Recientemente se hicieron públicos los resultados del nuevo Censo Agropecuario 2024 elaborado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Algunos datos de escala nacional nos permiten observar el rumbo que ha tomado el país en las últimas décadas y el desempeño de diferentes sectores promocionados por empresas y sucesivos gobiernos. En primer lugar, como ya fue público a partir de los comentarios de “sorpresa” del ministro Alfredo Fratti, se agrava la concentración de la tierra (y riqueza) en menos manos y se profundiza la pérdida continua de pequeños productores/as respecto a censos anteriores. La ruralidad es cada vez más injusta y expulsiva de las pequeñas y medianas formas de producción.
No es novedad, pero sí un problema que se agrava, y conforma una estructura cada vez más desigual en los principales rubros de exportación del país. Al mismo tiempo, esto es la otra cara de la sistemática migración rural-urbana, en un territorio que ya tiene más del 96% de la población urbana. La forestación (monocultivos de eucaliptos y pinos) es uno de los rubros promocionados por empresas y gobiernos hace más de tres décadas como motor de desarrollo, nuevas oportunidades en la ruralidad y fuentes de empleo. Veamos qué nos dice el informe del Censo Agropecuario.
Los dueños de la tierra
En 2024, las explotaciones con forestación como ingreso principal ocupaban 1.438.577 hectáreas, 8,9% de la superficie total censada del país. En esta superficie, trabajaban 2.785 personas de forma permanente, y 37 como temporarios –equivalencia calculada por MGAP–. Es decir, la forestación ocupa 1,98 trabajadores (permanentes y temporarios) cada 1.000 hectáreas (ver página 35 del informe MGAP-INE). Por otro lado, la ganadería vacuna ocupa 5,39 personas cada 1.000 hectáreas, la lechería 19 cada 1.000 hectáreas, la ganadería ovina 11,16 cada 1.000 hectáreas y los cultivos industriales cerealeros 5,19 cada 1.000 hectáreas. En otras palabras, la forestación es el rubro que genera menos empleo cada 1.000 hectáreas de todos los rubros censados, generando menos de la mitad del empleo que la ganadería vacuna.
Además, la forestación es el rubro que tiene la tierra más concentrada: 72,9% de la superficie con forestación está en 39 explotaciones mayores a 2.000 hectáreas, con un promedio de tamaño de explotación de 2.895 hectáreas. Esta magnitud de concentración de la tierra es seguida por el arroz con un promedio de 1.542 hectáreas por explotación, luego los cultivos industriales cerealeros 694 hectáreas/explotación, la ganadería vacuna con 454 hectáreas/explotación, la lechería 217 hectáreas/explotación y la ganadería ovina con 177 hectáreas/explotación.
Mirado en perspectiva, este problema se está agravando: en el Censo General Agropecuario de 2011 el promedio de hectáreas por explotación en forestación era 1.573, casi la mitad que en 2023. Con estos datos, queda claro que promover la forestación y su expansión está muy lejos de generar nuevas oportunidades en la ruralidad, disminuir la desigualdad y promover el desarrollo.
¿El empleo que queremos?
Seguramente los promotores del sector forestal podrán alegar que los datos del Censo Agropecuario no reflejan la realidad de la “cadena forestal”, ya que gran parte de su impacto no sucede en la tierra forestada, sino en el encadenamiento con los viveros, las industrias y los centros urbanos. Veamos entonces los datos de la Encuesta Continua de Hogares (2006-2023), que son la otra fuente de datos públicos, contrastables y validadas por años en el INE, donde podemos analizar datos de empleo a escala nacional en base a la declaración de las personas.
Los datos señalan que la superficie efectivamente forestada aumentó 47% entre 2006 y 2022. Sin embargo, el empleo en toda la cadena se mantiene estable, sin variaciones significativas estadísticamente. El área forestada crece 400.000 hectáreas, mientras que el empleo permanece en el entorno de las 23.000 personas: 11.000 en forestación y viveros, 5.000 en industrias químicas como celulosa, 7.000 en industrias mecánicas como aserraderos.
Estos datos contradicen los planteos de las empresas y gobiernos que quedaron registrados en los Estudios de Impacto Ambiental de las plantas de celulosa. En teoría, Botnia generaría 8.000 puestos de trabajo, Montes del Plata 6.500, y UPM2 9.000.
La Encuesta Continua de Hogares también nos da información sobre la calidad del empleo en 2023: en el eslabón “rural” de la cadena forestal, es decir, en forestación y viveros forestales, el 46% de los trabajadores son informales, mientras que en ganadería representan el 26%, y en agricultura extensiva, el 23%. Además, el 20% de las personas que trabajan en forestación y viveros forestales están bajo la línea de pobreza, mientras que en ganadería representan el 4% y en agricultura extensiva, el 6%. También es relevante que únicamente el 9% de las personas que trabajan en forestación y viveros son mujeres, mientras que en ganadería representan el 21% y en agricultura extensiva, el 14%.
