A cuatro meses de las elecciones generales en Nicaragua, ya son seis los candidatos opositores encarcelados. El último fue Medardo Mairena, líder campesino y aspirante a la presidencia del país centroamericano, detenido e investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.
Por los mismos motivos también fue encarcelado Lesther Alemán, un líder estudiantil que hace tres años, en el inicio de un fallido diálogo nacional, increpó al presidente Daniel Ortega, que gobierna desde 2007 y ve cómo se va allanando su camino rumbo a una tercera reelección consecutiva. En la noche del lunes también fueron detenidos dos integrantes de los movimientos campesinos y otro referente estudiantil. Según la Policía nicaragüense, todos fueron capturados por presuntamente violar la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Además de Mairena, han sido detenidos desde fines de mayo los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, además de dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos extrabajadores de una ONG y el chofer de Cristiana Chamorro.
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En la noche del lunes además de Mairena fueron detenidos los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas y los estudiantes universitarios Lesther Alemán y Max Jerez. Según informó el portal nicaragüense El Confidencial, también fue presuntamente detenido el líder campesino Pablo Morales, quien permanece desaparecido, aunque la Policía no confirmó si fue arrestado.
En un comunicado enviado a medios de prensa locales, la Policía comunicó el arresto de cinco de los seis detenidos la noche del lunes, reviviendo una ola represiva contra los miembros del Movimiento Campesino, los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras que a los estudiantes se los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios.
A Mairena, Mena y Navas la Policía los calificó como “cabecillas del asesinato de cuatro compañeros policías y ciudadanos civiles, secuestro y lesiones de 12 compañeros policías en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan”. Además, los acusan de haber estado implicados en “el fallido intento de golpe de Estado en el año 2018”, que es la manera en que el gobierno de Ortega califica las protestas masivas en su contra de ese año.
Los líderes estudiantiles, Alemán y Jerez, son considerados por la Policía “cabecillas de toma y destrucción” de la Universidad Politécnica de Nicaragua y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua, donde supuestamente “cometieron delitos de robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento de golpe de Estado en el año 2018”.
Además, la Policía indicó que todos los detenidos están siendo “investigados” en el marco de la Ley 1.055, de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”.
Esta polémica legislación, denominada “ley mordaza” por los opositores a Ortega, fue aprobada a fines del año pasado por la Asamblea Nacional, órgano unicameral legislativo nicaragüense, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del mandatario, tiene una amplia mayoría obtenida en las últimas elecciones, realizadas en 2017.
La respuesta desde Uruguay
La situación en Nicaragua ha cosechado críticas de buena parte de la comunidad internacional y Uruguay no es la excepción. El viernes 2 se publicó en el semanario Brecha una carta firmada por 140 políticos, académicos e intelectuales en la que se condena el régimen de Ortega y la detención de opositores. Entre los firmantes aparecen el expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, los exintendentes de Montevideo Daniel Martínez y Christian Di Candia, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, los exministros frenteamplistas Álvaro García, Ernesto Kreimerman y Graciela Muslera, el escritor Fernando Butazzoni, el historiador Gerardo Caetano y el extupamaro Jorge Zabalza.
La carta afirma que Ortega “se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado, hasta hace poco, a las grandes fortunas (Consejo Superior de la Empresa Privada mediante), capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino”. A su vez, señala que tanto el mandatario como el Frente Sandinista de Liberación Nacional “fueron transitando un largo proceso de deterioro, que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder”.
“Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho”, añade el texto.