El Parlamento retomó su actividad y comenzaron a reunirse las distintas comisiones, donde los proyectos de ley son analizados previo a pasar al plenario. Nueve comisiones del Senado tuvieron su primera sesión del año la semana pasada y 25 comisiones de Diputados lo harán esta semana. Aún restan varias más del Senado, que fueron suspendidas a partir del martes por recomendación de la Dirección del Servicio Médico del Poder Legislativo, en virtud de la detección de casos positivos de covid-19 y de que hay funcionarios en cuarentena preventiva.
El oficialismo ya definió días atrás en una reunión de las dos bancadas legislativas que priorizará para este semestre las reformas en el mercado de los combustibles, la aprobación de la ley de medios y la búsqueda de consenso acerca de la ley forestal —votada en Diputados a fines de 2020—. Pero además, los socios de la coalición empezarán a tratar proyectos que quedaron por fuera del Compromiso por el País, el acuerdo programático firmado por los cinco partidos previo al balotaje de noviembre de 2019. A esto se suman asuntos que vienen trabajados desde 2020 en las comisiones y deberán resolverse en las próximas semanas.
Algunos de los proyectos a estudio son sobre [la tenencia compartida de los hijos] entre los padres tras el divorcio, la habilitación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, o la posibilidad de [permitir matrimonios religiosos previos al acto civil]. También hay otros asuntos en los que se buscan acuerdos para elevar una propuesta al Ejecutivo, como lo relativo a evitar los desalojos y el desperdicio de alimentos aún aptos para el consumo.
Ley de medios: límite de frecuencias aún por resolver
Este miércoles por la mañana fue la primera sesión de la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados, que viene desde el año pasado analizando el proyecto de ley de medios que envió el gobierno en reemplazo de la normativa vigente desde 2014. Debido a las diferencias en la coalición y la solicitud de audiencia de varias delegaciones, se decidió postergar la votación para este año, aunque el gobierno insiste en darle prioridad al tema.
El diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal dijo a la diaria que se acordó recibir próximamente a las cuatro delegaciones que faltan para luego “pulir algunos puntos y votar” el proyecto. Explicó que hubo conversaciones estos días en la coalición a nivel informal y este jueves comenzará a reunirse un ámbito con diputados y senadores que creó el oficialismo para consensuar el texto.
Cal indicó que aún no hay un acuerdo definitivo, pero “todos los miembros [de la coalición] saben lo que piden los otros”. En el caso de CA, pretende bajar el límite de la cantidad de frecuencias permitidas por persona —la ley de medios vigente no permite más de tres y el gobierno planteó ocho como nuevo tope legal— y que “se regule el número de licencias por cableoperador”.
El diputado dijo que aspiran a un “número intermedio” entre la legislación actual y la propuesta del gobierno, y que se contemplen diferentes límites para Montevideo y el interior. “Cuando uno habla de tres o cuatro frecuencias piensa en grandes medios, pero en el interior se da que con tres o cuatro frecuencias lo que hay es una familia trabajando. No es lo mismo el alcance de un medio del interior que uno de la capital”, expresó.
Eutanasia: “votos a favor y en contra de todos los partidos”
El colorado Ope Pasquet asistió este miércoles a la primera sesión del año de la Comisión de Salud de Diputados, donde explicó los alcances de su proyecto sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, que presentó en 2020. Manifestó a la diaria que “aportó elementos nuevos”, como la aprobación de leyes en este sentido en España y Portugal, y un caso en Perú en que la Justicia determinó “una eutanasia por una acción de amparo”.
Contó que legisladores del Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) dijeron que “trabajarán para la consideración del proyecto”, y que el nacionalista Gastón Cossia, suplente del diputado Rodrigo Goñi, contrario a la iniciativa, “mostró reparos pero en un buen tono”. Pasquet explicó que de momento su propuesta “tiene votos a favor y en contra en el FA, el PC y el Partido Nacional [PN]”, mientras que en CA “todos se han manifestado en sentido contrario”. Sostuvo que no cree “que haya lineamientos partidarios sobre este tema”, que involucra aspectos “más filosóficos”.
Ley forestal: seis delegaciones y ministro en audiencia
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado tendrá como presidente al frenteamplista Alejandro Sánchez y como vicepresidente al nacionalista Jorge Gandini. En este ámbito está el proyecto de ley forestal votado en diciembre en Diputados —con votos de CA y el FA—, que limita la superficie de los bosques para esta actividad.
En la primera sesión se dio cuenta de la solicitud de seis audiencias para opinar sobre el texto: la Asociación de Empresas Contratistas Forestales, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, la Federación Rural, la Sociedad de Productores Forestales, la Asociación de Ingenieros Agrónomos y un colectivo interdisciplinario que investiga aspectos sociales, ambientales y agronómicos del modelo forestal.
A su vez, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, pidió asistir para realizar una puesta a punto de la conformación del Instituto Nacional de la Granja, y los senadores acordaron también consultarle sobre el tema forestal.
