Desde Esquilo en adelante, a muchos se ha atribuido aquello de que “la verdad es la primera víctima de la guerra”. El referéndum no es una guerra sino un diferendo democrático pacífico, pero la verdad ha sido con frecuencia su víctima.
Invertir los valores y avanzar al estado policial
Es cierto que en la legítima defensa (artículo 1 de la LUC) se coloca a la propiedad por encima de la vida.
Es falso que los partidarios del Sí quieran disminuir las penas para los violadores. En el artículo 5, sobre agravantes para el encubrimiento, se enumeran delitos al barrer pero se omiten, entre otros, la violación y el homicidio. Y el artículo 35, sobre la libertad anticipada, no modifica la legislación existente en ese aspecto. Es verdad que el registro de violadores fue respaldado por todos los partidos y que no integra los 135 artículos. La duplicación de las penas para los adolescentes merece, al menos, una discusión específica.
Es cierto que la información a la fiscalía se difiere en el tiempo sistemáticamente o, sencillamente, se omite en la circunstancias del caso, y que se puede interrogar durante cuatro horas sin la presencia de fiscal y abogado (artículos 18, 21, 23, 43, 52).
Es falso que puedan producirse liberaciones masivas si se derogan los 135 artículos.
Es cierto que se puede conducir a un ciudadano a la comisaría y retenerlo con cualquier pretexto (artículos 11, 50).
Es falso que todos los delitos han bajado. Depende del punto de partida que se tome para la comparación. Si es respecto del pico de 2018-2019 (cuando se modificó el Código General del Proceso) es cierto, según los datos oficiales. Si se refiere a la tendencia en los últimos 30 o 40 años, es falso. También es falso si se comparan los hurtos, las rapiñas y los homicidios de los segundos trimestres de 2020 y 2021 (sin y con LUC) con los respectivos del cuarto trimestre de 2021 (es decir, con pandemia y sin pandemia virulenta).
Es cierto que darles a los retirados policiales estado policial, porte de armas y derecho a actuar fuera del contexto de procedimientos controlados no es una buena cosa (artículos 63, 64, 65).
Es cierto que las muertes violentas en cárceles han aumentado alarmantemente en 2021 y que algo similar sucedió con los feminicidios, que bajó la resolución de homicidios y que aumentaron las muertes dudosas.
Es falso que los policías estén cada vez mejor: su salario ha caído en los últimos dos años y había aumentado más de 140% real en los 15 años anteriores. Todo ello sin considerar equipamientos, tecnología y muchos otros aspectos.
Verticalizar la educación y afectar la carrera docente
Es cierto que se elimina la obligatoriedad de extender el tiempo pedagógico y la actividad curricular (las escuelas o los liceos de tiempo completo o extendido) en primaria y educación media básica (artículo 127). En las escuelas de tiempo completo se duplicó la matrícula y en las de tiempo extendido se multiplicó por 3,5 en los 15 años del progresismo. Y también es cierto que si se universaliza la educación en tres años no será obligatoria (artículo 140). En los 15 años referidos la matrícula se duplicó y, en ella, la pública se triplicó.
Es falso que la educación ha sido una ruina, como predican los defensores del No.
Es cierto que existe un grave problema en la educación media y que los egresos crecieron de 22,6% en 1980 a 32,6% en 2006 y 42,7% en 2019. Y que vamos muy lento, lentísimo. Aunque los adolescentes fuera del sistema a los 17 años eran 37% en 2006 y 23% en 2008. Y la brecha de acceso en la cobertura entre 15 y 17 años según nivel socioeconómico cayó significativamente. También es cierto que se avanzó mucho en primera infancia e inicial, que bajó el número de alumnos por grupo en primaria, que se quintuplicó el programa de educación física escolar, que Plan Ceibal obtuvo resultados notables y que la descentralización se concretó (4.500 ingresos en el interior en la Universidad de la República en 2019 y una matrícula de 2.000 en 2020 en la Universidad Tecnológica).
Es falso que autorizar la vigencia de varios estatutos docentes (193) con condiciones diferenciales de trabajo para un mismo centro de estudios y poderes otorgados al director en relación con las reglas de juego y para calificar el “compromiso” de cada uno no provoque conflictos de todo tipo y termine incidiendo en las remuneraciones y en la carrera docente.
