Expertos y colectivos relacionados con la salud cuestionan las decisiones del Poder Ejecutivo para afrontar la pandemia de covid-19. Deberíamos evitar dos evaluaciones erróneas de esta situación, que surgen de visiones simplistas y a menudo partidizadas.
Unos afirman que la gestión gubernamental queda obviamente descalificada por las críticas de “la gente que sabe”, y refuerzan esta opinión señalando que el Ejecutivo desoye cada vez más las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Otros señalan que gobernar exige una visión integral, y alegan que no se debe mover la “perilla sanitaria” sin considerar, por ejemplo, los efectos económicos y sociales que tendría una mayor restricción de la movilidad social.
La cuestión es bastante más compleja, pero esto no significa que haya que invocar un “justo medio” para no darle la razón a nadie.
La medicina no es una actividad “objetiva” puramente científica, y la política tampoco lo es. A las dos se les aplica el aforismo atribuido a Hipócrates: “La vida es breve, el arte es largo, la ocasión es fugaz, la experiencia es peligrosa, el juicio es difícil”. Pero ambas deben apelar al conocimiento científico y no pueden realizarse con acierto contra ese conocimiento.
En este caso, es un hecho indiscutible que, en ausencia de una inmunización masiva que llevará meses (luego de que comience, no sabemos todavía cuándo), la propagación del virus causante de la covid-19 sólo puede desacelerarse con precauciones individuales y colectivas en la vida cotidiana: entre ellas, la mayor reducción posible de las actividades que implican contactos frecuentes y cercanos entre personas.
La experiencia nacional e internacional muestra que tal reducción tiene consecuencias perjudiciales para la economía y también en muchos otros terrenos. No se trata de ignorar o despreciar los perjuicios, sino de reducirlos cuanto sea posible, mediante políticas estatales de apoyo. Esto exige, por supuesto, recursos. Como suele suceder con las cuestiones económicas, entra en juego la ideología, incluso en pugna con la evidencia y los criterios científicos.
Según la narrativa oficialista, los gobiernos del Frente Amplio asfixiaron al “país productivo” y se endeudaron en forma irresponsable, para solventar gastos estatales desmesurados y clientelistas. De ahí se deriva que la reducción del gasto público aliviará la carga de los “malla oro”, y que la prosperidad de estos derramará beneficios sobre el conjunto de la sociedad.
Acotar los negocios de los más poderosos y subsidiar a los más vulnerables choca de frente con esas premisas. Asumir que el Estado dispone de recursos sabotea el relato. Si el oficialismo descuida sus líneas de acumulación ideológica, pone en peligro el resultado electoral de 2024 y los intereses que defiende.
Por los mismos motivos, Presidencia no reconoce que se apresuró a creer que todo estaba bajo control, que no había apuro por las vacunas y que ya era de hora de avanzar con su programa económico. No es apenas soberbia o ignorancia: la ideología maneja las perillas.