Tanto el Ministerio del Interior (MI) como la cancillería han dicho que actuaron conforme a derecho en la emisión del pasaporte que le dio la libertad al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Los ministros serán interpelados el lunes 22 por este tema y el argumento que sostienen es que el Decreto 129/2014, aprobado durante el gobierno de José Mujica, flexibilizó los requisitos para la obtención del pasaporte, lo que permitió que existiera el marco legal para otorgarlo.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo en una rueda de prensa, días atrás, que no tiene ningún inconveniente en ir al Parlamento a dar las explicaciones del caso y apuntó contra el decreto actual. “La normativa está mal hecha. Lo que no sabíamos era que estaba este decreto vigente, que llevaba a flexibilizar los requerimientos. Entonces ese decreto habilitaba a la posibilidad de que pudiera acceder al pasaporte. Y eso es lo que estamos cambiando ahora”, afirmó en referencia al proyecto de nuevo decreto en el que trabajan su cartera y la cancillería. Según los senadores del FA que promueven la interpelación, ese decreto, en lugar de flexibilizar los requisitos, “puso más condiciones” para la obtención del pasaporte.
Sin embargo, según informa este jueves el semanario Búsqueda, el MI estaba al tanto de la existencia de ese decreto. De hecho, el año pasado con la firma del exministro Jorge Larrañaga se modificaron dos artículos, pero ninguno de los cambios fue para endurecer los requisitos que se piden para otorgar el pasaporte.
El decreto se modificó luego de una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que establecía que el artículo 22 vulneraba los derechos de las personas en situación de discapacidad al exigirles una autorización de un juez para iniciar el trámite de solicitud de pasaporte. El MI coordinó con la cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social para derogar el artículo y modificar otro, ambos cambios firmados por Larrañaga, el canciller Francisco Bustillo y el presidente Luis Lacalle Pou.
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El Frente Amplio, que impulsó la interpelación a los ministros, sostiene que no debería haber habido una falta de comunicación entre las diferentes dependencias del MI, ya que, por un lado, se colaboraba con la Policía paraguaya y la DEA estadounidense en la detención de Marset, y por el otro, las direcciones nacionales de Policía Científica y de Identificación Civil entendieron que en el marco legal actual no había ningún argumento en contra de brindarle el pasaporte al narcotraficante.
A esa falta de comunicación que llevó a que el MI diera el visto bueno a la cancillería se suma la información publicada por El Observador días atrás que demuestra que varios diplomáticos advirtieron al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Marset y aconsejaron al menos tomarse más tiempo para investigar antes de otorgarle el pasaporte, pero el trámite siguió su curso de forma rápida. Tal es así, que Marset no esperó que su pasaporte viajara en valija diplomática como suele pasar, sino que firmó un poder para que el abogado Alejandro Balbi pudiera retirar el documento y entregárselo a un familiar que se lo llevó a Dubái, donde estaba preso por haber ingresado con un pasaporte paraguayo falso.
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