Las patronales más conservadoras de este país, el herrerismo y el coloradismo no batllista, y sus antecesores vienen predicando estas ideas desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Retornaremos al siglo XIX?
Precarizar el derecho al techo
Es cierto que se concretaron en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio 222.000 soluciones habitacionales y que se regularizaron un centenar de asentamientos muy importantes en cuanto a la densidad de su población y características. Es falso, por consiguiente, que no se hizo nada en vivienda y asentamientos durante 15 años. Aunque es cierto que la ministra de Vivienda prometió y desmintió su promesa de asentamiento cero. Y que vaciaron de recursos seguros del Instituto Nacional de Colonización en la última Rendición de Cuentas.
Es cierto que el alquiler sin garantía no es novedad: según la Encuesta Continua de Hogares 2014, eran 90.000 en unos 237.000.
Es falso que el nuevo régimen de la LUC otorgue certezas a arrendador y arrendatario. El desalojo y el lanzamiento para el buen pagador (artículos 430 y 433) son extrarrápidos.
Es cierto que ante un atraso de tres días se desencadena un “desalojo exprés” (artículos 437, 439, 442).
Es falso que no se autorice la usura (que prohíbe el artículo 52 de la Constitución) porque para clausurar el juicio de desalojo hay que pagar lo adeudado más 60% de ese monto y otros gastos (artículo 445) a un arrendador que no necesita acreditar propiedad ni pago de impuestos (artículo 455).
Menos transparencia y venta de las joyas de la corona
Es cierto que en la LUC la transparencia “brilla por su ausencia”. La Secretaría de Inteligencia Estratégica puede declarar secreta una información y ni el Poder Judicial puede levantarla. Sólo el presidente. La trazabilidad del dinero se pierde con el pago en billetes de hasta unos 120.000 dólares a honorarios profesionales, proveedores del Estado, en las transacciones de bienes muebles e inmuebles (artículos 219, 220 y 221).
Es falso que el pago en efectivo no favorezca el lavado de activos. Por algo las denuncias de operaciones sospechosas de casinos, inmobiliarias, profesionales, zonas francas y otros cayeron de 263 en 2018 a 39 en 2021.
Es cierto que el trabajador se encuentra en condiciones de inferioridad cuando le dan la opción de cobrar en efectivo o de pago por medios con registro electrónicos (artículo 215).
Es cierto que los combustibles bajaron 30% real durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Y también que subieron más de 17% en estos dos años, si descontamos la inflación. Y que los artículos de la LUC (235 a 237) no sirven para mucho y no han sido aplicados en gran parte. Y que la mayor parte del factor X tan mentado es el subsidio al supergás.
Es falso que Colonización no sea seriamente afectada y desvirtuada (artículos 357, 358), cuando perdió unas 55.000 hectáreas de pique (había ganado unas 130.000 en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio).
Es cierto que la portabilidad numérica (artículos 471 al 476) parece muy inocua y hasta simpática, pero hemos tenido que realizar un pedido de información sobre el costo multimillonario de la campaña mediática (insostenible) que ha realizado Antel para retener usuarios y lograr unos 1.500 más.
Es cierto que, a mi juicio, el artículo más importante de la LUC en materia económica es el menos debatido: el 285, que establece que las empresas estatales de derecho privado deberán vender hasta 49% (es decir, la porción minoritaria, que hasta ahí va). Son “las joyas de la corona”: Ducsa, República AFAP, República Afisa y varias decenas más. Manejan miles de millones de dólares.
Mediatizar el derecho de protesta
Finalmente, no es cierto que la LUC sea inocua en relación con el derecho de protesta de los ciudadanos y de los trabajadores sindicalizados en particular. El informe de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo al Parlamento aconsejó el principio de ponderación y sostuvo la legitimidad de los piquetes pacíficos y las ocupaciones. Es lo que niegan los artículos de la LUC (392, 468, 469) en nombre de los derechos de los no sindicalizados (que pueden ser trabajadores de otros lugares, como ya sucedió en un par de frigoríficos) y de la libre circulación y el orden público.
Es cierto que las patronales más conservadoras de este país (no todas), el herrerismo y el coloradismo no batllista, y sus antecesores, vienen predicando estas ideas desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Retornaremos al siglo XIX?
Enrique Rubio es senador de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.