En el tramo final del período de gobierno, es posible empezar a pasar raya, conocer y valorar lo hecho (y lo deshecho) en múltiples dimensiones, particularmente lo actuado por el gobierno nacional. Una de las dimensiones más inasibles de esa acción es la desarrollada en materia de vivienda, por lo confuso de la información que se hace circular o, simplemente, por su inexistencia o no disponibilidad.
En el “Compromiso por el país”, suscrito por la coalición gobernante, se hacían algunas referencias muy generales a las políticas de vivienda: “Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica. Reformular la institucionalidad de la vivienda y promover el acceso mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, la reducción de costos fiscales, la incorporación de nuevos sistemas constructivos, la generación de nuevos mecanismos de alquiler y la promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción Fortalecimiento del programa Mevir, complementándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios”.
Aspiraciones compartibles, aunque vagas, de parte de quienes taladraron en la campaña electoral los oídos de los ciudadanos con acusaciones al Frente Amplio (FA) por la realidad de los asentamientos (los que, por otra parte, fueron generados mayormente entre los años 1975 y 2000) y otros reclamos. Aspiraciones compartibles que, sin embargo, ya sus propios autores no recuerdan.
La realidad fue otra. No voy a referirme a la insólita boutade de las ya demasiado mentadas “50.000 viviendas” de las que con seguridad pronto se arrepintió la exministra Irene Moreira. No se trató de la clásica “promesa de campaña”, sino de un tropiezo involuntario, evidencia de la ignorancia de datos y la incompetencia para la responsabilidad asumida, confirmadas por el manejo clientelar que llevó a su “renuncia”. Pero los resultados trascienden a las personas, más o menos visibles, que encabezan organismos.
Pasando raya con los escasos datos de los que se dispone, más allá de discursos y expresiones públicas, se evidencia que la política de vivienda de la coalición se basó en los siguientes pilares:
1- Recortes a la inversión pública
Estos recortes ya fueron establecidos apenas asumido el gobierno (antes aún del primer caso de covid-19) en el malhadado Decreto 90/2020 y posteriormente ratificados en el presupuesto nacional.
2- Recortes en proyectos, reprogramaciones y suspensiones
Como consecuencia de lo anterior, se detuvieron, se redimensionaron y se reprogramaron obras ya contratadas o conveniadas con los gobiernos departamentales, principalmente intervenciones en asentamientos y realojos. Tal fue la magnitud de esto que recién a mediados de 2022 se retomó el ritmo de los trabajos que se tenían a fines de 2019.
3- Inexperiencia de gestión
Esta inexperiencia causó múltiples postergaciones y demoras, lo cual llevó a que obras adjudicadas en 2019 recién se comenzaran a ejecutar en 2022 y algunas hasta en 2023.
4- Pretensiones refundacionales cargadas de ingenuidad
Se diseñaron nuevos programas, algunos de los cuales contaron con el apoyo de la oposición, pero su puesta en marcha insumió demasiado tiempo y sus resultados, por el momento, son magros. Al mismo tiempo, se liberaron contrapartidas mínimas para la “vivienda promovida”, lo que liberó a los proyectos de todo condicionamiento.
Un informe reciente, preparado para la bancada legislativa del FA (del que fui coautor junto con un numeroso equipo de compañeras y compañeros), decía: “En los 15 años de gobierno frenteamplista la inversión pública en vivienda casi se cuadruplicó en términos reales y se duplicó en relación al PIB, pasando de representar el 0,27% del PIB en 2006 a 0,57% en 2019. Este esfuerzo presupuestario tuvo resultados concretos, no sólo en las más de 170.000 soluciones habitacionales provistas por el Sistema Público de Vivienda en el período (de las cuales más de 50.000 corresponden a viviendas nuevas), sino en la reducción de la cantidad de hogares con carencias en materia de vivienda, que pasaron del 11,7% en 2006 a 4,4% en 2019.
La política de vivienda del FA no sólo implicó un incremento continuo de la inversión, sino que se orientó a mejorar la calidad de la vivienda pública, de modo que no sólo sea aceptable para quienes no tienen otra opción, sino también un bien de calidad de acuerdo a los estándares contemporáneos. También se procuró priorizar la inversión en áreas urbanas consolidadas y con servicios, evitando que la inversión pública en vivienda potencie procesos de segregación social y territorial.
Tanto el número real de soluciones habitacionales que el gobierno viene ejecutando como las metas que se plantean están por debajo de lo que el gobierno del Frente Amplio registraba en 2019.
