La comisión que investiga las presuntas irregularidades en la gestión que llevó adelante el exdirector general del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, entre 2010 y 2017, se encamina a cerrar el informe contra la administración del hoy senador frenteamplista. Para eso, este lunes concurrió el miembro denunciante, el blanco Jorge Gandini, y presentó un documento con los eventuales delitos tanto de Carrera como de usuarios del Hospital Policial, entre ellos, la diputada emepepista Susana Pereyra, pareja del exministro del Interior Eduardo Bonomi.
La comisión, integrada sólo por el oficialismo -puesto que el Frente Amplio (FA) se excusó de participar por entender que se trataba de un “circo político”-, parte de una denuncia de 2012, cuando Carrera, por entonces director general del MI, habilitó a atender en el Hospital Policial a un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida, que presuntamente provenía de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma. Esa persona es Víctor Hernández.
En una rueda de prensa, Gandini sostuvo que, de prosperar en el pleno el informe, llevarán a la Fiscalía documentos, testimonios e “investigaciones” para sumar a la denuncia inicial. Además, está previsto que ese mismo material se remita a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que evalúe si hay conductas que están “alejadas de las obligaciones éticas que tiene que cumplir un funcionario público”, en alusión a Pereyra. “Pueden no ser delito o sí, lo tienen que analizar desde ese punto de vista”, expresó Gandini. Según supo la diaria, el martes 17 se reunirá la comisión para darle cierre al informe y aprobar el proyecto de resolución, y luego se planteará una sesión extraordinaria en el pleno en la última semana de octubre.
Por otro lado, la misma información se consignará a la Cámara de Diputados, dado que “hay una diputada involucrada en el uso indebido durante siete años del Hospital Policial y una falsificación ideológica de documento público, en el cual se la hace pasar a la diputada como oficial subayudante de la policía, cosa que todo sabemos no es”, dijo Gandini con referencia a Pereyra.
Los integrantes de la comisión investigadora decidieron que la senadora nacionalista Graciela Bianchi sea la miembro informante en el pleno. En el caso de que el FA no concurra a la sesión ese día, Gandini adelantó que “Carrera no tiene quién lo defienda” y que, si lo hace, lo hará “solo y como puede”, pero “nunca dando la cara”. Sostuvo que en el proceso de la comisión investigadora “debió haber venido para defenderse, para decir que estábamos mal”.
En ese sentido, Gandini afirmó que “hay que ver qué hace el senador Carrera y el FA: si desacatan una sesión del Senado que va a estar citada para investigar a uno de sus integrantes, en tanto su condición de senador, o no”, expresó, y recordó cuando Carrera presentó un recurso de revocación contra la creación de la investigadora para indagar su gestión en el MI, que finalmente no fue aceptado.
Por este tema, tanto Gandini como los integrantes de la comisión se reunieron con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para que agilizara la causa contra Carrera. No obstante, a meses de esa reunión, Gandini sostuvo que no tiene “ni la más remota idea de si avanzó”, porque “nadie fue citado todavía”.
Según supo la diaria, la bancada del Senado del FA decidió no asistir a la sesión del pleno cuando se trate el informe.
Los eventuales delitos
Para Gandini, hay al menos tres conductas de “clara apariencia delictiva” y otra por probar, por eso se enviará todo a Fiscalía. Por ejemplo, citó el uso “indebido” del Hospital Policial por parte de Hernández, Pereyra, Bonomi y la pareja de Carrera. Además, según el senador, hubo un desvío de fondos públicos.
En un documento, de casi una veintena de páginas, al que accedió la diaria, Gandini expone que Carrera desarrolló “diversos comportamientos” que concretan tres figuras penales, entre ellas, “las autorizaciones para la internación y sucesivas renovaciones de Víctor Hernández, las autorizaciones para la atención de civiles en el Hospital Policial, su coparticipación en la elaboración de un documento falso y su violación a la ley, disponiendo de dineros públicos en forma ilícita y arbitraria”. Según el nacionalista, “ninguna de las conductas se encuentra prescripta”.
En tanto, también acusa a la exdirectora de Asuntos Internos, Stella González, quien realizó gestiones con autoridades del Hospital Policial, “con el fin de gestionar la internación de Víctor Hernández”. Para Gandini, su conducta “se adecua al mismo tipo penal reclamado para Carrera, esto es el delito de abuso de funciones”. Asimismo, se refiere a Andrea Epifanio, expareja de Carrera, quien tiene un “reproche penal”, puesto que su conducta “queda atrapada por el artículo 243 del Código Penal”, que es el uso de documento o certificado falso, público o privado.
“Si bien es completamente ajena a la formalización del documento, claramente utilizaba el documento público apócrifo, que le concedía un grado de oficial de Policía, a sabiendas de su falsedad, cada vez que requirió las prestaciones del Hospital Policial en forma completamente gratuita”, sostiene el legislador. Lo mismo corre para Pereya, y sobre su caso Gandini “advierte que su dolo es muy claro, ya que además de tener un conocimiento de la ilicitud de su conducta, fue advertida de dicha situación por los jerarcas del hospital e hizo caso omiso”, por lo que “podría ser sometida a juicio por un delito continuado de uso de documento o certificado público falso”.
Una posible ilegalidad que no está probada, según Gandini, es la “grabación de la conversación entre el hermano, su mamá, Carrera y la exdirectora de Asuntos Internos Stella González, donde se les ofrece a los Hernández todo el expediente y un abogado, les proponen que haga un juicio al ministerio y prometen darles todos los elementos para que ganen ese juicio”. De acuerdo con Gandini, se trata de una “violación de un secreto que no puede salir de la órbita del Estado y menos dárselo a quien va a hacer un juicio”.