor responsabilidad es la del gobierno, incapaz e insensible, que sólo ha dado respuestas por el lado del clientelismo favoreciendo a sus partidarios, alimentando a los mandos de las Fuerzas Armadas y a la boliburguesía, que medran con el Estado y explotan a la población en su beneficio.
Se mantienen algunas formas de la legalidad democrática, pero se han vaciado de legitimidad. En un largo proceso que no podemos resumir ahora, se ha ido perdiendo progresivamente la calidad democrática. En esto hay responsabilidades mayores del gobierno y también de la oposición.
El desconocimiento de la Asamblea Legislativa, las maniobras para impedir el proceso revocatorio, la imposición de la ilegal Asamblea Constituyente y las últimas elecciones son hitos en ese proceso. En las últimas elecciones, sin garantías, con una baja participación, con el bloqueo a la inscripción de la Mesa de la Unidad Democrática como coalición y con todo tipo de maniobras, y también con el error y la omisión de gran parte de la oposición al no presentarse, Maduro fue reelecto.
Esta situación de vaciamiento de la legitimidad y de la calidad democrática, en el contexto de drama humanitario y disgregación de la sociedad venezolana, no puede solucionarse con actitudes como la autoproclamación de Guaidó, que caen también por fuera de la legalidad y de la democracia y en las que además puede advertirse la mano y la intromisión de Estados Unidos.
Son tres las contradicciones en Venezuela: paz o guerra civil, democracia o autoritarismo, soberanía o intervención extranjera. En el contexto, además, de la rivalidad interimperialista entre Estados Unidos, Rusia y China, Venezuela no interesa precisamente por los derechos humanos o el bienestar de los venezolanos, sino por sus intereses geopolíticos y el control de las materias primas. Y los tres imperialismos tienen detrás una larga trayectoria de intervencionismo en sus áreas de influencia.
Para encontrar caminos que permitan desbrozar esas tres contradicciones, el camino del diálogo que proponen Uruguay y México es el único indicado. De lo contrario, las alternativas son la guerra civil, la intervención extranjera o el reforzamiento del autoritarismo.
Antes hubo por lo menos dos procesos de diálogo. Se frustraron por una responsabilidad mayor del gobierno, que apostó a ganar tiempo pero no cejó en su presión represiva y autoritaria, y también en algún momento por actitudes de sectores de la oposición que abandonaron ese camino. Para no repetir ese escenario –ya no hay tiempo ni en lo humano ni en lo político– el diálogo deberá instalarse en el horizonte en un plazo razonable, con miras a una nueva convocatoria electoral que restituya la legitimidad democrática en Venezuela.
Todos los cargos deberán estar a consideración de la ciudadanía. Con garantías y observadores internacionales, sin intervención extranjera, sin presos políticos, sin proscripciones, sin bandas de civiles armados, sin la acción represora del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con acceso de todos a los medios de comunicación. Guaidó deberá deponer su autoproclamación y el gobierno de Maduro deberá hacer realidad todas las garantías.
No es compartible el planteo de España y otros gobiernos europeos de fijar sólo ocho días para convocar a elecciones. Parece una condición muy difícil de lograr que busca tener una justificación para reconocer a Guaidó. Por supuesto, sí es compartible el llamado a elecciones, pero en el marco del llamado al diálogo y no en la forma de un ultimátum con un plazo tan exiguo.
En suma, para alejar los fantasmas de la guerra civil, la intervención extranjera y el autoritarismo, la crisis de Venezuela deberá resolverse en democracia y con más democracia.
Manuel Laguarda integra el Comité Ejecutivo del Partido Socialista.