El negacionismo es un fenómeno global. No siempre es frontal, repta, sus manifestaciones suelen ser más zigzagueantes y complejas que la negación de un acontecimiento o un hecho concreto. Valeria Thus, que ha estudiado en profundidad el rol del derecho frente a la negación de los crímenes de Estado, advierte que la negación intenta convertir los hechos en un no acontecimiento; no consiste en volver al punto anterior a que el hecho ocurriera, sino en vivir como si ese hecho no hubiera tenido lugar de la forma en que ocurrió. No se trata, entonces, de negar el dato, se trata de vaciarlo de su estatuto de acontecimiento, de quitarle el peso histórico y jurídico que lo distingue de una opinión. Por eso el negacionismo no necesita decir “no hubo dictadura” o “no hay genocidio”; le alcanza con reordenar el sentido del hecho hasta que deje de exigir responsabilidad, hasta que se vuelva un episodio más en una historia con sus propios “demonios”, sin justicia ni memoria.
Para el caso uruguayo, resulta necesario analizar qué pasa cuando ese trabajo de vaciamiento se hace desde una Defensoría del Pueblo, cuando deja de ser una voz aislada y es instrumentado desde un mecanismo que fue pensado para garantizar la protección en materia de derechos humanos y proteger la institucionalidad de un Estado.
La INDDHH se ha convertido hoy en un mecanismo a través del cual se busca instrumentar y legitimar nuevas discursividades contrarias a su propio mandato. Algunos hechos, que no son aislados, nos permiten ilustrar con claridad las contradicciones que atraviesa.
En octubre de 2024, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo deliberó sobre si permitir la difusión de un podcast sobre la represión de 1968, sobre las marchas estudiantiles que cobraron la vida de Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos, resolviendo finalmente que no. Dicha deliberación ocurrió en su propia sede, que es un sitio de memoria desde el 5 de julio de 2019, ya que en ese mismo espacio funcionó el Servicio de Información de Defensa (SID), organismo militar que tuvo a su cargo las políticas represivas que desplegó el régimen dictatorial, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura y donde permaneció secuestrada María Claudia García y vivió sus primeros días de vida su hija Macarena.
El podcast censurado se llama 68, pertenece a la serie “El golpe a la educación”, lo dirigió la historiadora y cineasta Virginia Martínez, y reúne entrevistas con académicos de reconocida trayectoria sobre las causas y consecuencias del quiebre político de 1968. Dos directivos, entre ellos Marcos Israel, cuestionaron la ausencia de voces “contrastantes” y exigieron “la generalidad de los enfoques” sobre lo ocurrido. La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay señaló con precisión la trampa conceptual de esa exigencia: desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿es posible la “diversificación de miradas” sobre los hechos que involucraron a la enseñanza en 1968? Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en su momento advirtió: “Se inmiscuye el poder político sobre el saber técnico” y señaló con claridad que el episodio “sienta un precedente en la violación a los principios constitutivos de los sitios de memoria”.
El único director que votó en contra fue Wilder Tayler. En la misma soledad que ya había experimentado en 2022, cuando la mayoría del Consejo votó por incorporar al padrón de la INDDHH al Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, una organización que niega las desapariciones forzadas de la dictadura civil militar. Tayler dijo entonces que “no se debe admitir la cooptación de entidades que toleren la negación de los derechos humanos” y que “hay límites que no se deben pasar”.
Tras la salida de Tayler, asumió Mariana Mota, retomándose la discusión sobre la posibilidad de difusión del podcast. Finalmente, no fue aprobado, y dicha negativa esta vez tuvo como corolario expresiones de Marcos Israel, en las que justificó el quiebre institucional de 1968 que condujo al golpe de Estado de 1973, al considerarlo “una cortina de humo” para “tapar” el accionar del Movimiento de Liberación Nacional.
Lo que estamos viendo es un patrón que se despliega con consistencia desde el 1° de setiembre de 2022. En 2024, en el mismo año de la censura al podcast, la INDDHH firmó un convenio con el Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano, orientado a monitorear el “antisemitismo” en Uruguay y la región. Marcos Israel declaró públicamente que la información proveniente de Gaza “son falsas en un 99%” por tratarse de “un gobierno terrorista”, lo que motivó el pedido formal de renuncia de Crysol, invocando la violación del artículo 9 de la ley orgánica. Ante este episodio la institución respondió que esas declaraciones eran “en carácter personal”.
La INDDHH se ha convertido hoy en un mecanismo a través del cual se buscan instrumentar y legitimar nuevas discursividades contrarias a su propio mandato.
