Las recientes declaraciones de Yamandú Orsi sobre la laicidad y el rol de las religiones en el trabajo social y comunitario generaron una amplia discusión en espacios de la izquierda. La tradición laica batllista y la idea de que la “religión es el opio de los pueblos” simplifica o en muchos casos cierra muchas discusiones más complejas. Incluso si leemos la frase completa de Karl Marx en Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844), vemos una tensión entre opresión, alivio, sustancias y religiones: “La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, y el alma de condiciones sin alma; es el opio del pueblo”.
No usaré este espacio para entrar en la rica tradición del diálogo entre marxismo y religión, pero sí la invitación es a pensar este tema en un proceso político y cultural más amplio que se está dando en Uruguay, por la vía de la atención a los problemas concretos y más acuciantes que tiene la sociedad.
En el encuentro impulsado por la Junta Nacional de Drogas (JND) entre el Estado y comunidades de fe para abordar el consumo problemático de drogas, tanto el secretario de la JND, Gabriel Rossi, como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, marcaron la línea sobre la laicidad y el encuadre posible para la cooperación entre religiones y Estado. El propio presidente escuchó a diferentes actores religiosos de la sociedad, en un acto de fortalecimiento de la política republicana.
Durante la actividad, Rossi sostuvo que la laicidad “no es la negación del hecho religioso, sino una forma de convivencia democrática”, y agregó que “este aporte no sustituye al Estado, pero el Estado sí tiene la necesidad de verlo, comprenderlo y dialogar”. Díaz planteó que la laicidad, “bien entendida, garantiza que todas las tradiciones, todas las religiones, convivan con libertad y con respeto”, y, al mismo tiempo, reconoce que “la dimensión espiritual forma parte de la vida de todos los uruguayos” y que esto no anula una laicidad de la que nos sentimos orgullosos.
Esta posición de apertura al trabajo entre religiones y Estado en materia de consumos problemáticos tiene antecedentes en la propia JND, que en períodos anteriores convocó a instancias similares de sensibilización y diálogo. En este contexto se elaboraron decretos que regulan desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) el funcionamiento de todas las comunidades terapéuticas, sean laicas o religiosas.
El Estado reconoce un saber hacer en este campo, incluso en la academia existen estudios incipientes al respecto para construir evidencia científica. El abordaje de las religiones no es mejor ni peor que el técnico o laico, no lo sustituye tampoco, sino que considera otra dimensión, la espiritual, que desde el lugar estatal no es posible abordar, al menos hasta ahora. Las organizaciones religiosas existen, trabajan y sostienen redes comunitarias concretas desde hace mucho tiempo. El verdadero debate es acerca de la existencia de las reglas democráticas, espacios de diálogo institucionales y la manera en que los derechos humanos articulan esas experiencias con el Estado.
Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, afirmó en una actividad convocada por el centro de pensamiento Siembra que “las comunidades de fe son la presencia más potente de la sociedad civil en las cárceles”. Destacó su rol en la mediación de identidades, la resolución no violenta de conflictos y el apoyo en la reinserción social el “día después” de la liberación. Criticó la postura estatal de “dejar hacer” sin implicarse creativamente para potenciar estas propuestas.
Una laicidad para el siglo XXI no implica neutralidad pasiva del Estado, sino capacidad de arbitraje plural y regulación institucional. Es decir, reconocer el aporte social de actores religiosos sin renunciar jamás a la responsabilidad estatal.
Pero el reconocimiento tampoco puede convertirse en romanticismo comunitario. Existen antecedentes preocupantes vinculados a algunas experiencias religiosas de rehabilitación, donde se han denunciado prácticas de disciplinamiento, dependencia emocional, instrumentalización política, opacidad financiera y vulneración de derechos. Desde hace muchos años se viene dando un debate público en relación con esto que obliga justamente a pensar regulaciones claras, mecanismos de supervisión y criterios públicos de actuación. Una postura negadora del hecho religioso también ha obturado una reflexión profunda y crítica de estos casos y ha dejado al Estado sin las herramientas para dialogar y tampoco supervisar la acción religiosa.
Existen en América Latina dos herramientas que podrían ayudar: una Oficina de Asuntos Religiosos, como existe en casi toda América, donde el Estado pueda sistematizar la información sobre las instituciones religiosas, generar espacios de diálogo, cooperación, acuerdos y supervisión. Y en segundo lugar, una Ley sobre Voluntariado y Compromiso Social, que no es solo para las comunidades de fe, pero las incluye. Una ley que defina y regule qué es voluntario, lo promueva, por su valor social, pero que esté claramente diferenciado de lo que es un trabajo encubierto o una explotación laboral.
Una laicidad para el siglo XXI no implica neutralidad pasiva del Estado, sino capacidad de arbitraje plural y regulación institucional. Es decir, reconocer el aporte social de actores religiosos sin renunciar jamás a la responsabilidad estatal, a los mecanismos de supervisión de salud pública ni a los estándares democráticos.
Izquierda, espiritualidad y religión
Aunque el Frente Amplio (FA) recoge desde su fundación el diálogo entre cristianos y marxistas, y una rica tradición de vertientes cristianas en distintos sectores encuadrados en los cristianismos liberacionistas, y si bien sectores progresistas del catolicismo y protestantismo brindaron refugios de resistencia a la dictadura, abrieron espacios de organización popular, defensa de derechos humanos, trabajo territorial y construcción comunitaria, en las últimas dos décadas el diálogo ha sido complejo. Buena parte de la izquierda uruguaya sostuvo una relación incómoda con la religión, asociándose casi exclusivamente al conservadurismo religioso que se opuso a la llamada nueva agenda de derechos.
En el contexto global actual de liderazgos autoritarios que hacen un uso instrumental del discurso religioso, y donde las derechas extremas han encontrado en los símbolos religiosos y en sus bases electorales una fuerza sustantiva, buena parte de las izquierdas latinoamericanas han comprendido que no pueden ser ajenas al diálogo con las religiones y con las espiritualidades.
La izquierda uruguaya tiene algunas figuras más asociadas a este diálogo, como Fernando Pereira, Blanca Rodríguez, Gonzalo Civila, Mercedes Clara y Susana Andrade, entre otros. Pero es novedoso que un gobierno de izquierda, desde la propia figura del presidente, se siente a escuchar a actores de comunidades religiosas diversas. En el tema de las adicciones, parece que hay conciencia de que no es estratégico dejar a ningún actor con voluntad de trabajo con un piso mínimo en común fuera de la conversación.
Eso no elimina las tensiones existentes. Las hay, y son profundas. Especialmente cuando algunas organizaciones religiosas buscan trasladar convicciones doctrinales a las políticas públicas y las leyes. Pero una democracia madura no resuelve esas tensiones mediante exclusión cultural, sino mediante reglas claras, transparencia y deliberación pública.
Quizás el desafío actual para Uruguay no sea abandonar la laicidad, sino actualizarla. Pasar de una laicidad defensiva, construida contra la religión, hacia una laicidad pluralista, capaz de dialogar críticamente con las múltiples formas de espiritualidad presentes en la sociedad contemporánea.
Porque la pregunta de fondo ya no es si existe o no religión en el espacio público. La pregunta es qué tipo de vínculo democrático y respetuoso de los derechos humanos queremos construir entre Estado, comunidad, religiones y vida espiritual.
Nicolás Iglesias Schneider es licenciado en Trabajo Social, especialista en política y religión.
