El jueves de la semana pasada, este espacio estuvo dedicado a una charla realizada dos días antes en el Palacio Legislativo, donde se expusieron opiniones contra la actuación del sistema judicial por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. En esa ocasión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que solo falta encontrar los restos de cuatro personas detenidas y desaparecidas en Uruguay. Al día siguiente, su par y correligionario Sergio Botana cuestionó que en nuestro país se reclame por 205, alegando que solo 30 desaparecieron en territorio uruguayo.
El mismo miércoles, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo a la diaria que impulsaría el desarchivo o una nueva presentación del proyecto de ley sobre el negacionismo del terrorismo de Estado promovido por su fuerza política en 2024. Aquella iniciativa planteaba que debían retractarse o prestar trabajos comunitarios quienes realizaran manifestaciones públicas para negar, justificar o minimizar las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde la declaración de “medidas prontas de seguridad” en 1968 hasta el fin de la dictadura.
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio replanteó un proyecto de ley de 2023 que le asignaba al mismo negacionismo penas de tres a 14 meses de prisión, y de 12 meses de prisión a tres años de penitenciaría cuando lo cometieran docentes, periodistas, “agentes del Estado” u otras personas que tuvieran “influencia en la ciudadanía”.
El negacionismo es peligroso, porque atenuar el rechazo a los crímenes disminuye la convicción de que no pueden justificarse y sabotea el “nunca más”. También es peligroso el punitivismo, que apuesta al castigo para evitar las conductas antisociales, y más aún cuando apunta contra las opiniones, aunque se trate de opiniones repugnantes. En vez de elegir entre dos males, deberíamos buscar otros caminos.
Otras voces
En esta edición, Magdalena Broquetas señala la obvia falsedad de los relatos negacionistas, pero acota que “el debate histórico, amplio y abierto”, es tan legítimo como necesario para construir una aproximación social a la verdad, siempre revisable. Ayer, Gianella Bardazano explicó los inconvenientes de que el Estado pretenda clausurar el debate público, fijando “qué se puede decir sobre el pasado” y optando por “la cárcel como respuesta antes que la deliberación, el tipo penal como atajo antes que la conversación democrática”.
El terrorismo trata de imponer la voluntad de un grupo, creando temor a las consecuencias de oponérsele. Su contrario conceptual no es una represión en espejo. El opuesto de no aceptar la contradicción es aceptarla y, en vez de “dar vuelta la tortilla”, convertirla en un revuelto nutritivo.
A diestra y siniestra
La palabra “negacionismo” remite a la puesta en duda del Holocausto judío, penalizada en algunos países y amparada en otros por la libertad de expresión. De un lado, se alega que aquel genocidio demarcó para siempre la frontera de lo inaceptable, y que cada ser humano debe atender la exhortación del gran compositor italiano Luigi Nono: “Recuerda lo que te hicieron en Auschwitz”. Del otro lado, se asegura que la educación y el debate democrático son más eficaces contra el negacionismo que el castigo por contrariar una verdad oficial; también se alerta sobre el riesgo de convertir a los energúmenos en mártires y a su doctrina en un tentador fruto prohibido.
En Uruguay avanzan quienes defienden el punitivismo y la clausura del debate. En 2020, el Estado adoptó la definición del antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”. En 2022, diputados de todos los partidos representados en el Parlamento presentaron un proyecto de ley para que se castigara con penas de tres a 24 meses de prisión “la negación, banalización o menoscabo del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX, y todos los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
En abril de este año, la Institución Nacional de Derechos Humanos decidió formar un grupo de trabajo sobre discriminación y antisemitismo coordinado por Marcos Israel, uno de sus directores y expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Este arguyó que la probabilidad de que desde Gaza se difunda información falsa es “de 99%” porque hay un “gobierno terrorista”, mientras que “del otro lado no es así”, y acusó al periódico estadounidense The New York Times de ser “un gran generador de desinformación” sobre el conflicto.
También en abril, Marcos Israel afirmó que decir que en Uruguay hubo un “quiebre institucional” en 1968 es “una cortina de humo” para ocultar que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros “intentó derrocar la democracia” desde 1963. Todo tiene que ver con todo.
