El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció un convenio con Grupo Disco —propietario de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Géant— para que 30% de las vacantes que se generen en las empresas de la compañía sean ocupadas por usuarios de diversos programas de la secretaría de Estado. Este anuncio se enmarca en el programa Cupo Mides, por el que ya se cerraron acuerdos con las cadenas Tienda Inglesa y Ta-Ta, entre otros.
En una conferencia de prensa durante la presentación del acuerdo, este martes, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que “estos gestos” de las empresas “son los que contribuyen con un mayor bienestar social”. Durante la misma conferencia, el vicepresidente del grupo empresarial, Guillermo Vivo, dijo que “es un gran honor” ser parte de este convenio porque “las empresas privadas y las empresas públicas debemos trabajar juntas si queremos sacar adelante este paisito que todos queremos mucho”. “Para nosotros es algo fantástico darle oportunidad a 30%, nada menos, de la gente que va ingresar en la compañía, que puedan desarrollarse y no ser más dependientes de los organismos como el Mides”, apuntó.
Lema resaltó que este es “un convenio que no tiene costo para el Mides”. “Nosotros lo que intentamos hacer es acoplarnos a cada privado de acuerdo a cómo quiera contribuir con el bienestar social”, señaló. Acerca del proceso de selección de los candidatos a ocupar las vacantes, el ministro dijo que las diferentes direcciones del ministerio serán las que los propongan en base a la participación en programas por los que hayan atravesado los usuarios, pero no brindó mayores detalles.
“Poca claridad”
Este programa recibió críticas tanto desde la oposición como desde el sindicato de trabajadores del ministerio, principalmente por el proceso de selección. En diálogo con la diaria, la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides), Lucía La Buonora, dijo que “llama la atención” el nuevo anuncio sobre Cupo Mides “porque parece un programa muy parecido a Accesos”, que estaba incluido en la Rendición de Cuentas de reciente aprobación en el Parlamento.
“No queda claro por qué hay equipos paralelos trabajando sobre formas de inserción que a priori son muy similares. En general, estos programas tienen poca claridad sobre cómo se seleccionará a las personas que participan, qué pone la empresa, qué pone el Estado, cómo será el acompañamiento y qué se espera. Es decir, por qué esto es una política pública y cómo se medirán los resultados”, expresó.
“A partir del cierre de [el programa] Uruguay Trabaja y con estos modelos de inserción, que dejan por fuera la promoción de otras dimensiones de la vida de las personas y que parece que apuntan a grupos poblacionales a priori más ‘empleables’, nos preguntamos qué es lo que el ministerio está diseñando para la población más postergada del país, que está aumentando y pasando mal y cada vez hay menos recursos y políticas públicas que se le destinan”, añadió.
La secretaria general del sindicato manifestó que “vienen cerrando muchos programas, no sólo Uruguay Trabaja”, pero que ese “es el más grande” entre los dedicados a la “inserción sociolaboral”. La Buonora también criticó la “tendencia a la privatización de la política social, con un foco muy marcado en las necesidades de las empresas y no de la ciudadanía”.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA) Ana Olivera, subsecretaria del Mides durante el período de gobierno anterior, dijo a la diaria que, “al igual que en otros” programas, “no queda claro cuáles son los criterios”. La exintendenta de Montevideo manifestó que “nadie puede estar en desacuerdo con que una persona con pocas oportunidades acceda a un trabajo formal con el laudo correspondiente”, pero “lo que es imprescindible es saber cuáles son los criterios para acceder a ese trabajo”.
Olivera lo comparó con el programa Accesos, aún en proceso de implementación, en el que “las personas que van a ingresar no lo hacen por sorteo, y en realidad lo que se plantea es que van a ser derivados de diversos programas del Mides o de otros organismos públicos”.
Una crítica similar expresó la diputada suplente del FA Micaela Melgar, quien fue directora del programa Calle del Mides. En diálogo con la diaria, cuestionó lo que interpreta como una intención de “desmembrar las políticas sociales en microacciones” de la secretaría de Estado, lo que “hace que parezca que son pila de iniciativas, pero en realidad la población objetivo está bastante disminuida”.
“El Mides tenía un departamento que trabajaba el tema de la inclusión laboral, y teníamos el programa Uruguay Trabaja, por ley, que tenía una forma de ingreso democrática. Si vos cumplías determinadas características ibas a ingresar, y si había más gente que cupos se iba a un sorteo con escribano público. Lo que está sucediendo con Accesos, y veo que en este caso también pasa eso, es que las oportunidades laborales no están siendo una política social, sino oportunidades laborales concretas, y se ingresa por derivación”, agregó.
“Eso lo que permite es seleccionar a tu población, la que mejor se rescata, la que sabés que va a tener un proceso exitoso”, dijo. Añadió que de esta forma se “flexibiliza” la posibilidad “de elegir a quién beneficiar, y eso en la historia de este país ha terminado en clientelismo”.