Durante 2003, Chile obtuvo el apoyo del Grulac (Grupo de países de Latinoamérica y el Caribe) e integró el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A principios del mismo año habían finalizado las negociaciones entre Estados Unidos y Chile para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países. Era parte de la estrategia de crecimiento de Chile, y su texto finalmente fue uno de los TLC en los que Estados Unidos hizo mayores concesiones de la historia.
El presidente George Bush pidió que Chile apoyara con su voto en el Consejo de Seguridad la guerra que Estados Unidos pretendía librar contra Irak por la supuesta amenaza que implicaba la posesión de armas de destrucción masiva de dicho país. Chile, considerando su posición de defensa del derecho internacional y por su convicción de que las razones invocadas no respondían a la realidad, consciente de lo que estaba en juego, resolvió votar en contra y negar el voto número 9 que definía la mayoría en el órgano de la ONU.
Ricardo Lagos fundamentó su decisión de una forma contundente y la defendió con un argumento aún más convincente: los principios son, sobre todo en situaciones asimétricas, un buen negocio.
Las presiones de Estados Unidos y las presiones internas fueron muy intensas. Chile se jugaba mucho con el acceso al mercado (en aquel momento, aún el más grande del mundo) y en potenciales flujos de inversiones provenientes de ese país, junto a una variedad de normas regulatorias que eran beneficiosas en conjunto. Hubo presiones diplomáticas y políticas muy fuertes, que incluyeron llamadas personales de Bush.
Esta decisión, que defendía la ley internacional y el multilateralismo y rechazaba una guerra ilegal y cuya causa invocada no era cierta, no solo no tuvo costo para el país, sino que salió de ese desafío con más prestigio y capacidad de negociación mayor. Estados Unidos demoró algo, pero en poco tiempo suscribió el acuerdo comercial que había amenazado con no aprobar.
El gobierno de la República debe mantener con firmeza la defensa de sus principios ante quienes están violando la ley internacional, cometiendo crímenes de guerra y pretendiendo considerar a Latinoamérica como su “patio trasero”.
La defensa de la autonomía estratégica, los principios, la legalidad internacional, con prudencia y firmeza, combina con el realismo necesario para un país de menor tamaño. La concesión ante presiones que ponen en juego principios fundamentales es un camino que lleva a la debilidad y a futuras y crecientes exigencias. Es un “mal negocio”, diría Lagos. Y las concesiones pueden ser desde votos en la ONU hasta gestos diplomáticos.
La actitud del liderazgo europeo ante las avasallantes exigencias de Estados Unidos sobre el presupuesto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte demostraron una debilidad que tuvo graves consecuencias en perjuicio de Europa.
Las mejores tradiciones de política exterior de Uruguay se construyeron en la firmeza dentro de la prudencia. El gobierno de la República debe mantener con firmeza la defensa de sus principios ante quienes están violando la ley internacional, cometiendo crímenes de guerra y pretendiendo considerar a Latinoamérica como su “patio trasero” (inaceptable expresión) y que buscan imponer sus intereses por la fuerza o por la amenaza de su uso.
El incalificable asedio a Venezuela, los crímenes contra los tripulantes de embarcaciones y el secuestro de un presidente y su esposa, y la amenaza de invadir Cuba son acciones y expresiones inaceptables. Uruguay no debe incurrir en gestos diplomáticos francamente inadecuados ante esta realidad.
Carlos Pita fue embajador de Uruguay en Chile, España y Estados Unidos.