Las acciones y declaraciones de Marcos Israel no son a título personal, nos permiten identificar desde qué espacios y en qué forma se despliega el discurso negacionista y la resignificación de los discursos de odio como efecto silenciador de la libertad de expresión. En sus expresiones sobre la dictadura en Uruguay, no niega la represión, pero reordena los acontecimientos, relativiza, le cambia el origen, traslada la responsabilidad del Estado a la guerrilla. Por otro lado, con relación a la agenda que lidera sobre “antisemitismo” no niega que existan crímenes en Gaza, pero los reordena bajo otra categoría, los vuelve indecibles, convierte su denuncia en discursos de odio. Busca enmarcar la contranarrativa, modernizar la legislación uruguaya e incorporar la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) equiparando el antisionismo y la crítica a las políticas del Estado de Israel con el antisemitismo, lo que convierte la solidaridad con el pueblo palestino en una expresión discriminatoria pasible de sanción legal.
En diciembre de 2025, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió solicitar al gobierno que esa definición no sea utilizada oficialmente, señalando el riesgo que representa para la libertad de expresión. El intento de instalarla desde la INDDHH no es un debate académico sobre los límites del antisemitismo, es un intento de modificar el marco normativo para criminalizar la disidencia respecto a las políticas genocidas de un Estado extranjero.
Es en ese contexto –el de un Estado cuya conducta ha sido calificada de apartheid y genocidio por los tribunales y organismos internacionales más relevantes del sistema de protección de derechos humanos– que Marcos Israel, desde la INDDHH, declara que el 99% de la información proveniente de Gaza es falsa, impulsa la adopción de la IHRA para criminalizar la crítica a ese Estado y suscribe convenios con organizaciones vinculadas a su agenda. La pregunta que esto impone no es si Israel tiene derecho a opinar; es si alguien con esas convicciones reúne las condiciones de idoneidad para integrar la institución que tiene el mandato de proteger los derechos humanos en Uruguay, recomendar al Poder Legislativo en esa materia y emprender las acciones de búsqueda de las y los desaparecidos de la dictadura.
En el Informe de Derechos Humanos de Serpaj Uruguay 2023, junto con Juan Ceretta, advertimos sobre los riesgos democráticos e institucionales del proceso de selección del Consejo Directivo que asumió el 1°de setiembre de 2022. Señalamos entonces que el proceso había estado plagado de irregularidades, que la Comisión Especial bicameral había aceptado postulaciones de personas que no reunían los requisitos legales –alta autoridad moral, notoria versación en derechos humanos–, que el poder político había intervenido para cambiar la orientación de la institución sin modificar formalmente la ley, y que todo eso producía “al país y su calidad democrática un profundo daño”. Más de 15 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el acto administrativo que precedió a la asamblea donde se votaron las nuevas autoridades.
En aquel momento, enfatizamos que la fuerza de la INDDHH es la autoridad moral y la calidad técnica de sus dictámenes. Y esa autoridad moral está “indisolublemente ligada a la catadura moral de quienes integran su consejo directivo”.
La Ley 18.446 que crea la INDDHH establece que sus integrantes deben ser personas de “alta autoridad moral” con “notoria versación en materia de derechos humanos”. Esos no son requisitos decorativos: son las condiciones de legitimidad de una institución cuya única autoridad es la credibilidad. Una institución de derechos humanos que no tiene poder coercitivo, que no puede anular actos administrativos, que opera únicamente por la fuerza de sus recomendaciones, se sostiene o se derrumba según la confianza que genera. Cuando su propio directorio censura producción académica sobre la represión estatal, incorpora organizaciones que niegan desapariciones, uno de sus directores sostiene que el proceso dictatorial fue provocado por la guerrilla e impulsa desde su cargo la criminalización de la solidaridad con Palestina, esa institución no solo pierde credibilidad: traiciona su mandato y a las personas que debería proteger.
Esto importa para entender el vínculo entre el negacionismo local y la agenda internacional. No son dos problemas separados que coinciden en una misma persona, son la misma lógica de captura institucional operando en dos registros simultáneos.
Con la negación del mal radical asistimos una vez más a la anulación de la dignidad humana. Precisamos proteger obstinadamente nuestras instituciones frente a estos ominosos intentos. No mirar para el costado, publicar apuntes, alzar la voz, es un primer paso.
Valeria España es abogada, investigadora y docente en la Facultad de Información y Comunicación (Udelar). Trabaja en derechos humanos, políticas de vivienda y migración.
