El plenario de la Cámara de Diputados comenzó a discutir esta mañana los informes del oficialismo y la oposición con las conclusiones del trabajo de la comisión investigadora sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). El diputado colorado Conrado Rodríguez fue el encargado de defender la postura de la coalición, en una sesión marcada por la ausencia por licencia de nueve de los 13 legisladores correligionarios del exministro Germán Cardoso en la cámara, según adelantó Búsqueda en su edición de este jueves.
Conrado Rodríguez, el 9 de diciembre, en la Cámara de Representantes.
Foto: Federico Gutiérrez
Rodríguez sostuvo que en el trabajo de la comisión no se encontraron “elementos que hagan presumir la comisión de irregularidades o delitos” por parte del exjerarca, y que de las distintas situaciones denunciadas por la oposición “ninguna amerita el reproche penal porque fueron realizadas dentro del marco de la legalidad”. El diputado afirmó que las decisiones de Cardoso estuvieron dentro del “margen de discrecionalidad” en el que actúan las autoridades: “A nuestro juicio hay decisiones que están amparadas en las normas, y que las normas son las que le dan cierto margen de discrecionalidad a los jerarcas para realizar determinados gastos”, sostuvo.
En ese sentido, dijo que “cuando existe un margen de discrecionalidad siempre es opinable una decisión”, pero consideró que esto no puede llevar a “conclusiones que no estarían ajustadas a derecho”.
Rodríguez destacó que el oficialismo propone que se envíen todos los antecedentes de la investigadora a la Fiscalía, incluida la actuación de la exministra del Frente Amplio Liliam Kechichian. Concretamente, dijo que al entender de la bancada oficialista “hay elementos suficientes para que la Justicia continúe con esta investigación”, puntualmente por el vínculo entre la jerarca y la Unión General Armenia de Beneficiencia. El diputado criticó que este convenio, que “fue observado por el Tribunal de Cuentas” no “ameritó ninguna apreciación de la oposición en su informe en minoría”.
No obstante, Rodríguez remarcó que “de las actuaciones de esta comisión investigadora, tanto en la gestión del exministro Cardoso como en la de la exministra Kechichian, se hizo uso de estas facultades legales en varias oportunidades, como es bastante usual en toda la administración”. El legislador alegó que “el centro del análisis” debe ser “verificar si las decisiones de contrataciones estuvieron ajustadas o no a derecho”, y no “analizar la conveniencia o la oportunidad de los mismos, ya que entraríamos en una zona viciada de subjetividades”.
Por otra parte, señaló que pese a las críticas de la oposición por la participación de Cardoso en la comisión que investigó su propia actuación, que incluso calificó de “mamarracho” esta decisión, “quedó demostrado que a través de un trabajo serio y responsable se podía obtener información muy importante para echar luz sobre las denuncias publicadas y realizadas a través de los medios de comunicación, como también las realizadas por los distintos diputados denunciantes”, y aseguró que hubo una “discusión ordenada”.
“Los fantasmas que se azuzaron ante los medios de comunicación por integrantes del FA resultaron ser acusaciones sin sustento y quedaron sin evidencia alguna en la práctica. Asimismo, señalaron ante los medios de comunicación que la comisión no iba a poder realizar su trabajo, que se iban a realizar presiones indebidas; que los testigos, en realidad, los invitados, no iban a poder concurrir porque se sentirían atemorizados y que por eso decidían hacer la denuncia ante Fiscalía antes de que la comisión investigadora pudiera iniciar su trabajo. Nada de esto sucedió”, afirmó Rodríguez. En la opinión del colorado, la bancada de la oposición “decidió prejuzgar y no esperar por los resultados de la comisión investigadora que ellos mismos estaban solicitando”.
Respecto de los cuestionamientos de la oposición sobre los gastos en publicidad de Turismo durante la gestión de Cardoso, uno de los puntos centrales del informe en minoría, Rodríguez respondió que “el Ministerio de Turismo es un ministerio especial y distinto a todos” dado que “la mayoría de su presupuesto se destina a publicidad, cosa que no sucede en otros ministerios”. “Es por esto que la cartera tiene contratada a una agencia de publicidad, una agencia de medios con la que trabaja de forma permanente desde hace muchos años”, añadió. Según opinó, en las actuaciones de la comisión “quedó claro que el Ministerio de Turismo habitualmente se maneja con compras directas, sin licitación, y sobre todo en materia publicitaria”, incluso durante la gestión de Kechichian, “quien reconoció en comisión, justamente, estos extremos”.
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Asimismo, el diputado consideró que “no se puede comparar lo que se gastó en la administración Kechichian con lo que se gastó en la gestión Cardoso en publicidad en vía pública en el mercado interno” porque “fruto de la pandemia y del cierre de fronteras, que no permitía el turismo de los extranjeros” en la administración de Cardoso “la publicidad tuvo que ser redireccionada en su totalidad al mercado interno”. Sugirió que, “en todo caso, en el caso de Kechichian, que hizo la mayoría de compras en materia de publicidad de forma directa, no tenía una motivación en la cuestión de la pandemia”.
