El suegro del senador Guido Manini Ríos, Roque Moreira, enfrentó un tribunal de honor militar en la década de 1970 por haber comprado el inmueble 511 del Instituto Nacional de Colonización (INC), informó este viernes El Observador. “Me hicieron un tribunal de honor, sí”, reconoció el excoronel en diálogo con el medio, y reafirmó que le compró ese terreno en Artigas al INC en 1971.
Esas tierras son las que ahora están en el centro de atención, luego de que una inspección y un informe posterior del INC indicaran que el coronel retirado, su hija, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y su yerno, Manini Ríos, son “colonos propietarios”, aunque hasta el momento el legislador se mantiene firme en su relato de que no es así. Ese informe se encuentra ahora en manos de la asesoría letrada del INC, que determinará su relevancia, mientras todo el caso se puso bajo reserva y se abrió una investigación administrativa para averiguar de qué manera se filtró a la prensa.
Hace casi 50 años la propiedad de las tierras también estuvo en disputa y Roque Moreira sostiene el mismo relato: que compró el terreno cuando el INC se dio cuenta de que no era apropiado para colonizar y abrió un llamado a licitación, y que, en ese acto, se constituye no sólo la enajenación del terreno sino que también queda desafectado del organismo.
Según dijeron fuentes militares a El Observador, la investigación a Moreira se sustanció entre 1974 y 1975, poco antes de que el instituto aprobara la última negociación de compraventa del terreno. La orden de abrir la investigación fue del Comando General del Ejército, que respondió a las preocupaciones en la interna militar por la compra en Artigas.
Desde Colonización confirmaron que por esa época hubo una inspección que concluyó que Moreira no residía en el predio aunque aparecía en las actas como “colono”, y por esa situación se renegoció el contrato de compraventa y el INC, con el voto de cuatro directores en cinco, declaró al predio amparado por el artículo 127 de la Ley de Colonización, por lo cual se le retiran algunas de las obligaciones.
Ese artículo en particular sostiene que “no podrán ampararse a los beneficios de esta ley, en cuanto acuerda a los colonos rebajas o facilidades de orden especial, las personas que a juicio del Instituto por su situación económica estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos”; y agrega: “no obstante, el Instituto podrá operar con ellas en condiciones corrientes para los negocios de que se trate, cuando lo considere de conveniencia o no existan otros interesados y prestarles asistencia técnica”.
Según el acta 3.081, de enero de 1975, a la que accedió el citado medio, la dirección del INC ordenó derivar las resoluciones al Comando General del Ejército.
Moreira, al ser consultado por esta situación, la describió como “novela en muchos fascículos”, que sucedió en el período que “llaman dictadura”. Aseguró que el hecho no tuvo ninguna consecuencia negativa para su carrera y que ahora se da una “copia textual” de lo que pasó hace décadas con una investigación que terminó en “absolutamente nada”. “Nunca fui ni soy colono”, subrayó.
A su entender, el campo no estuvo afectado a la Ley de Colonización y siempre tuvo sobre ese campo una “propiedad plena”. Para él, el director por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, que impulsó esta investigación, busca “efectos políticos”, en concreto apuntar contra su yerno.