El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha consagrada por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar uno de los delitos más aberrantes y complejos de nuestro tiempo. Escribo estas líneas con la convicción profunda de que la lucha contra la trata, una auténtica forma de esclavitud moderna que persiste, se adapta y, lamentablemente, crece en pleno siglo XXI, no debe seguir siendo un asunto lejano, casi abstracto. Debe ser una causa ética y política que interpele directamente a cualquier persona dispuesta a mirar de frente las asimetrías y desigualdades estructurales que la sostienen y debe estar presente en la agenda de todas las actividades internacionales en que las cancillerías participen. Las víctimas nos pertenecen, no son ajenas.
Una fecha nacida de una deuda pendiente
La designación del 30 de julio como un hito en el calendario internacional no fue un gesto simbólico aislado, sino el resultado de un prolongado esfuerzo de articulación diplomática y social a escala global. En el año 2000, la comunidad internacional dio un paso decisivo con la aprobación del Protocolo de Palermo, el primer instrumento jurídico vinculante que definió conceptualmente la trata de personas y fijó obligaciones precisas para los Estados en materia de prevención, persecución penal y protección integral de las víctimas.
13 años más tarde, en diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó formalmente la creación del Día Mundial contra la Trata de Personas. El propósito fundamental era claro: mantener viva la atención de la opinión pública, evaluar los avances normativos y exigir a los gobiernos respuestas eficaces orientadas a restituir los derechos de millones de personas víctimas de este brutal delito.
En ese mismo espíritu de visibilización se inscribe la Campaña del Corazón Azul, lanzada en 2008 en Viena por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El corazón azul evoca la tristeza de quienes sufren esta manifestación extrema de violencia, al tiempo que denuncia la frialdad e indiferencia de quienes mercantilizan cuerpos y vidas humanas. A lo largo de los años, este emblema se ha consolidado globalmente como el símbolo unificador de esta causa, adoptado por instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos en todo el mundo.
Un delito que no distingue fronteras ni métodos
La trata de personas es, ante todo, una violación sistemática de la dignidad y la libertad, de los derechos humanos más elementales. Su dinámica comprende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación. Lejos de limitarse a una única modalidad, esta práctica adopta múltiples formas: explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre por deudas, mendicidad inducida, extracción ilegal de órganos y matrimonios serviles o forzados.
Ningún país es inmune a esta problemática. Todas las naciones participan, en mayor o menor medida, como zonas de origen, tránsito o destino de las redes delictivas. Según estimaciones conjuntas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales, más de 27 millones de personas se encuentran actualmente atrapadas en situaciones de esclavitud moderna.
Las mediciones periódicas difundidas por la UNODC confirman que factores como la pobreza extrema, la falta de empleo formal, los conflictos armados, los desplazamientos forzados y la discriminación sistemática de género continúan siendo el caldo de cultivo sobre el que operan las redes criminales, que seducen a sus víctimas mediante falsas promesas de inserción laboral o estabilidad económica.
La trata se nutre de la indiferencia social y de las inequidades que atestiguamos a diario. Por eso, la conmemoración de este día no debe reducirse a un acto formal o protocolar, sino constituir un compromiso ético permanente.
Aunque conceptualmente cualquiera puede ser víctima de trata, la evidencia demuestra que el impacto del delito es profundamente desigual. Las mujeres y las niñas siguen representando la abrumadora mayoría de los casos detectados a nivel global –superan el 70% de los registros oficiales– y se concentran principalmente en la modalidad de explotación sexual comercial.
La infancia representa el otro polo de extrema vulnerabilidad. Casi un tercio de las víctimas identificadas globalmente son niños, niñas y adolescentes. Este colectivo es captado para ser sometido a explotación sexual, trabajo infantil en condiciones peligrosas, mendicidad forzada o incluso reclutamiento por parte de bandas criminales.
A este cuadro se suman las personas migrantes. Quienes cruzan fronteras en situación migratoria irregular, con barreras idiomáticas y sin redes de apoyo institucionales o familiares resultan objetivos primordiales de los reclutadores. Las regiones marcadas por la expulsión migratoria y la precariedad socioeconómica se transforman, de este modo, en fuentes permanentes de reclutamiento para el crimen organizado.
La era digital y las nuevas formas de explotación
La trata de personas no es un fenómeno estático; se transforma a la par de las tecnologías de la información. En los últimos años, Naciones Unidas ha puesto el foco en las modalidades emergentes del delito, en particular aquellas ligadas al entorno digital y la criminalidad forzada.
Una de las manifestaciones de más rápido crecimiento a escala global es la captación de personas para forzarlas a operar centros masivos de estafas en línea. Bajo el control de organizaciones transnacionales, originalmente asentadas en el sudeste asiático y hoy expandidas hacia otras regiones, miles de personas jóvenes y migrantes son atraídas con ofertas laborales en áreas tecnológicas o de atención al cliente. Una vez en el lugar de destino, se les retiran sus documentos, sufren encierro y torturas físicas y psicológicas para obligarlas a ejecutar fraudes financieros, estafas sentimentales y esquemas con criptomonedas.
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido sobre la aceleración de este fenómeno debido al uso creciente de la inteligencia artificial. Esta vertiente vincula directamente la trata de personas con la ciberdelincuencia, el lavado de dinero y la corrupción a gran escala. Frente a este desafío, la UNODC enfatiza la necesidad de reforzar la cooperación judicial internacional, impulso que busca consolidar la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia aprobada en diciembre de 2024, asegurando siempre que las víctimas no sean procesadas penalmente por los delitos que fueron obligadas a cometer.
Una responsabilidad ética e impostergable
Ninguna causa ligada a la defensa de los derechos humanos nos puede resultar ajena. La trata se nutre de la indiferencia social y de las inequidades que atestiguamos a diario. Por eso, la conmemoración de este día no debe reducirse a un acto formal o protocolar, sino constituir un compromiso ético permanente.
No es admisible naturalizar la explotación ni asumir que la vulneración de derechos es un costo inevitable del mundo contemporáneo. Hiere profundamente la conciencia cuando en diversos contextos se justifica o tolera la explotación sexual infantil y juvenil argumentando la falta de alternativas económicas, mientras las instituciones miran hacia otro lado.
Conmemorar el 30 de julio exige informarse, involucrarse y denunciar. Exige, fundamentalmente, la negativa rotunda a tolerar que seres humanos sean muchas veces secuestrados, explotados y torturados física, moral y emocionalmente hasta la muerte. Debemos defender de manera irrenunciable la dignidad que a todos nos pertenece.
Álvaro Díaz Spinelli es asesor en comunicación.