El actual gobierno, en cambio, priorizó la realización de anuncios grandilocuentes, como la impracticable promesa de construir 50.000 viviendas, el anuncio de que se invertirán en total 480 millones de dólares en la problemática de asentamientos y de que se potenciaría la eficacia de los fondos públicos a través del programa Entre Todos.
Con esto se pretendía transmitir la idea de que en este período se batirían récords de producción de viviendas a través del sistema público. La realidad, sin embargo, con los datos disponibles hasta ahora, no sólo dista mucho de estos anuncios de campaña, sino que tanto el número real de soluciones habitacionales que el gobierno viene ejecutando como las metas que se plantean están por debajo de lo que el gobierno del FA registraba en 2019. Por ejemplo, en 2019 las viviendas en cooperativas terminadas más las viviendas en ejecución sumaban 8.766 unidades.
En 2023, en cambio, apenas llegaban a 7.936, y la meta planteada para 2024 es aún más baja: 7.679. En el caso de las viviendas construidas mediante licitaciones del ministerio y autoconstrucción se repite el mismo patrón: de las 1.986 viviendas terminadas y en ejecución en 2019, se pasó a 914 en 2023 y a una meta de 1.452 para 2024. Esto se repite para todos los programas, excepto Mevir. Esto marca una trayectoria francamente descendente en la producción del sistema público, lo cual está en línea con el recorte presupuestal que sufrió el ministerio.
En efecto, en lo que refiere al presupuesto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, las cifras explican la caída en la producción del sistema y por sí solas evidencian que la política pública de vivienda sufrió un duro revés en el quinquenio. En ningún año de este período la inversión presupuestal en vivienda financiada por el Fondo Nacional de Vivienda igualó la que se realizó en el último año de la administración frenteamplista. En 2020 estuvo -11,5% por debajo, en 2021, -3,6%, en 2022, -9,4% y -8,2% en 2023”.
Y, más adelante, el informe agregaba: “Si la inversión presupuestal en 2024 iguala la de 2023, entonces este gobierno estará cerrando el quinquenio con una inversión presupuestal en vivienda financiada por Fonaviyu que estará casi USD 136,6 millones por debajo de lo que se habría invertido en caso de no haberse recortado el presupuesto que tenía el inciso en 2019.
Se intentará decir que en realidad estas cifras están dejando de lado los USD 240 millones de fondos adicionales por fuera del presupuesto que el gobierno prometió destinar a la problemática de los asentamientos a través de ‘recursos adicionales’, en particular los vertidos al Fideicomiso Integración Social y Urbana (Plan Avanzar), que se suman a los otros USD 240 millones originalmente previstos en el presupuesto quinquenal. Sin embargo, cuatro años después de haber anunciado el plan y faltando poco más de un semestre para terminar el período, los recursos ingresados al fideicomiso no llegan a la tercera parte de esta cifra y la ejecución rondaría la sexta parte. De acuerdo con la exposición de motivos de la RRCC [Rendición de Cuentas] 2023, a junio de 2024 los recursos totales ingresados al fideicomiso (compuestos por una partida fija más la afectación de lo recaudado por concepto de ciertos tributos) equivaldrían a aproximadamente USD 80 millones, muy lejos de los anunciados USD 240 millones, y aún se estaría en proceso de obtener los recursos restantes mediante préstamos. Los proyectos ya completados con fondos del fideicomiso al 31/05 del corriente ascenderían a USD 40 millones, apenas la sexta parte de la cifra prometida cuatro años atrás”.
Si la publicidad no cambia la realidad, al menos ayuda a confundir. Una de las acciones más esperadas del gobierno y sin duda de mayor difusión y publicidad fue el llamado Plan Avanzar, que, si bien fue inspirado en buenas intenciones, aún está lejos de mostrar resultados.
En 2022, el Plan Avanzar recibió un refuerzo presupuestal de 13,5 millones de pesos para publicidad (unos 345.000 dólares); para 2023 y 2024 no tenemos datos, pero no es necesario que reciba dineros presupuestales, ya que ahora puede disponer de los recursos del fideicomiso en operación.
En estas semanas, la publicidad en redes del mencionado plan ha ido in crescendo, reiterando el mantra de los 480 millones de dólares, los que ahora aparecen en un circulito en la margen izquierda debajo de la imagen.
El realismo mágico o, más precisamente, lo real maravilloso de este tiempo se evidencia cuando se comunican cifras de “soluciones” habitacionales, ejecución de obras y montos de inversión, un día sí y otro también, entreverando pasado, presente y futuro, en un ejercicio de rizomática invención.
Salvador Schelotto es arquitecto y fue director nacional de Vivienda.