Con la participación de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Ambiente (MA) y la Sociedad de Productores Forestales (SPF), el Grupo Agro del Instituto Juan Pablo Terra presentó propuestas para el desarrollo forestal sostenible en un documento “que condensa reflexiones sobre las temáticas agropecuarias, aborda la situación forestal actual e identifica un conjunto de líneas estratégicas y políticas públicas que hay que impulsar en el país”.

Para el presidente del instituto, Pablo Martínez, el desarrollo económico y social de Uruguay “requiere no solo pensar en las políticas macro, sino también en cómo promover mayor actividad y dinamismo económico que genere más empleo”.

A casi 40 años de la aprobación de la Ley Forestal, el grupo de especialistas del Juan Pablo Terra ha identificado “fisuras en el consenso político y social sobre la forestación” y, en este marco, propone generar políticas que visibilicen los problemas y las fortalezas de la forestación para promover una nueva etapa de desarrollo forestal sostenible.

“El desarrollo forestal fue fruto de una política de estado exitosa, que logró la diversificación de la matriz productiva, generó empleos y un aumento global del valor agregado”, indicó Santiago Cayota, ingeniero agrónomo y uno de los autores del texto.

La ley 15.939, aprobada en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), se implementó “con fuerza” en el gobierno de Luis Lacalle Herrera (1990-1995) con la instalación de subsidios y exoneraciones, y en los gobiernos del Frente Amplio fueron habilitadas las tres plantas de celulosa, rememoró.

“Esto habla bien de lo que ha sido este país y de una política forestal que se ha mantenido más allá de conceptos filosóficos e ideológicos”, consideró Cayota y agregó que “hay desafíos ambientales, en el marco de una regulación exigente y desafíos socioeconómicos asociados a la escala de la producción y al predominio de las grandes empresas nacionales”.

Impactos de la forestación

Cayota se refirió a los factores “más críticos” y “discutidos” en torno al desarrollo forestal: el impacto ambiental, entre ellos, la dinámica del agua. Según estimaciones, las plantaciones forestales pueden disminuir el escurrimiento “entre un 20 y un 30%” y la infiltración “cerca de un 5%”, dependiendo del año y del clima.

Asimismo, la forestación impacta sobre la biodiversidad, por ejemplo, cuando se sustituye campo natural por monte forestal y, además, tiene un efecto en el pH de los suelos “con incidencia en procesos de acidificación -proceso de disminución del pH-”.

En contrapartida, destacó “efectos positivos en el mediano plazo” sobre la materia orgánica del suelo y la implementación de “un sistema de control riguroso y complejo” que ha asegurado el respeto de las restricciones.

Por otro lado, Cayota indicó que la industria celulósica “tiene el 37% de la superficie forestal del país” y que la forestación para celulosa es uno de los sectores que tiene más aportes impositivos, en comparación con otros sectores primarios.

En este sentido, agregó que “la cadena forestal” genera “más de 2.500 dólares de valor agregado por hectárea, contra 197 de la ganadería, casi 1.000 de la lechería y 700, 800 de la soja”. En tanto, en cuanto al empleo, el sector genera “22 empleos cada 1.000 hectáreas”.

Los lineamientos

En el trabajo se proponen cinco lineamientos “básicos”: regular la localización de los macizos forestales; promover la forestación en pequeños y medianos productores; impulsar el desarrollo industrial; simplificar y utilizar la “ventanilla única” para la autorización de proyectos de plantación y elaborar un plan estratégico de desarrollo forestal.

En cuanto a la regulación de localización de los macizos, Cayota señaló que es “clave” diferenciar los suelos “de real prioridad para la forestación” de aquellos “de real prioridad para la conservación”.

“Hay casi un millón de hectáreas donde se podría habilitar un desarrollo forestal ágil con certidumbre para todo el mundo, con las garantías para los que compren las tierras, para los que quieren invertir, para las plantas que se quieran instalar […] Si asumimos que la superficie forestal actual es de un poco más de 1 millón de hectáreas, esto significaría duplicar el área forestal. Al ritmo actual, tendríamos como 30 años de desarrollo forestal por delante”, estimó.

Sobre la “baja” presencia de pequeños y medianos productores en el sector forestal, dijo que se plantea impulsar las compras y los contratos de los productores por parte de las industrias, así como revisar las líneas de financiamiento y capacitar y brindar asistencia técnica “para que pequeños y medianos productores ganaderos puedan entrar en este negocio”.

Mientras que, para impulsar el desarrollo industrial, es “importante”, desde el punto de vista social, priorizar la transformación mecánica en pos de generar más empleo a nivel industrial, consideró.

