El país se encuentra en una emergencia social. El año pasado, en invierno, se declaró emergencia roja para abordar la grave situación de las personas en situación de calle. Las bocas de droga son una marca en el territorio en todos los barrios de la capital y en ciudades del interior. En muchos de ellos, sobre todo en las periferias, los niños y niñas incorporan cada vez con más naturalidad el hábito de convivir con las balaceras. En Villa Española, Casavalle, Las Acacias o Casabó salir después del anochecer, sobre todo si se tiene que caminar algunas cuadras antes de llegar a la casa, es temerario y un riesgo excesivo.
El gobierno ha anunciado un plan de seguridad. Esta semana se ha desmantelado una banda de narcos en Punta del Este. La Policía Nacional hace sus mejores esfuerzos. Las intendencias y el Ministerio de Desarrollo Social procuran hacer lo suyo. También el Ministerio de Salud Pública y el de Vivienda.
¿Y la cultura? ¿No tienen nada que decir las políticas culturales en una situación de emergencia social?
Hace un par de días se celebró en Brasil la sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, en el municipio de Aracruz, estado de Espírito Santo. Los puntos de cultura son un trascendente programa de descentralización y participación cultural que despliega el gobierno del Partido de los Trabajadores. Cualquiera que pase por Instagram puede ver y oír al presidente Lula Da Silva subrayar la importancia y centralidad de las políticas culturales. Estuvo presente en la sexta teia, pero al mismo tiempo defiende la importancia de fortalecer las industrias culturales, como creadoras de empleo, pero también por la independencia cultural.
El querido Gonzalo Carámbula decía que la política cultural era la principal política social. También decía que estaba muy bien asegurarle un plato de comida, un abrigo, un techo a un vecino o vecina en la mala, pero que solo se la reconocía en su humanidad cuando además se le aseguraba el acceso al teatro, a la música, al baile, a la lectura.
En el Montevideo de Gonzalo, además del Solís, se reabrió el teatro Florencio Sanchez, del Cerro, y con un modelo de gestión que habilitó la participación de los vecinos en la dirección del teatro. La intendencia montevideana creó después el Sacude, en Casavalle, y más acá en el tiempo el Crece, en Flor de Maroñas, dos espacios de referencia para la convivencia ciudadana. A la vez, el Programa Esquinas de la Cultura hace lo suyo para estar presente en muchos barrios de la ciudad.
¿Qué distancia hay entre esa izquierda, que entendía la política cultural como política social (y también como industria o entretenimiento, porque no hay allí contradicción), que se atrevía a invertir en infraestructuras de calidad en los barrios más necesitados, y esta actual querida izquierda, que formula un plan de seguridad, y otro de contención de las personas en situación de calle, sin que en ningún caso parece estar convocada la política cultural?
Dos
El gobierno de centro derecha que de 2020 a 2025 condujo los destinos del país sustituyó el programa Centros MEC por la instalación de Centros Culturales Nacionales (CCN). En rigor, se sustituyó una política que procuraba la descentralización y democratización cultural —que pese a sus sombras, en especial en el período 2015-2020, fue la más importante en cuanto a ampliar y garantizar el ejercicio de los derechos culturales para toda la ciudadanía— por otra que solo se ocupó de desconcentrar algunos recursos y que en general se limitó a cambiar la denominación de equipamientos culturales ya existentes.
Las bases programáticas del Frente Amplio (FA) eran muy claras y encargaban al gobierno recrear el programa Centros MEC para “profundizar el proceso de descentralización cultural, como compromiso ético con los derechos culturales”. A la vez, se mandataba a “retomar las políticas culturales territoriales desde el Estado central, en diálogo con los gobiernos municipales, reafirmando el contenido ideológico que conlleva la cultura como eje de la democracia. Para ello se deberá contar con autonomía presupuestal e infraestructura acorde”.
