“Es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder o está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos- no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó –como corresponde- la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora), se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado hasta hace poco a las grandes fortunas capaz de reprimir sin piedad a su pueblo”. Así comienza una declaración firmada por más de 120 personas en solidaridad con la situación que vive Nicaragua.

Entre otros hay dirigentes políticos, exjerarcas de los gobiernos del Frente Amplio (FA), militantes de organizaciones sociales y consejeros universitarios. Ademar Olivera, Alejandro Bielli, Álvaro García, Antonio Carámbula, Christian Di Candia, Claudio Invernizzi, Constanza Moreira, Daniel Martínez, Edgardo Rubianes, Eduardo Pirotto, Ernesto Kreimerman, Fernando Butazzoni, Gerardo Caetano, Gonzalo Reboledo, Graciela Muslera, Graciela Villar, Gustavo Olmos, Gregory Randall, Hugo Achugar, Jorge Zabalza, José Díaz, Juan Raúl Ferreira, Miguel Fernández Galeano, Milton Romani, Mónica Xavier y Nelson Villarreal son algunos de ellos.

La nota señala que “Ortega y el sector del Frente Sandinista de Liberación Nacional que lo sigue, fueron transitando un largo proceso de deterioro que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder”.

Además de relatar y cuestionar diversas acciones de Ortega como dirigente político en las últimas décadas, señalan que fue a partir de 2018, cuando “se reprimió a mansalva las protestas pacíficas –sobre todo estudiantiles- que conmovían el país, donde murieron centenas de nicaragüenses, otros fueron apresados y torturados y miles debieron emprender el exilio, que Nicaragua volvió a ser cotidiana en nuestras vidas”.

“En esa ocasión, una parte de los que militamos por la democracia, los derechos humanos, el progresismo y/o la izquierda, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno nicaragüense el cese de la represión. Otra parte prefirió dar por buena la ‘explicación’ orteguista que atribuía todo a una desestabilización golpista orquestada por EEUU y se plantó en un cómodo ‘antiimperialismo’. Otro sector, directamente no le prestó atención y actuó como si no pasara nada”, afirma la declaración.

En la carta se añade los hechos más recientes en relación al “hostigamiento contra los organismos de derechos humanos”, el “desconocimiento de las sentencias de la Corte IDH y de las recomendaciones de la CIDH”, que se actuó “contra la prensa no oficialista y contra los opositores”, y recordando la detención de hasta ahora cinco precandidatos presidenciales. La carta asegura que “No es digno ni decente” defender los derechos humanos “cuando por ‘razones políticas’ nos conviene, y callar cuando no. Tampoco es válido ‘justificar’ su violación porque otros ‘los violan más’”.

“Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de Derecho”, señala la nota, que culmina invitando “a los sectores democráticos y populares a solidarizarse sin temor a que los confundan con los oportunistas que hoy se espantan por lo que sucede en Nicaragua por mera conveniencia publicitaria pero que no vacilan en arrebatarles a sus pueblos aun sus banderas más sagradas con tal de obtener provecho. Más bien, los que ayer callaron, deben preguntarse cuánto contribuyó su silencio –sin quererlo- a la soberbia y la impunidad con las que el orteguismo protagoniza una nueva satrapía y cuánto mal le hace, este silencio, a la conciencia humanitaria que tanto necesitamos para contribuir a un mundo más justo, libre y fraterno”.

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