“Hay voluntades políticas que se deben transformar en brazos levantados. Si cuando estábamos de un lado [como oposición] decíamos una cosa, ahora debemos asumir el compromiso”, dijo el senador colorado Germán Coutinho, impulsor de uno de los proyectos de ley que analiza la Comisión de Vivienda del Senado sobre los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El legislador entiende que se debe votar “una solución” de carácter “político” antes de fin de año, lo mismo que piensa Cabildo Abierto (CA) —cuyos senadores presentaron otro proyecto de ley—, y esperan la posición que tomará el Partido Nacional (PN).

Este es un reclamo de larga data de un grupo de personas que tomó créditos en UR de entidades del Estado para construir su vivienda, y entienden que fueron perjudicadas ya que pagarán por el inmueble más de lo que vale. Esto debido al alza de los salarios en el largo plazo —variable de ajuste de la UR—, las condiciones de refinanciación y los denominados “colgamentos”, que se añaden a la deuda producto de las modificaciones en la vivienda.

Se estima que esta situación afecta a unas 20.000 familias, y en los últimos años han surgido proyectos de ley que buscan dar una solución, sea mediante una retasación del inmueble y la deuda correspondiente o la transformación del monto en UR a unidades indexadas (UI) —que evoluciona según la inflación—. En la legislatura pasada el actual ministro Luis Alberto Heber presentó un proyecto, que no prosperó porque fue descartado por las autoridades económicas del gobierno del Frente Amplio (FA).

En esa ocasión, al igual que hicieron días atrás ante la Comisión de Vivienda las actuales autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU), el planteo que se hace desde el Poder Ejecutivo es que debe realizarse una solución caso a caso —a través de la ANV y el BHU— y no legislar sobre el tema.

Diego Labat, presidente del BCU, planteó a los legisladores que “como [titular del] órgano rector del sistema financiero, nos preocupan algunas de las cuestiones que se plantean en los proyectos de ley”. Mencionó que “cambiar las reglas de juego a posteriori” para quienes tomaron un préstamo “genera inseguridad jurídica”, así como “el riesgo moral” de que “los ciudadanos puedan tener la percepción de que conviene no pagarle al Estado, refinanciar y después entrar en un reclamo”. Añadió que pese a que el BHU tiene una “situación patrimonial sólida, esto claramente la deterioraría”.

“Quizás haya cuestiones loables en los objetivos que se buscan, pero me parece que para lograrlos es importante encontrar los instrumentos adecuados”, expresó Labat. En esa línea, señaló que el BHU “desde hace muchos años tiene políticas de recupero –con posibilidades de negociaciones, de reestructura, de refinanciaciones–”, por lo que “de alguna manera se llega a soluciones” para los deudores. “La mejor salida para este tipo de situaciones es encontrar las soluciones caso a caso”, afirmó y luego complementó: “No creemos que la solución pase por una ley”. En igual sentido se expresó el vicepresidente del BCU, Washington Ribeiro, designado por el PN al igual que Labat.

Ribeiro manifestó que “en el afán de aportar a la solución, dado que entendemos que hay un problema”, podría establecerse “reglamentariamente un mecanismo por el que las instituciones –sea la ANV o el BHU– resuelvan la situación de aquellos que pagaron más de una vez la propiedad en la que viven, siendo conscientes de que es una excepción”. Esto porque advirtió la inequidad con “aquellos ciudadanos que pagaron y ya cancelaron, o que no pagaron, no cancelaron y fueron ejecutados por no poder pagar en UR”.

Las posiciones políticas

En la sesión, Coutinho recordó que su proyecto surgió a raíz de que cuando consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la situación de los deudores en UR, se le respondió que “como no había ningún proyecto de ley, el tema no se estaba tratando, y no estaba en carpeta”.

En diálogo con la diaria, el senador colorado sostuvo que la Comisión de Vivienda completó el proceso habitual convocando a las partes interesadas —grupos de deudores en UR, las autoridades del BHU y la ANV, así como del Banco Central y el MEF— y escuchando sus planteos, por lo que ahora llegó el momento de tomar una definición. “Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Estamos esperando la voluntad política para que se vote en la Comisión y pase el plenario [de la Cámara de Senadores]”, sostuvo, e indicó que el Partido Colorado tiene voluntad de votar su proyecto u otro que surja de la negociación.

El senador Raúl Lozano, miembro de CA en la Comisión, dijo a la diaria que la solución al reclamo de los deudores “es de tipo político”, porque la renegociación caso a caso que promueve el Ejecutivo ha hecho “que el problema subsista”. Explicó que su partido propone “transformar por única vez la deuda de UR a UI, hacer una retasación en caso de que sea necesario y ver la forma de eliminar los colgamentos”. A su vez, adelantó que existe “disposición para unificar nuestro proyecto con el de Coutinho”.

Lozano dijo que aún no han recibido “una respuesta contundente” del PN sobre si apoyará la medida, ni tampoco por parte del FA. “Lo deseable es que todo el sistema política apoye una solución. Ese es nuestro punto de partida; después, si no, veremos con qué apoyos contamos”, agregó.

De cara a la futura negociación entre los integrantes de la coalición multicolor, Coutinho expresó: “El compromiso con los deudores en UR lo asumimos cuando éramos oposición, ahora que somos gobiernos debemos dar una solución. Hay una batería de argumentos [en favor de la medida] porque este es un tema de una injusticia total, y se debe concretar, vía ley, una solución para miles de familias que han pagado hasta tres veces el valor de su casa”.

Consultado sobre un eventual plazo para votarlo, el legislador colorado respondió: “Yo siento que nosotros tenemos que decirles que sí de una vez a estas familias, no seguir viendo y demorando la decisión. Ahora está la Rendición de Cuentas, que son 45 días, y luego para fin de año o inicios del año que viene [debería votarse]”. Si bien reconoció que la solución para los deudores en UR puede tener “costos económicos”, aclaró que esto se resuelve logrando “las voluntades políticas”. Además, subrayó que “no se habla de devolver dinero, sino que habría menos ingresos” para el BHU y la ANV a futuro.

Durante la sesión en que compareció el BCU, el senador blanco Sergio Botana dijo que el tema “tiene una connotación social” y que incluye a gente que “ha pagado durante una vida cuotas que no son chicas, pero tienen niveles de deuda superiores o iguales al primer día”. Recordó que una solución “para este tipo de problemas” se implementó cuando se creó la ANV en 2007, que asumió “la cartera social” de clientes del BHU de los años anteriores, que tenían problemas de pago producto de la crisis de 2002.

Botana entiende que ahora podría seguirse un camino similar: “Tal vez podríamos analizar alguna ingeniería financiera que nos permita sacar este lastre a la gente, sin perjudicar el balance del BHU ni que se transforme en una entidad que sea poco confiable para el ahorrista y el depositante en general”.

Desde el FA, el senador Óscar Andrade señaló en su intervención: “Todos los partidos tenemos disposición para trabajar en un proyecto de ley. De hecho, hemos intentado colocar el tema en administraciones anteriores, entendiendo que había una circunstancia que era necesario atender. El problema que tenemos es que [la comparecencia del BCU] no ha agregado elementos nuevos, es decir, no nos han anunciado riesgos que no sabíamos que existían y, por lo tanto, la cancha de la decisión será política en el acuerdo al que podamos llegar”.