El gobierno decidió crear los llamados Espacios MEC, donde desde el pique las políticas culturales pierden centralidad. El objetivo de los espacios sería favorecer el acceso a la educación, la cultura, la ciencia y la innovación como derechos ciudadanos. Todo muy válido, salvo que mientras la educación cuenta con una vigorosa red de infraestructuras y programas afortunadamente presentes en todo el país, la cultura sigue siendo el último orejón del tarro, obligada a justificar el gasto compitiendo con áreas habitualmente más presentes en la agenda pública.
A poco más de un año de iniciado el actual gobierno, hay escasa información sobre los programas y proyectos que llevan adelante los actuales Espacios MEC. Hay limitaciones presupuestales, se dice. Aún se está distante de aquella capilaridad y territorialización, una de las buenas características de los Centros MEC.
Tres
“En la perspectiva de consolidar la institucionalidad de la conducción y coordinación de las políticas culturales, confiriéndole la mayor jerarquía a nivel gubernamental, se postula actualizar la denominación del Ministerio de Educación y Cultura que pasará a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación”. El texto es de las mencionadas bases programáticas, aprobadas en 2024.
El gobierno nacional decidió no avanzar por ese camino, manteniendo una estructura que invisibiliza la política cultural en la que tiene que coincidir con la educación y la Fiscalía. Las explicaciones para no concretar el cambio de la institucionalidad fueron, una vez más, vagas y generalistas. El reclamo por contar con un lugar central para las políticas culturales tiene historia en el país: hubo un proyecto de ley que naufragó en el anterior “ciclo progresista” y es un reclamo de colectivos de trabajadores de la cultura y académicos del sector. Además, la extinta Comisión Nacional de Cultura llevó el planteo a los organismos del FA, hasta su aprobación en el congreso que validó las bases programáticas.
Cuatro
El director teatral Gabriel Calderón y la directora de la Biblioteca Nacional Rocío Schiappapietra anuncian 20 o 30 millones de dólares para diseñar y ejecutar una biblioteca del futuro. En lo que hasta ahora era nuestra Biblioteca Nacional prometen una biblioteca pública y a nadie le parece importante establecer las diferencias. Al día siguiente del anuncio, Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presente en la conferencia de prensa, anuncia que tal cifra no está en realidad ni asegurada ni comprometida. A un año del cierre parcial de la biblioteca, anunciado como peculiar manera de festejar el aniversario de la institución, el año pasado, lo que se anuncia en definitiva es lo mismo que ya se adelantó durante 2025: generalidades, declaración de intenciones, y una cifra destinada a inversión que no tiene respaldo presupuestal y que no está asociada a un proyecto previamente definido e informado. Cuando los periodistas preguntan —los pocos que de verdad preguntan— las autoridades responden con generalidades.
Mientras tanto, las bibliotecas públicas reales, las municipales, salvo honrosas excepciones, son instalaciones casi obsoletas, con catálogos desactualizados, con horarios restringidos, sin agendas de actividades culturales, radiadas de la circulación cultural.
Cinco
En las instalaciones de Presidencia de la República se realizó, el 21 y 22 de mayo, un seminario de celebración de los veinte años de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana. La carta afirma que “los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia (...) Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.”
El documento sostiene que “la literatura y las artes son por excelencia expresión de las identidades iberoamericanas y de la riqueza de nuestra diversidad cultural”. Convoca a “apoyar y fomentar la producción de contenidos culturales y las estructuras de distribución de actividades, bienes y servicios culturales en el espacio cultural iberoamericano”.
Que Uruguay haya celebrado los veinte años de la aprobación de la carta y que haya sido en Montevideo son buenas noticias. Pero tal acontecimiento no parece relacionarse amigablemente con el hecho de que la principal apuesta a los derechos culturales, los antiguos Centros MEC, ahora Espacios, siga siendo una especie de sucursal pobre, clase b, de los proyectos culturales, que brillan en la Sala Adela Reta, en los elencos estables, en el Museo Nacional de Artes Visuales, todos espacios culturales de referencia —y muy necesarios— y hagan una suerte de acción cultural de beneficencia, para pobres, en los circuitos alejados de la costa y el centro montevideano.
