Hace dos semanas, la Policía realizó allanamientos que permitieron incautar drogas ilegales por valor de unos dos millones de dólares, destinadas al mercado interno, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas y municiones. Fueron detenidas cuatro personas y a tres de ellas se las condenó con rapidez tras acuerdos abreviados, mientras que la cuarta quedó en libertad, porque en Fiscalía se llegó a la conclusión de que no estaba involucrada en los delitos. Son hechos habituales en estos tiempos.
Lo que más llamó la atención y causó escándalo fueron los vínculos con el sistema partidario de uno de los condenados, Pablo Leiva, y de su hijo Lucio, el detenido y liberado, quien vivía con su padre. Tuvo menos repercusión, pero no menos importancia, la investigación en curso sobre cómo lavaba dinero el grupo criminal. Además, el incidente debería ser una señal de alerta sobre la necesidad urgente de reformas relacionadas con el financiamiento de los partidos y el funcionamiento de los gobiernos departamentales.
Cabos sueltos
Pablo Leiva tenía en su casa montones de billetes y una máquina para contarlos. Le dijo en primera instancia a la Policía, según consta en el video filtrado del allanamiento, que esto se debía a que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, “un muchacho de un cambio”, quien le entregaba dinero para que él lo contara antes de comprar dólares. Al parecer, en Fiscalía se consideró que Lucio Leiva creía en ese relato.
Zugarramurdi es tesorero del Cambio Monex. Se investiga si era parte de operaciones delictivas, y también los pagos de facturas de cientos de miles de pesos que Leiva padre realizaba con billetes de 100 y 200 en un local de Abitab.
Ese local es propiedad de la esposa de Jorge Gandini, líder del sector nacionalista Por la Patria e integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos. El edil Gonzalo Gómez, también de Por la Patria y representante de la juventud en el directorio del Partido Nacional (PN), tenía contratados como asesores a Lucio Leiva desde el inicio de su gestión y a Pablo Leiva desde diciembre del año pasado. El hijo era militante del PN y vicepresidente de su Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo; el padre no tenía actividad política y Gómez reconoció, en conferencia de prensa, que había cobrado unos 42.000 pesos durante nueve meses sin que él le hubiera encomendado ninguna tarea.
Todo esto dio lugar a sospechas y especulaciones, y también a fuertes críticas desde el sector nacionalista Alianza País: el senador Sergio Botana calificó de “inaceptable” que Pablo Leiva cobrara sin trabajar, y su par Sebastián da Silva opinó que toda la situación era “bochornosa” y que la conferencia de prensa de Gómez había sido “lamentable”.
Mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades individuales, hay que atenerse a las presunciones de inocencia, aunque en algún caso parezcan poco verosímiles. Corresponde también tener en cuenta los factores estructurales que facilitaron el vínculo entre por lo menos un narcotraficante y por lo menos un dirigente político.
El sistema partidario se ha otorgado históricamente facultades discrecionales para el manejo de recursos económicos, con controles insuficientes.
Ardides y riesgos
Los legislativos departamentales deben controlar a los ejecutivos desde la inferioridad. El lema que gana la intendencia tiene asegurada la mayoría en la Junta Departamental, y todos los integrantes de esta carecen, por mandato constitucional, de salarios. Sin embargo, manejan recursos económicos cuya magnitud varía en cada departamento, por decisiones de las juntas correspondientes.
Estos recursos incluyen el acceso gratuito a diferentes cantidades de combustible, celulares y notebooks, así como la disponibilidad de partidas para contratar personal y la posibilidad de pedirlo en comisión a organismos públicos. En Montevideo, las partidas permiten el pago de hasta 255.000 pesos nominales mensuales, y los pases en comisión pueden ser hasta cuatro.
Nada impide que las personas contratadas les devuelvan a las empleadoras todo el dinero que cobran o parte de él, o que lo aporten total o parcialmente a un partido o a un sector, o que se dediquen, con recursos del Estado, a tareas de militancia sectorial o partidaria. No queda constancia de las tareas que se les encomiendan ni hay controles externos de que las cumplan. Cualquier edil puede asegurarles ingresos sin contrapartida a correligionarios, amigos o amantes.
Lo mismo pueden hacer legisladores, jerarcas de la administración descentralizada y muchos otros ocupantes de cargos públicos. Esto, que siempre ha favorecido el disimulo impune de la irresponsabilidad, el clientelismo y otras formas de corrupción, aumenta hoy la permeabilidad oculta ante el crimen organizado. Si los vínculos se establecen, la debilidad de los controles al financiamiento partidario permite que se consoliden.
Los propios partidos deciden cuáles son esos controles y qué presupuesto se les asigna. Pueden autorregularse con seriedad y rigor o mantener una situación muy peligrosa para nuestro futuro democrático.
