La discusión sobre las Dietary Guidelines for Americans (GDA), las guías alimentarias oficiales de Estados Unidos, trasciende la nutrición. Lo que está en juego es algo más profundo: la relación entre ciencia, instituciones técnicas y poder político.
Durante mucho tiempo, las GDA fueron construidas sobre la base del trabajo de un Comité Asesor Independiente integrado por especialistas seleccionados mediante mecanismos públicos y transparentes, apoyados en revisiones sistemáticas de evidencia científica.
Las Guías publicadas en 2025 (GDA 2025-2030) se apartaron de décadas de consenso científico. La nueva representación alimentaria otorga un rol central a la carne roja, las grasas animales y los lácteos enteros, mientras que alimentos tradicionalmente promovidos como las legumbres y los cereales pierden protagonismo.
Al analizar cómo se produjo un cambio tan drástico en el contenido de las recomendaciones, la clave está en el procedimiento utilizado para elaborarlas. El gobierno de Estados Unidos dejó de lado el informe técnico elaborado por el Comité Asesor Independiente y solicitó, con un plazo de apenas seis meses, la realización de una nueva guía por parte de una comisión con integrantes seleccionados discrecionalmente y con claras conexiones con sectores de la industria cárnica y láctea.
La reacción del ámbito académico y sanitario fue inmediata. Más de 200 profesionales y referentes vinculados a la salud y la investigación expresaron públicamente su fuerte rechazo al proceso y sus conclusiones. A esto se sumó una crítica particularmente severa de la prestigiosa revista médica The Lancet, que acusó al gobierno de “debilitar estándares científicos consolidados y reemplazar un proceso transparente por otro atravesado por conflictos e intereses sectoriales”.
La discusión de fondo es sobre qué lugar ocupan las instituciones técnicas cuando sus conclusiones resultan incómodas para determinados intereses políticos, económicos o culturales.
En Uruguay, este fenómeno genera inevitables paralelismos con lo ocurrido en torno al reglamento de jineteadas elaborado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
Tras un intenso trabajo, análisis y debate institucional, el INBA –único órgano competente a estos efectos– aprobó un reglamento orientado a introducir mayores estándares de bienestar animal en las jineteadas. Sin embargo, antes de su entrada en vigor y ante el rechazo de algunos integrantes de la oposición y otros grupos de interés, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación y conformó un grupo especial asesor para que elabore un nuevo reglamento.
Que la conformación de ese grupo especial asesor haya sido definida en forma discrecional y sin mayores consideraciones técnicas, que lo integren representantes vinculados a la actividad regulada, y que el plazo inicial otorgado sea de seis meses son, naturalmente, simples coincidencias con el caso visto antes. Pero la similitud más significativa es la utilización del poder político para desplazar procesos técnicos construidos por organismos creados específicamente para esa función y sustituirlos por estructuras paralelas y circunstanciales alineadas con los intereses de turno.
La discusión de fondo no es solamente sobre jineteadas o nutrición. Es sobre qué lugar ocupan las instituciones técnicas cuando sus conclusiones resultan incómodas para determinados intereses políticos, económicos o culturales.
Una democracia sana necesita debate político. Pero también necesita organismos capaces de trabajar con autonomía, transparencia y criterios científicos relativamente estables. Cuando esos procesos son desplazados por estructuras más permeables a presiones sectoriales, el problema deja de ser únicamente sanitario o animalista: pasa a ser institucional.
Pablo Arzuaga es ingeniero industrial, emprendedor y activo promotor del respeto por la naturaleza.
