Este lunes los partidos socios de la coalición de gobierno deberán tomar una decisión acerca del proyecto de ley sobre suelos de prioridad forestal —que impulsa Cabildo Abierto (CA) y suma la mayoría con la oposición—, mientras que el martes llegará la hora de la definición sobre si votar o no este año el proyecto sobre tenencia compartida y la prisión domiciliaria de presos mayores de 65 años. Todo esto se está negociando en el Senado, donde días atrás también quedaron expuestas diferencias en la coalición sobre si priorizar o no la votación de dos proyectos que plantean medidas para atender el reclamo de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario.
Los proyectos en cuestión están en la Comisión de Vivienda del Senado y fueron presentados por el colorado Germán Coutinho en un caso y por la bancada de CA en otro. Este año ya dieron su opinión distintas delegaciones, con representantes del gobierno que mostraron reparos en dar una solución por ley. La intervención del Ejecutivo en cualquier definición es la prioridad del Partido Nacional (PN), y el senador Carlos Camy, que preside la comisión, sugirió el martes pasado que el tema podría “quedar en el orden del día para la primera sesión” del año próximo.
“Yo creo que el martes que viene [por mañana] hay que cumplir en cuanto a tratar el orden del día, votar en general y artículo por artículo [los proyectos] para avanzar. En realidad, los dos proyectos están abiertos, pero nadie los ha corregido. Se ha hablado sobre ellos, se ha aportado, se ha comentado, se los ha criticado, pero nadie los ha corregido”, respondió Coutinho.
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Previamente, el senador Raúl Lozano, de CA, sostuvo: “Queremos una solución y para ello necesitamos que haya un entendimiento y que la comisión, en principio, trate los proyectos de ley. Hay que dar intervención al Poder Ejecutivo para que nos diga si es viable, y si no lo fuera, que explique por qué o cuál es el gran problema que existe para no tratarlo ahora”.
Mientras, Óscar Andrade, del Frente Amplio (FA), dijo que la bancada tomó la decisión “de votar” estas iniciativas y “si no se tratan no es por el FA, sino por un tema interno de la coalición”. Recordó que en la sesión anterior “ya estábamos en condiciones de votar y lo mismo pasa hoy [por el martes pasado]”, pero “hay problemas internos en la coalición”.
Según fuentes políticas de la coalición de gobierno, la previsión es someter mañana ambos proyectos a votación en la Comisión de Vivienda, sin tener aún una decisión sobre si podrían unificarse o hacerse modificaciones a pedido del Ejecutivo. De ocurrir esto, los votos para que pase al plenario están asegurados, pero resta saber qué posición tomará el PN. Esto último depende en buena medida de lo que diga el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, fue designado para estudiar el asunto.
Camy comentó que el mismo día de la sesión recibió un mensaje de Blanco “en el que decía que en estos días han estado en contacto con la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] y con el BHU”. Según el mensaje que se comprometió a pasar a la comisión de parte del MEF, hay conversaciones con la ANV y el BHU “sobre alguna posibilidad” de solución para este colectivo.
Además, Camy dijo que él y el senador blanco Sergio Botana se reunieron “hace diez días” con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para “plantear alguna propuesta -no digo alternativa, sino con algún matiz- que va en la misma dirección del concepto que tienen los dos proyectos presentados” sobre los deudores en UR.
“Entiendo que el tratamiento debe iniciarse y eso fue lo comprometido. La próxima sesión [este martes] es la última del año y tenemos ya comprometida la asistencia de una delegación. Por lo tanto, no sé si se podrá iniciar con esto; si se entiende necesario iniciarlo sabiendo que está por comenzar el receso, igualmente se puede hacer”, dijo Camy a sus compañeros de la Comisión de Vivienda. A su vez, planteó que en caso de votarse “no es más que comprometerse formalmente a trabajar sobre un comparativo” entre los dos proyectos, y si llegara una propuesta desde el Ejecutivo “la incorporaríamos”.
El reclamo de los deudores en UR viene de larga data y refiere a un grupo estimado en unas 20.000 personas que tomó créditos en UR de entidades del Estado para construir su vivienda y que entienden que fueron perjudicadas ya que pagarán por el inmueble más de lo que vale, debido al alza de los salarios en el largo plazo —variable de ajuste de la UR—, las condiciones de refinanciación y los denominados “colgamentos”, que se añaden a la deuda producto de las modificaciones en la vivienda.
En los últimos años han surgido proyectos de ley que buscan dar una solución, sea mediante una retasación del inmueble y la deuda correspondiente, o mediante la transformación del monto en UR a unidades indexadas (UI) —que evolucionan según la inflación—. En la legislatura pasada, el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó un proyecto sobre el tema, que no prosperó porque fue descartado por las autoridades económicas del gobierno del FA.
Un veredicto similar dieron los actuales jerarcas que fueron al Parlamento durante el tratamiento en la Comisión de Vivienda, bajo el argumento de que debe darse una solución caso a caso —por medio de la ANV y el BHU— y no legislar sobre el tema.
Diego Labat, presidente del Banco Central, sostuvo que “cambiar las reglas de juego a posteriori” para quienes tomaron un préstamo “genera inseguridad jurídica”, así como “el riesgo moral” de que “los ciudadanos puedan tener la percepción de que conviene no pagarle al Estado, refinanciar y después entrar en un reclamo”. Añadió que pese a que el BHU tiene una “situación patrimonial sólida, esto claramente la deterioraría”.