La movilización de transportistas de carga autoconvocados, al margen de la gremial de empresarios del sector y con un importante grado de diversidad interna, ha dado mucho que hablar en los últimos días. Se discute la validez de su rechazo a la guía electrónica que prepara el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en diálogo con las organizaciones tradicionales del sector, y también hay polémicas acerca de otras manifestaciones públicas realizadas desde el grupo, que incluyen quejas por el precio de los combustibles y afirmaciones ideológicas antiestatales.
Hay quienes señalan al grupo como una herramienta más de la Coalición Republicana para operar contra el gobierno nacional, y parece claro que este no quiere repetir errores cometidos en 2018, durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, cuando salió a escena Un Solo Uruguay (USU).
En aquel momento, USU también invocaba la representación de intereses muy diversos, y gran parte del oficialismo lo vio como una fachada de los partidos opositores. Desmereció sus reclamos, se mostró reacio a negociar y así contribuyó a que se politizaran descontentos genuinos, potenciando el rechazo electoral al frenteamplismo en las elecciones del año siguiente.
Ahora el presidente Yamandú Orsi y la titular del MTOP, Lucía Etcheverry, han mostrado disposición a escuchar las demandas de estos transportistas y parecen decididos a no fortalecerlos con el recurso fácil del desprecio. La ministra señala que hay contradicciones e inconsistencias en los autoconvocados, pero no los descalifica, e intenta ordenar el debate con criterios racionales.
Sería muy conveniente para el país que ese aprendizaje frenteamplista se viera acompañado por otros, en filas opositoras y en el conjunto de la sociedad.
Chambonadas imprudentes
En los partidos de la oposición hubo quienes se apresuraron a expresar simpatía y apoyo ante las protestas. Es antigua la ilusión derechista de contar, en el terreno social, con una especie de “PIT-CNT propio” para hostigar a los gobiernos frenteamplistas, sin exigencias de reglamentación, personería jurídica o voto secreto para adoptar decisiones.
Ese apresuramiento reforzó sospechas conspirativas, pero pudo deberse a simple oportunismo o al extendido error de pensar que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. En cualquier caso, un poco de reflexión permite comprender que procesos como este no le sirven a ninguna fuerza política seria.
Más de una vez, y tanto en las gremiales de empresarios como en el movimiento sindical, han surgido organizaciones sociales nuevas cuando las tradicionales no representaban los intereses de todo un sector de actividad. Si esto se procesa con sensatez y sin perder de vista el común denominador, puede incluso facilitar las relaciones con el Estado o con otros actores de la sociedad civil. Lo problemático es que las escisiones traigan consigo dispersión y conflictos internos que debilitan a todo el sector.
Por otra parte, cuando un grupo decide constituirse por su cuenta, el único camino seguro hacia la consolidación pasa por construir una plataforma reivindicativa clara y una organización eficiente. La capacidad de presión para lograr los objetivos comunes es indispensable, pero apostar a la acción inmediata para definir una identidad rara vez da buenos resultados. Perder la primera batalla por falta de visión estratégica implica un gran riesgo de deshilacharse.
Sobrecargas y lastres
Una complicación adicional es que se reivindique la precariedad. En el transporte de carga abundan la informalidad, la evasión y las jornadas excesivas, a costa de la seguridad y la calidad de vida de los trabajadores. No es aceptable la idea de que mantener esta situación resulta indispensable para la supervivencia de los pequeños empresarios.
Además, según explicó ayer en la diaria Radio la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, acuerdos comerciales como el firmado por el Mercosur con la Unión Europea (al que se espera añadir varios más) exigen la modernización del país en muchos aspectos, incluyendo el de la trazabilidad de las cargas. La competitividad de Uruguay debe asentarse sobre la calidad; en las presuntas ventajas del caos siempre habrá otros que nos superen con creces. Y no está de más recordar que los controles también sirven para prevenir el traslado de contrabando y drogas ilegales.
Como explicó el miércoles el diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu, también en la diaria Radio, la implementación de una herramienta de control fue dispuesta por ley ya en 2001, pero se ha ido postergando durante un cuarto de siglo. El Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, para monitorear recorridos, horarios, mercadería, choferes y varios datos más de toda la flota de camiones de carga del país, comenzó a instalarse en la segunda mitad de 2018, pero Luis Alberto Heber lo dejó sin efecto en 2020, cuando estaba al frente del MTOP. Luego el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció un Sistema de Gestión de Flota que nunca llegó a aplicarse. El futuro debería haber llegado hace rato, y es hora de abrirle paso.