Dentro de ocho días elegiremos a un presidente de la República que tendrá problemas de gobernabilidad desconocidos en los últimos 15 años. Esto sucederá con independencia de quién logre más votos en el balotaje, aunque las dificultades serán distintas en cada caso.
Si gana Daniel Martínez, al Frente Amplio (FA) le faltarán los votos de dos senadores y ocho diputados para aprobar proyectos de ley. No hay ningún motivo para pensar que la alianza de partidos alineada hoy tras Luis Lacalle Pou vaya a funcionar como un bloque parlamentario sin fisuras (ni siquiera si gana), pero es un hecho que habrá que negociar una y otra vez, con resultados impredecibles. Además, pueden darse circunstancias que conduzcan a situaciones de polarización aun mayores que las presentes.
Si no se logran acuerdos para aprobar nuevas leyes (incluyendo la de Presupuesto), seguirán vigentes las actuales. Por otra parte, en Uruguay el presidente tiene un amplio margen de decisión, independiente del Poder Legislativo (aunque no es gratis “gobernar por decreto”).
Si la oposición censura a un ministro, el presidente puede mantenerlo y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. El país queda por lo menos dos meses en manos del Ejecutivo, y el peor resultado final posible para el presidente es que deba reemplazar al ministro censurado. También puede pasar que en la elección anticipada la oposición pierda bancas, o incluso la mayoría parlamentaria: por algo este camino no se recorrió nunca.
Si los riesgos que se avecinan se afrontan con buen criterio, se consolidarán las condiciones para una convivencia democrática fecunda. De lo contrario, el país puede pagar altos costos, incluyendo el fortalecimiento de los peores liderazgos.
Si gana Lacalle Pou, también tendrá que negociar mucho. Para empezar, la integración del Consejo de Ministros y de las direcciones de organismos públicos, junto con los contenidos del proyecto de ley de urgente consideración que se propone enviar al Parlamento. Sobre este último, se afirma que tendrá como base el acuerdo logrado para el balotaje (que es bastante vago), pero tanto nacionalistas como colorados han adelantado que puede haber cambios.
Cabildo Abierto firmó el documento “Compromiso por el país”, pero su líder, Guido Manini Ríos, ha sido cauto al momento de detallar cómo participaría en un gobierno de coalición, que no tendrá mayoría parlamentaria si no lo hace. Sólo ha dicho que apoyará en el Parlamento lo que le parezca bueno para el país. Además, ninguno de los actuales socios se anima a pronosticar cuánto duraría esa coalición, o qué pasaría si se desarmara mucho antes de las elecciones nacionales de 2024. Las incertidumbres y confrontaciones pueden aumentar si, como ocurrió varias veces antes de 2005, hay discrepancias dentro del FA entre partidarios de la oposición a ultranza y de la búsqueda de acuerdos con el oficialismo.
Por último, es evidente que habrá movilizaciones sociales contra iniciativas de Lacalle Pou, que afectarán también la gobernabilidad y que, al igual que un quiebre prematuro de la coalición, pueden conducir a bloqueos y crispaciones.
Hay muchos riesgos por delante. Si se afrontan con buen criterio, se consolidarán las condiciones para una convivencia democrática fecunda. De lo contrario, el país puede pagar altos costos, incluyendo el fortalecimiento de los peores liderazgos. La decisión del 24 de este mes es muy importante, pero luego habrá otras no menos cruciales.