Matrimonio religioso y crianza compartida
La Comisión de Constitución y Legislación tiene 25 carpetas con proyectos de ley a tratar, incluyendo dos referidos a la tenencia compartida de los hijos en casos de divorcio —uno presentado por Carmen Asiaín, del PN, y otro de CA—, que en 2020 se acordó analizar de forma conjunta. El presidente de la comisión, Charles Carrera (FA), adelantó que la oposición no apoya estas iniciativas pero quiere habilitar “el debate”.
Se prevé citar para escuchar opiniones a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Asociación de Magistrados y distintas organizaciones de padres.
Asiaín reformuló un proyecto de tenencia compartida que había presentado siendo senador el ahora presidente Luis Lacalle Pou. Explicó que no se busca interferir en los acuerdos privados al que llegan las parejas tras el divorcio, pero sí establecer “criterios” al juez de familia para que “entre las alternativas priorice una convivencia alterna” del niño, “recogiendo un principio de corresponsabilidad en la crianza” del padre y la madre.
Por otra parte, la Comisión de Constitución y Legislación deberá decidir sobre un proyecto también presentado por Asiaín, que permite que los matrimonios religiosos se puedan celebrar antes que los civiles y sin la intervención del Estado. “Es un tema de adecuar la legislación al siglo XXI. El Estado nada tiene que hacer poniéndose a penalizar un rito religioso”, dijo en marzo de 2020 a la radio Universal, cuando presentó el proyecto.
Carrera, del FA, adelantó su visión contraria a esto último y señaló que la oposición pretende volver a tratar un proyecto que no pudo ser aprobado en el período pasado, que apunta a agilizar las acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es apoyado por la presidenta del órgano judicial.
Solución para desalojos y desechos alimenticios
En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, Óscar Andrade, del FA, planteó la necesidad de que haya “un consenso” para “una política de urgencia”: evitar los desalojos de personas que vieron reducidos sus ingresos por la pandemia. Recordó que conversó el tema el año pasado con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y que según estudios estimativos hay unas 240.00 familias inquilinas, entre 30.000 y 40.000 hogares con trabajadores en seguro de paro, y en el quintil de menores recursos se destinan unos 8.000 pesos al mes para el arrendamiento de la vivienda.
“Subsidiar entre 35.000 y 45.000 hogares implicaría un costo mensual de unos siete millones de pesos. No estaría fuera del margen de lo que estaba previsto el año anterior [dentro del Fondo Covid, donde se encapsulan los gastos asociados a la pandemia] pensar en una actitud activa que evite la circunstancia de los desalojos”, expresó el legislador del FA.
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Andrade dijo que pretende “poner este tema a consideración” y pidió a la coalición “estudiarlo antes de descartarlo”, porque se trata de un asunto en que el Ejecutivo tiene iniciativa privativa y si sólo lo impulsa la oposición será “una minuta que se convierta en un saludo a la bandera”. Pidió a sus pares tener “un intercambio político para ver qué márgenes de acuerdo se pueden lograr”.
El colorado Germán Coutinho asoció el pedido a la creación de una dirección en la ley de urgente consideración para atender la situación de los asentamientos irregulares. Señaló que en la próxima sesión, cuando acuda la Agencia Nacional de Vivienda, se le puede consultar sobre ambos temas. Además, dijo que el asunto “prioritario” de la comisión debe ser dar respuesta al grupo de deudores del Banco Hipotecario, que reclama desde hace años por los efectos negativos de haberse endeudado en unidades reajustables.
Por otra parte, la Comisión de Salud Pública del Senado tiene avanzado un acuerdo político similar al pretendido por Andrade, para enviar una minuta al Ejecutivo sobre un tema en que tiene iniciativa privativa. Se trata de un proyecto que presentó el año pasado el ahora ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, que busca que los supermercados y los comercios realicen acuerdos con entidades solidarias para no desechar los productos de alimentación aún aptos para consumo humano.
La senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo en la primera sesión del año que en 2020 la comisión hizo “revisiones” al texto original y “estábamos todos muy alineados”, por lo que solicitó que los legisladores se “encaminen” a aprobarlo. Asiaín recordó que el Poder Ejecutivo “está de acuerdo” con la iniciativa.
Citación a la ANII y una “omisión” con Japón
En la primera reunión del año de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, Silvia Nane, del FA, planteó citar a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) “dada la preocupación expresada por la comunidad científica de nuestro país ante los recortes presupuestales anunciados”. Esto fue apoyado por el resto de los legisladores y la presidenta de la comisión, Gloria Rodríguez (PN), pidió “no limitarnos a hablar solamente de los supuestos recortes, sino a abordar el tema de qué está haciendo la agencia y qué es lo que tiene ya agendado para el futuro”.
En tanto, en la primera sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, un secretario advirtió que aún está sin integrar el Grupo de Amistad con Japón, constituido en virtud de los 100 años de relación entre los países. Los senadores admitieron esto como una “omisión”, ya que el pedido fue hecho a mitad de 2020, y se comprometieron a resolverlo a la brevedad. “Es importante porque el presidente va a viajar en setiembre a Japón”, señaló el blanco Sebastián da Silva.