Andrea Rodríguez Yaben

Limitar el reconocimiento de las ocupaciones como huelga es una manifestación de una concepción ideológica que favorece la propiedad y los derechos individuales por encima de los derechos laborales colectivos.

En Uruguay no existe una regulación específica dirigida a identificar, prevenir y erradicar el acoso laboral como sí han aparecido en los últimos años en otros países.

En Uruguay, con una regulación antiquísima que -salvo contadas excepciones- instala el límite de trabajo entre las 44 y las 48 horas semanales, ¿qué esperamos para transitar el camino de la reducción de la jornada laboral?

Lo esperable sería establecer expresamente y con claridad que los “tiempos muertos” en el trabajo de plataformas serán de cargo de la empresa.

Una ley que prevea neutralizar o minimizar la eficacia de la presión de la huelga es un atropello para los trabajadores en particular, y para la sociedad en su conjunto.

Llama la atención que el interés de proteger el trabajo y garantizarlo se manifieste con tanta intensidad y únicamente frente a las acciones de las organizaciones sindicales.

Las restricciones a la libertad de expresión del trabajador por parte de la empresa –que adopten la forma de despido u otra conducta empresarial– deben considerarse en principio ilícitas y lesivas del derecho fundamental.

La ocupación –en tanto modalidad del derecho de huelga– se presenta como una herramienta reivindicativa potente que lleva al límite la tensión capital-trabajo.

Este poder y control ejercido por la empresa y la situación de sujeción en la que queda el trabajador de plataformas justifican la necesidad de su protección a través de las normas laborales.

Las propuestas regulatorias del actual gobierno en materia laboral y especialmente en lo relativo a la huelga y sus modalidades parecen remitirnos lentamente a la década del 90.