Sobre la negociación con la empresa de Estonia Kirma, dijo que la situación “no produjo daño para la administración ni tampoco para la empresa, porque es ella misma la que termina desistiendo de la contratación y retirando su oferta”. Agregó que Benjamín Liberoff, exsubsecretario de Turismo en la gestión de Kechichian, recibió una oferta de Kirma durante su administración para publicidad digital, lo cual “evidencia la existencia de la empresa desde antes de presentarse con una oferta durante la gestión de Cardoso”.
Finalmente, apuntó que “durante la administración de Cardoso, sólo tres observaciones llegaron a la Asamblea General, dos de las cuales eran de gastos y expedientes iniciados en la anterior administración, mientras que en la gestión Kechichian hubo 105 gastos observados por el TCR que llegaron a la Asamblea General”. Culminó su exposición reafirmando que “el pasaje de todas los antecedentes [del trabajo en comisión] a la justicia va a despejar cualquier tipo de interrogante que se haya planteado en el curso de las actuaciones”.
El FA pidió que Cardoso renuncie a su banca
El encargado de presentar el informe en minoría fue el diputado Gustavo Olmos, que lideró el proceso de investigación por el FA. En sus palabras el diputado dijo que el mayor problema que se detectó es que la gestión de Cardoso “ignoró los límites entre el interés público y el privado”.
Al final de su discurso Olmos resumió los principales puntos en los que entiende se detectaron “irregularidades” en el proceder del ministro. Por esos motivos es que se enviará lo actuado a Fiscalía para que impute delitos, entre los cuales sugirió puede haber “conjunción del interés público con el privado, abuso de funciones, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias”.
Entre los principales puntos en los que Olmos señaló irregularidades está el hecho de que el asesor del ministro Elbio Rodríguez que no tiene “ningún vínculo con el Ministerio, pero sí con el Ministro, toma decisiones, accede a información privilegiada y confiesa que quería generar un negocio lucrativo”.
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Además apuntó a las “contrataciones en vía pública por cifras récord y mediante compra directa, a una sola empresa, cuando media docena podían dar ese servicio”, a que “alguien, no sabemos quién, definió que se provea un servicio por más de medio millón de dólares en publicidad en vía pública saltándose todos los pasos formales”, y a “la generación de una estructura paralela que desplazó al área de Marketing y tomó decisiones sobre cifras millonarias, saltándose los informes técnicos de la agencia de publicidad”.
También señaló que hay irregularidades en el hecho de que “las autoridades contraten, con fondos públicos, programas radiales y televisivos para promover su propia imagen” y en que “el adscripto del Ministro y el asesor, que no es asesor, hacen una consultoría para que un empresario tome el control de un hotel propiedad del Ministerio”.
Además de presentar estos hechos, el diputado Olmos se dedicó a repasar otros “misterios” que la comisión no pudo resolver. Por ejemplo, la comida en el restaurante Piso 40 del World Trade Center, en el que se homenajeó a autoridades de Brasil, en la que según el adscripto del ministerio se le traspapeló la boleta de la comida que había sido en noviembre, pero llegó al ministerio con fecha 3 de marzo.
Para resumir su exposición, Olmos dijo: “el tema más global es la confusión en toda la gestión entre lo público y lo privado”.
Nicolás Vidal, Daniel Caggiani, Gustavo Olmos, Ana Olivera y Eduardo Antonini, el 9 de diciembre, durante la conferencia de prensa.
Foto: Federico Gutiérrez
Ampliación de la denuncia
En conferencia de prensa el diputado frenteamplista Daniel Caggiani reafirmó que las “irregularidades denunciadas en su momento fueron plenamente confirmadas por el trabajo de la comisión, de los que la integran en minoría” y por eso decidieron ampliar la denuncia presentada en Fiscalía.
“Somos de los que creemos que no es pertinente la judicialización de la política, pero lamentablemente al constatar ilicitudes flagrantes de la administración de Cardoso en Mintur nos vemos en la necesidad de ampliar denuncia”, afirmó.
Reiteró, al igual que Olmos, que decidieron “para no mancillar nombre de este Parlamento, ni del PC, ni del oficialismo, pedirle la renuncia a Cardoso a su banca como diputado. Entendemos que como ministro e integrante de esta Cámara ha faltado a sus acciones al no permitir una investigación acorde como se hizo en la investigadora ni pedir una licencia para que cámara pueda indagar en sus actuaciones, entendemos que el diputado debe dar un paso al costado y renunciar”.
En tanto, el diputado Nicolás Viera comentó que en el ministerio hubo “un accionar discrecional e irresponsable que tiene como principal figura al ministro de Turismo, por ser el responsable político de esa cartera” y que se utilizó al Estado “como trampolín para réditos personales y privados. Eso aún no lo podemos computar como delito, se necesita ampliar la investigación”, aclaró.