Seis
La izquierda uruguaya nació desde el calor de las luchas obreras y en andas de la inmigración europea de comienzos del siglo XX. Dialogó luego con el artiguismo, el gauchaje y las indiadas pobres que hicieron posible la Liga Federal y las Instrucciones del año XIII. Los trabajadores del arte y la cultura fueron parte de esa construcción a lo largo de todo el siglo pasado: desde las bibliotecas en los sindicatos o en los locales de los partidos y corrientes obreras, hasta la solidaridad con la República Española y pasando por todo la década del sesenta. Hay que leer —de paso lo recomiendo— el libro Camerata. Cambiar la música, cambiar el mundo, de Roberto López Belloso, para comprender la profunda imbricación que en el proceso previo al golpe de estado de 1973 tenía el arte y la cultura como parte de las luchas populares. En los comité de base no se escuchaba música tipo hamburguesa de cadena multinacional.
Más acá en el tiempo, cuando nos tocó resistir a la dictadura, algunos hicimos —además— revistas literarias. Y escribimos poesía y canciones, o hicimos El herrero y la muerte, o pasamos cine en la Cinemateca, o grabamos Sansueña. o escuchamos -clandestinamente- Guitarra Negra.
¿No tienen nada que decir las políticas culturales en una situación de emergencia social?
Qué le pasó a nuestra querida izquierda, y qué nos pasó a nosotros, que ahora desde el campo de los trabajadores del arte y la cultura muchos nos conformamos con un par de fondos que alguna vez ganamos, nos resignamos a ver “que siempre se casan las mismas” (como decía la abuela de mi amiga Raquel). Qué nos pasó cuando nuestro gobierno decide no cumplir con el encargo de retomar el programa Centros MEC y en su lugar crea otro al que no le otorga suficiente presupuesto ni centralidad. Qué nos pasó, cuando un buen profesional de la radio se ve obligado a renunciar a la dirección de las radios públicas porque su proyecto —el de un militante de izquierda de toda la vida— no encuentra posibilidad de desarrollarse. Que nos pasó para que en el ejercicio de gobierno sea más decisiva la pertenencia a un think tank, o formar parte de un cierto círculo áulico y bendecido por el establishment, que otros recorridos y saberes. Qué nos pasó para que la dirección de la Biblioteca Nacional disponga su cierre parcial sin diagnóstico serio, desconociendo al sindicato, y que un año después la situación esté más o menos igual. Qué nos pasó cuando una vez más no tendremos Ministerio de Cultura y, por lo tanto, las políticas culturales seguirán siendo mendicantes respecto a otras políticas, que han sido más hábiles para construir demanda y por lo tanto presupuesto.
Última
Una buena: la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, anunció el reinicio de las labores para aprobar en el Parlamento la Ley de Cultura y Derechos Culturales, proyecto que se presentó en 2016 y que no llegó a ser aprobado. Más allá de que la existencia de una Ley no garantiza la existencia de políticas, que el Estado se obligue a sí mismo con el efectivo ejercicio de los derechos culturales es una buena noticia.
Ojalá el proceso tenga en cuenta todas las voces: mínimamente a los y las artistas, a gestores culturales, a vecinos y vecinas. Ojalá la propuesta se enmarque en un cambio de pisada, que retome alguna de las señas de identidad de la izquierda para el arte y la cultura. La marginación de gran parte de la ciudadanía —que aún no tiene condiciones de acceso equitativo a los bienes y servicios culturales— sigue allí. La precarización laboral de los trabajadores de la cultura también. En un contexto donde la erradicación de la pobreza debería ser un objetivo primordial y central de todo el gobierno, la democratización de la cultura no puede quedar reducida a gestos simbólicos o más destinados a construir el prestigio de los ya prestigiosos.
Luis Pereira Severo es magíster en Políticas Culturales, Especialista en Gestión Cultural, Escritor.