La vicepresidenta del FA, Verónica Piñeyro, y el director de OSE en representación del FA, Edgardo Ortuño, encabezaron una conferencia de prensa en La Huella de Seregni, en la tarde de este miércoles, acompañados por los coordinadores de las bancadas de senadores y diputados, Liliam Kechichian y Mariano Tucci, respectivamente, para transmitir a la opinión pública sus diferencias con el proyecto Neptuno, que se aprobó ayer en el seno del Directorio de OSE y fue anunciado en una conferencia por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
La prensa fue convocada luego de una reunión que solicitó la Presidencia del FA a Ortuño para conocer los detalles del proyecto, en la que participaron legisladores de la fuerza política e integrantes de la Unidad Temática de Ambiente. En primer lugar, Piñeyro criticó la velocidad con la que se produjo la aprobación del proyecto, a pocas semanas de que el propio ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijera que no había “un proyecto definitivo”. Agregó que ya identificaban “carencias” en el proyecto original”, y que las modificaciones hechas a la versión final lo hacen “menos acorde” al objetivo que persigue, que es abastecer la demanda creciente de agua potable en el área metropolitana.
Ortuño comenzó con una “crítica fuerte y rechazo a la forma” de resolución del Directorio de OSE y del gobierno “de un tema tan importante, que por su naturaleza –hablamos de un recurso fundamental para la vida como el agua potable– debe ser objeto de grandes niveles de participación” y “con un fuerte sustento técnico, lo que, lamentablemente, no ha sido el camino elegido por el gobierno”, consideró.
En cambio, el gobierno eligió un camino “exprés, a las apuradas y -me animo a decir- a los empujones. Resolvió esto dándonos los informes técnicos y económicos que sustentan la decisión con menos de 24 horas, sin informes de las gerencias especializadas de la OSE, que tampoco han sido consultadas”, aseguró.
El jerarca destacó que la compañía estatal está próxima a cumplir 70 años y que, debido a lo resuelto el martes, por primera vez “la OSE potabilizará el agua para todas y todos en una planta privada, que no será de su propiedad, por la cual tendrá que pagar 40 millones de dólares al año a lo largo de 18 años a un privado, para poder hacer su trabajo y potabilizar el agua”. Indicó que el costo al final de los 18 años asciende a 743 millones de dólares, con un pago anual de 39,8 millones.
“Además de este pago anual, el consorcio y el estudio aprobado están recomendando incorporar un costo para la transferencia de la propiedad culminado el proyecto. Es decir que nos enfrentamos, además, a la eventualidad de que OSE y el Estado uruguayo tengan que pagar –luego de absorber este sobrecosto de más de 300 millones de dólares en comparación al camino público que se rechazó– para poder quedarnos con esta planta potabilizadora”, agregó.
La cuestión de la salinidad
Por otro lado, Ortuño hizo mención a los aspectos medioambientales que están en juego en esta iniciativa. Dijo que por “la solución técnica” que decidió el gobierno “tendrá Arazatí una planta más chica, que no soluciona el problema de salinidad que tiene el Río de la Plata: en el último verano, 86 días de salinidad fuera de norma, en niveles no aptos para la potabilización”. Graficó que “esto hubiera significado, si estuviera construida Arazatí, que estuviera parada todo el verano sin producir una gota de agua”.
Por tanto, advirtió que “con este diseño aprobado, si se reiteran los niveles de salinidad que tuvimos en este verano de 2022, deberá permanecer 60 días sin capacidad de producir agua, en la estación del año en la que el país más la necesita”. “El proyecto Neptuno no asegura el abastecimiento de agua potable, a pesar de esta inversión millonaria con gestión privada que acaba de aprobar el gobierno”, afirmó. Asimismo, resaltó que no da respuestas a los problemas medioambientales planteados por los científicos, como el de las cianobacterias.
“Asamblea permanente”
Al terminar la exposición de Ortuño, Piñeyro dijo que la bancada de la cámara baja del FA estará “en asamblea permanente” para hacer un seguimiento del proyecto. Consultada la mesa sobre la posibilidad de transitar un camino para declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa –ante una eventual contradicción con el artículo 47 de la Constitución, que establece que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” será prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”–, Ortuño dijo que la fuerza política no “descarta” ninguna posibilidad.
Asimismo, ratificó que recurrirá la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mientras que Tucci deslizó la posibilidad de convocar al Parlamento a Peña.