En estas últimas décadas la forestación se ha expandido sobre tierras que tenían otros usos, sin generar empleo nuevo en su rubro, ni mejorar las condiciones de vida.
No huir de la discusión
Los datos de la Encuesta Continua de Hogares complementan al Censo Agropecuario, evidenciando que la forestación es el rubro rural con mayores niveles de informalidad, masculinización y personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza. A esto debe sumarse que es el rubro más urbanizado: el 12% de las personas que trabajan en forestación y viveros viven en zonas rurales dispersas, mientras que en ganadería representan el 55% y en agricultura extensiva el 23%. Esto permite entender el perfil de cuadrillas móviles urbanas, difíciles de captar en su totalidad en las consultas predio a predio del Censo Agropecuario.
Teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que en estas últimas décadas la forestación se ha expandido sobre tierras que tenían otros usos, sin generar empleo nuevo en su rubro, ni mejorar las condiciones de vida. De hecho, usando los datos del Censo Agropecuario sobre trabajadores cada 1.000 hectáreas en ganadería vacuna y ovina, podemos estimar que la expansión de 400.000 hectáreas entre 2006 y 2023 implicó la pérdida de entre 2.156 y 4.464 trabajadores en ganadería, agravando la migración rural-urbana. Lamentablemente, estos impactos negativos sobre otros rubros nunca son incluidos en los estudios de impacto ambiental.
Articulado con este impacto negativo en las oportunidades de empleo y la desigual distribución de la tierra-riqueza, los monocultivos forestales producen una serie de impactos negativos sobre el ambiente constatados científicamente (incluso con la participación de las empresas en los estudios). Entre ellas están: la disminución de la capacidad de las cuencas entre un 20% y un 50%, acidificación, compactación, hidrofobicidad y salinización del suelo, pérdida de biodiversidad de mamíferos y aves, y la afectación del sistema inmunológico de las abejas.
Las empresas forestales utilizan importantes cantidades de agroquímicos en los primeros dos años de la plantación, tanto para preparar la tierra (herbicidas y fertilizantes) como para controlar a las hormigas cortadoras (hormiguicidas). Algunos de ellos están prohibidos en Europa por su daño a la salud y el ambiente, pero se encuentran habilitados en Uruguay, como el Fipronil (granulado), el S-Metolaclor, el Sulfato de Amonio, el Haloxifop, el Acetoclor y el Paraquat. Algunos investigadores señalan que el uso de plaguicidas en la forestación puede estar relacionado a la desaparición paulatina de la mulita, por intoxicación al ingerir insectos envenenados.
Estas transformaciones en los ecosistemas alteran la vida y producción de los predios linderos a los macizos forestales, afectando negativamente a productores/as ganaderos por falta de agua, aumento de amenazas al ganado como el jabalí, y la pérdida de biodiversidad por el uso de agroquímicos.
El agronegocio forestal y las inversiones extranjeras directas de las plantas de celulosa hacen crecer el PIB, esto es cierto. Sin embargo, nos dice muy poco sobre la mejora en las condiciones de vida en la ruralidad, las oportunidades de empleo y la distribución de la riqueza. De hecho, el aumento del PIB significa que mayores volúmenes de naturaleza y trabajo humano pasan por el mercado, sin considerar sus consecuencias sociales ni ambientales en el corto y largo plazo. Por ejemplo, a mediano plazo, el no pago de impuestos por las zonas francas y el envío de inmensas remesas al exterior (capital generado como ganancia neta de la empresa trasnacional) generan un profundo desbalance en las cuentas nacionales.
Por el contrario, los datos públicos del Censo Agropecuario y la Encuesta Continua de Hogares, así como las investigaciones científicas sobre el impacto ambiental, nos muestran las consecuencias negativas que la expansión forestal está teniendo en el mediano y largo plazo en nuestro territorio. En este contexto, ¿tiene sentido seguir promocionando el sector desde el gobierno y favoreciendo su expansión con exoneraciones de impuestos, contratos confidenciales y flexibilidad en las normas ambientales? ¿Desde qué datos públicos pueden las empresas y gobernantes afirmar que es un sector “exitoso” y con impacto “súper potente” en empleo?1 ¿Qué participación real y vinculante tenemos los y las ciudadanas en el debate del futuro de nuestra ruralidad y ecosistemas?
Ahora que los números llegaron a los escritorios en la capital, esperemos que se trascienda la “sorpresa” y se abra una profunda discusión sobre el modelo estructuralmente injusto que se viene promoviendo hace décadas, y se promueva efectivamente la distribución de la tierra, la producción de alimentos sanos y accesibles priorizando el abastecimiento local, la transición agroecológica y la habitabilidad en las zonas rurales.
Daniel Pena es magíster en Sociología, docente investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
