Este martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado tenía como último punto en el orden del día el proyecto de ley de prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años, que ha tenido muchas idas y más vueltas desde que lo presentó originalmente Cabildo Abierto (CA), en agosto de 2021 y hasta ahora. Finalmente, no se trató por cuestión de tiempo, pero en la coalición hay acuerdo para aprobarlo en la próxima sesión, según informó la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada nacionalista, a la diaria.
En la próxima sesión –que será dentro de dos semanas, dado que el próximo martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá ante el Senado por el caso del exsenador blanco Gustavo Penadés– aprobarán los dos proyectos de ley relativos a la prisión domiciliaria, tanto el que había presentado CA a mediados de 2021 como el del Partido Nacional (PN); este último, con las modificaciones que incluyó el senador colorado Adrián Peña, de Ciudadanos. Así, ambas iniciativas pasarán al plenario de la cámara alta, aunque, según supola diaria, en esa instancia el proyecto de CA sólo contaría con el apoyo de los senadores cabildantes.
Bianchi subrayó que el proyecto nacionalista es “integral” sobre la prisión domiciliaria y que “lo más importante” es que “queda todo en manos del juez”, quien debe “asesorarse por un equipo técnico”. En el de CA, la prisión domiciliaria se disponía de forma automática para quienes cumplieran 65 años. Además, Bianchi sostuvo que en el proyecto que redactó la senadora Carmen Asiaín “se distinguen los dos tipos de situaciones: de una persona que está condenada o formalizada”, y en ambos casos puede darse lugar a la prisión domiciliaria.
A su vez, Peña, presidente de la comisión, dijo a la diaria que CA estableció como condición que se vote su proyecto en comisión, y el senador se comprometió a que sí, por eso se aprobarán los dos. Peña señaló que la posición de su partido para el plenario es aprobar el proyecto del PN, que ahora contempla “gran parte” de las observaciones que él hizo, y una de ellas era, justamente, que la prisión domiciliaria no sea preceptiva.
Además, Peña indicó que para el segundo proyecto tomaron algunas de las recomendaciones que hicieron en comisión tanto representantes de los institutos de Derecho Procesal y de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República como el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. Por lo tanto, Peña subrayó que es un proyecto que reúne “el consenso” de la coalición, y agregó que cree que “también lo puede votar” el Frente Amplio (FA), aunque “hay que afinar un poquito” la iniciativa para llegar a la unanimidad.
FA: con cambios “podría quedar” una iniciativa “votable”
En tanto, en filas de la oposición, el senador José Carlos Mahía –integrante de la comisión– dijo a la diaria que no quieren un proyecto que “sencillamente, por la edad de las personas”, incluso habiendo “cometido delitos vinculados a los derechos humanos”, otorgue “un trato privilegiado” a esos reclusos. Por lo tanto, para el senador, tendrían que estar exceptuadas “aquellas personas que tienen sentencia firme de la Justicia por delitos de lesa humanidad o derechos humanos en general”. “Nosotros no podemos amparar, ni el Uruguay lo debería hacer, algo que exima de sanción del Estado a aquellas personas que hayan violado los derechos humanos”, insistió.
Por su parte, el senador del FA Charles Carrera, que también integra la comisión, dijo a la diaria que también trabajaron en los aportes de Petit, y que si se llevan esas recomendaciones y se quitan algunos aspectos que el comisionado le observó al proyecto del PN, “podría quedar” una iniciativa “votable”. “Nuestra aspiración es –que quede claro– que en nuestro ordenamiento no va a existir la prisión domiciliaria preceptiva para los violadores de los derechos humanos”, finalizó.