En el marco de la interpelación de este miércoles, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cedió la palabra a Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Programa Integral de Seguridad Ciudadana de la cartera, que aprovechó la oportunidad para presentar públicamente la síntesis de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que coordinó, para la que se convocó a los partidos políticos para establecer consensos, así como a académicos, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos policiales para que opinaran sobre lo elaborado.
En el Parlamento se compartieron las novedades sintetizadas por el Ministerio del Interior. La estrategia, que estaba compuesta inicialmente por 15 medidas, sumó una décimosexta: el fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que ahora pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Sanjurjo planteó que hoy está funcionando “mejor que nunca” porque está en el Mides, pero “no cuenta con los recursos para funcionar”. Por eso, en acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, lo incluyeron dentro de la estrategia, “para comprometer al sistema político”. Según explicó Sanjurjo, no lo habían contemplado en un inicio justamente por el pasaje de la Dinali al Mides y porque la estrategia correspondía al Ministerio del Interior.
Sistemas de información
En lo que respecta a los sistemas de información de la cartera, proponían inicialmente que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se encargara de las estadísticas asociadas a los delitos y al mismo tiempo que el instituto fortalezca al Observatorio del Ministerio del Interior.
Prevención social
En cuanto al eje de prevención social, se planteó que el gabinete de seguridad integral propuesto va a depender de Presidencia de la República y va a tener una secretaría técnica que “dinamice y haga propuestas concretas”.
Por otra parte, en lugar de crear un Programa de Prevención de la Violencia Basada en Género como estaba previsto, que buscaba ser una “política integral que atienda los factores de riesgo” de estos casos, se cambió por una propuesta de incluir en la currícula de primaria y educación media contenido asociado a “programas de prevención de la violencia para que los estudiantes tengan 'herramientas de resiliencia' y 'no caigan en delitos'”. Por eso, indicó Sanjurjo, “se va a informar sobre las conductas que son delitos”, y nombró en particular los ciberdelitos, las estafas, la violencia de género y los delitos sexuales. Esta iniciativa se va a coordinar con la Administración Nacional de Educación Pública.
En lo que respecta al programa focalizado en la prevención de homicidios que se anunció, explicó que los homicidios en el marco del “ajuste de cuentas” no se pueden prevenir porque muchas veces están asociados a personas que “no piden ayuda”. En este sentido, para el programa de prevención de homicidios a través de interruptores de violencia, se va a recurrir a organizaciones sociales y líderes territoriales para que “estén atentos a lo que suceda” e “intercedan ante la posibilidad de un conflicto violento”.
Sanjurjo señaló que están en “negociaciones avanzadas” con la ONG Cure Violence para que venga a hacer un “estudio de prefactibilidad” a Uruguay y a “hacer una propuesta concreta de cómo debería adaptarse la metodología”. En respuesta a “en cuánto tiempo habría cambios con este programa”, dijo que se han visto “impactos significativos” en lapsos de tres a cinco meses. “En este gobierno hemos demostrado que se puede hacer cambios muy rápidos”, destacó.
Prevención policial
El eje de prevención policial, que incluye una medida salud ocupacional que hace énfasis en la salud mental de los policías, fue uno de los puntos que generaron mayor polémica con los sindicatos policiales. Sanjurjo planteó que “no es verdad lo que declaran los representantes sindicales” a la diaria y que “la tragedia humana no debe servir para fines políticos”.
Esto generó múltiples reacciones, entre ellas las del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), que salió al cruce de los dichos del jerarca del Ministerio del Interior: “A los delegados que conviven con esas muertes y a sus familias no se les puede decir que exponer y visibilizar esta gran problemática es usarla políticamente. Es una falta de respeto a todos”. También hubo representantes de varios sindicatos que dijeron que “si salen de los papeles y se entrevistan con las familias, sabrán de la veracidad” de lo que plantean y que estamos ante una “sistemática burocracia” que no brinda soluciones. Además, Luis Clavijo, expresidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, lo acusó de “todólogo” y “paracaidista”, además de afirmar que no conoce las “condiciones paupérrimas que viven los policías”.
En este punto, Sanjurjo destacó que tienen un plan que incluye la creación de consultorios y salas de internación en el Hospital Policial. También anunció que, en convenio con la Universidad de la República, se va a trabajar para hacer un diagnóstico de la salud mental en la Policía.
Dentro del eje de prevención policial también se planteó que se va a ampliar la Policía Comunitaria orientada a problemas al interior del país y que se va a incluir en la currícula de la Escuela de Policía la capacitación en trabajo con población vulnerada.
Prevención terciaria
En cuanto a las medidas sobre prevención terciaria, Sanjurjo planteó que es necesario sacar el sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Interior, pero se mantiene lo propuesto inicialmente en la estrategia: que la discusión sobre la creación de un Ministerio de Justicia, que sería la institucionalidad que asuma el sistema, quede para el período 2025-2030.
Sobre la estrategia nacional penitenciaria, que fue aprobada por la ley de urgente consideración, se reconoce que no puede ser asumida por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por eso, van a generar una coordinación, que será paga por el Banco Interamericano de Desarrollo para que desarrolle esta estrategia.
En lo que respecta a la medida sobre programas de atención a personas privadas de libertad con uso problemático de drogas, anunció que se va dar capacitación a operadores penitenciarios y que habrá un programa para 300 penados a los que se les brinde una atención integral.