En cuanto a la elaboración de un plan de desarrollo forestal, “nos parece importante haya algunos lineamientos claros del gobierno que den ese marco de seguridad jurídica y orienten las propias decisiones de los distintos organismos públicos”, dijo.

A modo de conclusión, Cayota aseguró que hay oportunidades de crecimiento en el sector “tanto en la parte celulosa, como en otros productos derivados de la madera, como de la transformación mecánica” y agregó que una de las “ventajas” de la industria forestal es que está “bien inserta” en el interior del país.

“En un momento en el que el país precisa como nunca dinamismo económico, crecimiento y creación de empleo, el sector forestal puede cumplir un rol bien claro y, en ese marco, un compromiso del gobierno con el mayor respaldo social y político posible parece muy necesario y muy importante”, culminó.

Oportunidad en un sector “exitoso”

El titular de la Dirección Forestal del MGAP, Gastón Martínez, dijo que se siente “orgulloso” de pertenecer al sector forestal y que los datos extraídos del documento demuestran que se trata de una industria “exitosa”.

Asimismo, informó que desde la dirección se está trabajando en “la demanda” de una ventanilla única, “hacia una modernización y digitalización”. En cuanto al impacto ambiental, Martínez señaló que el sector forestal “escucha lo que está pasando en el territorio y trata de sumar datos e ir viendo cómo avanzar”.

Como país “venimos transitando una madurez con cambios generacionales que empiezan a ver en el sector forestal una oportunidad y esto hay que acompañarlo desde la gestión pública”, valoró e hizo hincapié en la necesidad de “un compromiso gubernamental y desde el MGAP en seguir poniendo este tema arriba de la mesa para incorporarlo en la producción y en los diferentes sistemas productivos”.

“Hay que sentarse a trabajar temas que son duros y lograr consenso porque en este barco estamos todos. […] Hay que pensar en planes que trasciendan gobiernos”, instó.

Reformas microeconómicas para “hacer la vida más fácil”

La directora de Inversiones del MEF, Isabella Antonaccio, destacó al sector forestal como una industria “súper potente”, que aporta a nivel de valor agregado bruto y a nivel de empleo, y que “ha sido la responsable de las principales inversiones extranjeras directas en nuestro país”.

“Desde Economía creemos que la Ley Forestal realmente funciona y que hay que cuidar este marco normativo”, expresó. En este sentido, consideró que hay que continuar apostando al crecimiento -“con la variable inversión como principal motor”- y “sacar más provecho” al marco normativo.

En un contexto global “complejo”, Antonaccio apuntó a que el enfoque debe estar en las reformas microeconómicas y en “hacerles la vida más fácil a quienes trabajan, producen y viven en Uruguay”.

“Estamos trabajando en una profunda agenda de reformas microeconómicas en conjunto con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Industria y con el sector privado” para “poder producir, trabajar e invertir en Uruguay” y facilitar “la firma de negocios”.

Asimismo, la jerarca observó que hay una “enormidad de ineficiencia” en cuanto a tiempos y costos burocráticos y mencionó que el MEF, junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, está trabajando con “la ventanilla única de inversiones y con la ventanilla única de comercio exterior” en un proceso que busca “priorizar determinados trámites: apertura de empresas, apertura de cuentas bancarias, habilitaciones de Bomberos, habilitaciones ambientales”, enumeró.

Tendencia a la baja y trabajo “codo a codo”

El vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Francisco Bonino, valoró como positiva la instancia de debate y consideró que “es una discusión a tener”.

Con referencia a las regulaciones ambientales, dijo que “tienen que ser con base científica y para todos los sectores”. En esta línea, cuestionó que “no se sigue un criterio de igualdad” en los distintos sectores agropecuarios.

Según Bonino, la tasa de crecimiento en el área forestal “es muy baja”. “Si queremos que haya un sector forestal más grande dentro de 30 años, hoy tenemos que plantar otro ritmo”, sentenció.

Por otra parte, el subsecretario del MA, Oscar Caputi, destacó que desde la asunción del gobierno de Yamandú Orsi, la cartera ha trabajado “mano a mano” con la SPF “a los efectos de abordar la temática ambiental”.

En este sentido, han avanzado en el establecimiento de “reglas claras” para los criterios de clasificación, el análisis de la aptitud de los suelos, la biodiversidad del lugar, la hidrología y el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial, aspecto “no menor” para la evaluación de proyectos.

No obstante, Caputi señaló que el MA es un ministerio “muy joven” y tiene “un gran rezago” en materia tecnológica. Con la intención de “avanzar”, están trabajando junto con la dirección forestal del MGAP para “facilitar” la gestión y evaluación de proyectos.

“Entendemos que desde el Ministerio de Ambiente no habría mayores obstáculos para el desarrollo del sector forestal”, finalizó.