En el principio fue Germán Cardoso. En agosto de 2021, cuando ese dirigente colorado era ministro de Turismo, su correligionario Martín Pérez Banchero cuestionó, en declaraciones al semanario Búsqueda, las políticas de compra de publicidad que Cardoso aplicaba. Según el relato de Pérez Banchero, él se había negado a firmar decisiones que no había adoptado ni compartía, y el ministro le había pedido a Luis Lacalle Pou que lo sustituyera en la Dirección Nacional de Turismo.
Aquella entrevista llevó a la renuncia de Cardoso, quien volvió a la banca en la Cámara de Representantes para la que había sido elegido en 2019, y la entonces oposición frenteamplista no solo presentó una denuncia penal contra él, sino que además propuso formar una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos aludidos por Pérez Banchero.
A su vez, el exministro pidió la formación de otra investigadora, que abarcara también la gestión en Turismo durante el período anterior de gobierno frenteamplista. Probablemente la intención de Cardoso fue doble. Por un lado, disimular la situación insólita de que un denunciado se convirtiera en denunciante; por otro lado, diluir el impacto de las acusaciones en su contra.
Diputados aprobó la formación de ambas comisiones, decidió fusionarlas y trasladó el resultado de las investigaciones al sistema judicial en diciembre de 2021. Fiscalía terminó archivando todas las causas, primero la referida a la gestión frenteamplista y luego las que involucraban a Cardoso y sus asesores. Aquel episodio sentó precedentes que se replican.
No hay dos sin tres
Este año, el Poder Ejecutivo anunció que se proponía rescindir el contrato con la empresa española Cardama y presentar una denuncia penal para que se investigara si hubo una estafa contra el Estado uruguayo. El Partido Nacional (PN) hizo saber que propondría en Diputados, donde el oficialismo no es mayoría, la creación de una investigadora sobre todo lo vinculado con la intención de comprar patrulleras oceánicas desde 2005, primer año de gobierno nacional del Frente Amplio (FA). Esta fuerza política le ganó de mano al impulsar otra investigadora, en el Senado, solo sobre las relaciones del gobierno anterior con Cardama. Finalmente, la Asamblea General acordó formar una sola comisión, que investiga el proceso de 2010 a este año.
A fines del mes pasado, investigaciones internas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevaron a la decisión de presentar una denuncia penal sobre las contrataciones realizadas por Leonardo Cipriani durante el gobierno de Lacalle Pou, y desde el FA se anunció la intención de formar una comisión investigadora por el mismo asunto. Esta vez el que ganó de mano fue el PN, con una propuesta de investigación en Diputados que se remontara a 2015 y abarcara también la gestión encabezada por Álvaro Danza en el actual período de gobierno.
El denunciante fue el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien alega que, con disposición a investigar “absolutamente todo”, quiere que se comparen las contrataciones de ASSE en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez con las realizadas por Cipriani. También propone que se vuelva a considerar el período en el que Danza, tras asumir como presidente de ese servicio descentralizado, mantuvo tareas remuneradas en otras instituciones del sistema de salud, a las que renunció poco antes de que la ministra Cristina Lustemberg fuera interpelada por ese tema. No sabemos aún si esta vez también habrá fusión, pero la táctica se reitera.
Riesgos
Hace muchos años que las comisiones investigadoras parlamentarias son ante todo amplificadoras de relatos, que concluyen con el manido “pase a la Justicia” de sus actuaciones y poco aportan al trabajo de la Fiscalía. Funcionan (como el “juicio político” y el “desafuero”) en el espacio que, de acuerdo con las normas constitucionales, el sistema judicial les cede a los partidos con representación parlamentaria para que le den un tratamiento previo a controversias en las que están implicados.
El uso de la herramienta busca influir políticamente sobre la ciudadanía; abusar de ella puede causar efectos indeseables. Uno de ellos es que la abundancia de investigadoras (la de ASSE va a ser la tercera en 14 meses del actual gobierno) genere rechazo a lo que se puede considerar una dedicación excesiva a los conflictos interpartidarios, que le sustrae tiempo y esfuerzos a las tareas propiamente legislativas. Otros dos tienen que ver con el avance de la investigación recíproca.
Por un lado, se puede extender la idea de que todos los gobiernos son responsables de irregularidades similares. Del “son todos iguales” hay un paso al “que se vayan todos”, y un paso en otra dirección al acostumbramiento descreído. Por otro lado, la difusión de dos narrativas politizadas y contrapuestas sobre los mismos hechos presiona al sistema judicial, dejándolo en la incómoda posición de tener que respaldar una de ellas y dictaminar, de hecho, cuál de los dos grandes bloques políticos gobierna mejor… o zafar del problema archivando todo.