Hace unos días se publicó en la prensa el Proyecto mvd360. Una isla artificial en el Río de la Plata, frente a Punta Gorda. Es un proyecto inmobiliario con puerto deportivo presentado como iniciativa privada por Jirkel SA, elaborado por una empresa radicada en Miami. Las noticias refieren a la aprobación de esa iniciativa por parte del presidente de la República y el ministro de Transporte y Obras Públicas.1
En los gráficos del proyecto se aprecia una isla circular, unida por un puente de cinco cuadras a las rocas de Punta Gorda. En una de las mitades están dibujados más de 25 edificios, de entre 20 y 30 niveles –más o menos como los más altos del Montevideo WTC– y, entre ellos, otros edificios más bajos. En la otra mitad se dibuja un puerto con muelles para embarcaciones deportivas.
El folleto, aparentemente destinado a potenciales “inversores”, asegura una rentabilidad asombrosa. Un inversor puede tener una rentabilidad por 10 con el proyecto aprobado y por 18 cuando esté construido. La inversión prevista es de 2.300 millones de dólares en 15 años, incluyendo dos millones de inversión inmobiliaria.
A problemas falsos, soluciones falsas
Sigue en el folleto –redactado en inglés– la descripción del “problema” que este proyecto apunta a resolver. Uno es “la falta de infraestructura para obras de construcción y deportes náuticos”. La Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene planes para el sistema de puertos uruguayo. Si fuera necesario un nuevo puerto deportivo, ¿el mejor lugar sería en medio del río, en una isla artificial?
El segundo problema que plantea el texto es que, “debido a la expansión demográfica en la costa, la ciudad ha sido segmentada haciendo el frente marítimo caro y limitado”. Nuevamente, hay un supuesto problema debido a una expansión demográfica. Es falso: Uruguay no crece en población y Montevideo decrece.
El tercer asunto es que “no ha habido inversión en espacios públicos en la ciudad desde 1950”. Para verificar la falsedad, basta con leer un poco de historia de Montevideo, o haber vivido en Uruguay durante los últimos 20 o 30 años.
La solución a estos asuntos de dudosa veracidad es una isla artificial frente a Punta Gorda, tal como anuncia el texto: “Construir el terreno necesario para residencia y desarrollos corporativos e infraestructuras náuticas”. Un conjunto de problemas imaginarios se resuelve con la solución más fantasiosa: construir tierra en el mar en Uruguay, cuya costa sur tiene 500 kilómetros.
El área de la isla del folleto es de 36 hectáreas. Para tener una idea de esa superficie, todo el triángulo de Punta Gorda, al sur de Coimbra, tiene más o menos 15 hectáreas. Todo el cementerio del Buceo cuenta con aproximadamente la misma superficie. O sea, imaginen que cortamos el cementerio del Buceo y el triángulo de Punta Gorda, le agregamos un puerto y los largamos juntos al mar a modo de balsa de tierra.
El desarrollo inmobiliario que se construiría sobre esta isla es de 700.000 metros cuadrados, en 5.500 unidades. Si estimamos que en cada unidad hubiera una familia o grupo de dos a cuatro habitantes, tendríamos entre 12.000 y 20.000 personas.
Para visualizar la cantidad de población de la isla, 12.000 habitantes son los que viven en Paso de los Toros, y 20.000 en la ciudad de Dolores. Estas personas pasarían por un puente cada mañana para ir al trabajo o irían a trabajar allí. En cualquier caso, no parece la solución más lógica construir una ciudad en medio del mar habiendo tierra firme para personas que no sabemos de dónde van a venir.
Más allá de la verosimilitud de la construcción de una isla artificial en un país sin crecimiento de población, en un paisaje privilegiado que se vería agredido, el modelo que propone el proyecto es una ciudad segregada.
La planificación vigente de la ciudad de Montevideo no tiene previsto crecer hacia el río, ni las proyecciones demográficas muestran un crecimiento de población que lo fundamenten. No existe tal presión demográfica en una ciudad que no crece, en un país que no crece.
No somos Japón: la densidad de población no es tan relevante como para ganar tierra al mar. No somos Dubái: no hay príncipes petroleros en nuestro país que quieran una isla en forma de palmera.
Impacto de la isla falsa
La rambla de Montevideo es patrimonio de la ciudad y de todos los uruguayos. Una ciudad que tiene un inmenso espacio público, un extraordinario paisaje cuyos habitantes y visitantes disfrutan y valoran no soportaría la instalación de 30 torres de 35 pisos en el horizonte.
El impacto en el ambiente es inimaginable durante la construcción y durante el funcionamiento. ¿Qué pasaría con las corrientes del río? ¿Cómo se resolverían los depósitos de limo y arrastre de las corrientes?
Seguramente los vecinos de Montevideo, y en particular los vecinos del municipio E, que verán modificado sustancialmente su paisaje cotidiano, el tránsito y probablemente la naturaleza del río en esa zona, tendrán algo que opinar a la hora de la puesta de manifiesto y consulta pública del proyecto. ¿Cuál sería el impacto en el barrio del tránsito de personas, el traslado de insumos, bienes y servicios a través del puente que se conectaría con la rambla?
Más allá de la verosimilitud de la construcción de una isla artificial en un país sin crecimiento de población, en un paisaje privilegiado que se vería agredido, el modelo que propone el proyecto es una ciudad segregada. Una isla donde algunos tendrán vistas privilegiadas, disfrutando los servicios de la ciudad, aunque bien alejados de sus problemas.
Los verdaderos problemas de Montevideo son, entre otros, la segregación socioterritorial, la exclusión, la falta de infraestructura de saneamiento o drenaje pluvial de muchos barrios que tienen necesidades reales. Una isla no va a mejorar el saneamiento de Montevideo, ni la fractura que sufre nuestra sociedad, ni la violencia, ni la pobreza infantil.
De arriba, un rayo
La Resolución 831, del 9 de mayo, firmada por el presidente y el ministro de Transporte y Obras Públicas, expresa que “la referida Iniciativa Privada tiene por objeto el diseño, construcción y desarrollo de un emprendimiento por inversión privada consistente en una nueva área ganada al mar frente a la costa de Montevideo en la zona de Punta Gorda, donde tendrían asiento un puerto deportivo, emprendimientos inmobiliarios y zonas para uso público de esparcimiento y recreación”. Agrega que “el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, [...] al análisis de la propuesta presentada, manifiesta que la misma resulta de sumo interés para la Administración ya que contribuirá a la jerarquización de la ciudad en general y de la rambla montevideana en particular, así como amplía la oferta portuaria de la ciudad conectándola aún más con la región”.
La Ley 17.555 es de 2002, una ley para la reactivación económica de la industria de la construcción promulgada en plena crisis, habilita a “recibir iniciativas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente por los Organismos referidos o de ser concesionadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes...”. Sin embargo, la ley no obliga a aceptar las iniciativas.
Con el interés del Poder Ejecutivo, se acepta un proyecto que nadie necesita, que sería beneficiado por las amplias exoneraciones que la ley le da, y cuyas consecuencias luego pagaría toda la población.
Quizá si un grupo de adolescentes va de camping al este, a dedo y sin dinero, tenga como máxima “de arriba, un rayo”. Un gobierno no se debería manejar de esta forma. Cuando te cae un rayo, no es nada bueno.
Alicia Artigas es arquitecta y magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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Resolución 831 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 9 de mayo de 2022. ↩