Son 107 las páginas que tiene el documento final del programa del Frente Amplio (FA), que tuvo un proceso de discusión extenso antes de ser aprobado en el Congreso Extraordinario de diciembre y luego ratificado por el Plenario Nacional. Sin embargo, 107 páginas son muchas para comunicar efectivamente las propuestas en un mano a mano. Por eso, la Comisión de Programa del FA elaboró, a pedido de la presidencia de la fuerza política, un documento con énfasis programáticos, titulado “30 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030”, al que accedió la diaria.
Se trata de los énfasis que la fuerza política quiere poner de cara a las elecciones internas de junio: una treintena de subtítulos con propuestas particulares extraídas del programa, que la Mesa Política del FA comenzó a analizar este lunes.
Según supo la diaria, los comandos de los cuatro precandidatos frenteamplistas entienden que el documento es una guía que el FA se da a sí mismo para la faceta “institucional” de la campaña, pero que no limita sus propios énfasis programáticos. El comando de Carolina Cosse, por ejemplo, ya instaló un espacio dedicado a las discusiones programáticas con equipos especializados.
Entre los puntos que enumera el documento está la educación militar. En el apartado titulado “Una defensa posible, creíble y efectiva”, se marca como importante el avance “en la complementariedad e integración del sistema educativo militar al sistema educativo público nacional”. La propuesta también versa sobre “promover la continuidad educativa y profesional del personal subalterno de las FFAA y fomentar la investigación en el campo de la defensa nacional y las ciencias militares”, así como atender “la formación disciplinaria y el liderazgo en la conducción militar, las que nunca podrán ir en detrimento del respeto de la dignidad humana”.
Más adelante, en el apartado titulado “El derecho a una vivienda digna”, el FA propone el desarrollo de una “política nacional de alquileres” como uno de sus énfasis, “combinando instrumentos que faciliten el acceso de los hogares a precios acordes a su ingreso”, lo que incluiría “un sistema de alquiler social, paralelo al actual, a lo que se sumará un parque de vivienda de propiedad estatal”.
El punto 24, que habla del “fortalecimiento y construcción de la democracia en el siglo XXI”, contiene una propuesta que ya ha estado sobre el tapete –no sólo en esta campaña–, que es el voto de quienes residen en el exterior, que el FA propone habilitar para no discriminar “por su lugar de residencia, asegurando servicios, información y garantías para ejercer ese derecho a quienes viven fuera del país”.
En materia internacional se enfatiza la necesidad de promover “una política exterior como política de Estado construida a través del diálogo democrático, inclusivo y participativo de la sociedad”, lo que incluiría impulsar la participación de Uruguay “en las distintas instancias de gobernanza mundial”. En esa línea, se propone alentar “una efectiva y necesaria reforma del Consejo de Seguridad de la ONU”.
También se propone, en el capítulo referido a trabajo, “avanzar en la regulación de la economía de plataformas digitales”, lo que lleva a revisar “la Ley de Teletrabajo” para evitar “formas de contratación unipersonales que encubren relaciones de dependencia”.
El punto 9 habla de un tema que ha resultado espinoso para el FA: la seguridad social. Si bien toda la fuerza política está en contra de la reforma que impulsó el gobierno, el plebiscito que impulsó el PIT-CNT divide las aguas en la interna. En este documento se propone ampliar “la cobertura de la seguridad social, ya que las actuales prestaciones están fundamentalmente asociadas al trabajo formal y las de quienes no logran contribuir regularmente son otras, en general de menor calidad”. En este sentido, se plantea atender “la situación de las y los trabajadores independientes, unipersonales y las nuevas formas de relación laboral, garantizando pisos básicos de protección social”.
También se habla de “revisar íntegramente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más los que tienen más”, y se insiste en convocar “a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales” para “llevar adelante los cambios y mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social”.